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Crímenes de guerra en Colombia: el gran reto de la justicia
Crímenes de guerra en Colombia: el gran reto de la justicia

Crímenes de guerra: el gran reto de la justicia en Colombia

Por Andrés Tovar
16/03/2018

La ingente tarea de investigar y juzgar los crímenes de guerra en Colombia dio esta semana su pistoletazo de salida. El tribunal de justicia transicional de Colombia, un órgano diseñado para juzgar a guerrilleros y paramilitares por crímenes durante la guerra de cinco décadas del país, comenzará a reunir pruebas y preparar sus primeras audiencias. El reto es histórico, pues esta instancia deberá los casos considerados más representativos de crímenes de guerra en Colombia.

“Este es un momento histórico. Por consiguiente marca el punto de partida de lo que significa para un país como éste sanar heridas mediante el reconocimiento de la verdad y la responsabilidad”. La frase pertenece a la presidenta del tribunal de Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Mirtha Patricia Linares. Su labor inicia una muy importante fase del acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Pero la tarea no es poca. Más de 220.000 personas murieron durante el largo conflicto interno del país andino. Asimismo, el ELN aún permanece activo con una miríada de bandas criminales.

El marco de la investigación de los crímenes de guerra en Colombia

La investigación de los crímenes de guerra en Colombia que emprenderá la JEP está enmarcado en un “acuerdo transicional”, establecido durante el acuerdo de paz. Básicamente emplaza a los líderes de las FARC, ahora partido político, a testificar en los tribunales. Por consiguiente deberán dar parte de los asesinatos, violencia sexual, secuestros, bombardeos y otros crímenes cometidos. Si se los declara culpables, se les puede ordenar que completen sentencias de cinco a ocho años de trabajos de restauración como la reconstrucción de carreteras o escuelas. Y los que el tribunal determine que no dicen la verdad podrían recibir sentencias más duras de entre cinco y 20 años en las cárceles normales. Muchos colombianos creen que estos parámetros son demasiado indulgentes.

Asimismo, el paso de los ex-FARC por la JEP es imprescindible para su accionar político. El acuerdo establece que los líderes del grupo guerrillero que aspiran ejercer a cargos políticos deben suscribirse a la JEP. Por ende, esperan ser convocados antes de la instauración del nuevo Congreso colombiano, donde el acuerdo les ha asegurado diez escaños hasta el 2026.

Deudas que quedarán pendientes

La JEP también está alentando a las organizaciones de víctimas a presentar evidencias de casos. El tribunal también se hará cargo de casos relacionados con la guerra de las autoridades judiciales regulares del país. No obstante, la complejidad y longitud del conflicto significa que el tribunal gobernará solo en una pequeña porción de crímenes. La JEP está consciente de ello.

“La justicia transicional, por definición, es modesta, porque ya sabemos que no podemos hacer todo”, dijo el administrador del tribunal, Néstor Raúl Correa. “Si tuviera que dar una cifra aleatoria, de 200,000 crímenes que han sucedido en estos cincuenta años, investigaremos 1.000”.

Adicionalmente, el proceso de la JEP deberá enfrentar la comprensible polarización de la sociedad colombiana sobre el tema. En un año de comicios presidenciales y con la diatriba política que se ha abierto alrededor del posible sucesor de Santos, el debate sobre la investigación de los crímenes de guerra en Colombia pone la lupa la trascendencia de los acuerdos. Los recientes resultados de las elecciones legislativas en Colombia también abonarán mucho en el debate. El posicionamiento creciente que han obtenido los sectores políticos opuestos al pacto con las FARC, hace probable que el marco de acuerdos firmados pueda modificarse. Por consiguiente, las elecciones de mayo y junio próximo serán clave para el futuro del acuerdo

Pero, dentro de la polémica, lo más grave y complejo será superar las heridas de dolor de una guerra civil de más de medio siglo, que ha dejado más de 250.000 muertos. Un amplio sector de la sociedad colombiana sostiene que sin justicia no habrá paz viable en Colombia. Y para otros no era posible un acuerdo de paz sin hacer concesiones. La diatriba sigue.

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