Por Cambio16
30/8/2017
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La ONU ha acusado al régimen de Venezuela de presuntas ejecuciones y desapariciones. Así lo recoge un informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH). Este organismo apunta a posibles ejecuciones extrajudiciales por parte las fuerzas de seguridad. También a varios casos de desapariciones forzadas durante las protestas antigubernamentales.
«La ACNUDH llegó a la conclusión de que las fuerzas de seguridad emplearon sus armas de servicio durante las manifestaciones». En consecuencia, habrían causado la muerte de 27 manifestantes. Así lo dice el informe definitivo sobre las ejecuciones y violaciones cometidas entre el 1 de abril y el 31 de julio. En ese periodo murieron un total de 124 personas.
Ejecuciones
De las 124 muertes que el Ministerio Público ha investigado, las fuerzas de seguridad son responsables de al menos 46. Dos de ellas se produjeron por inhalación de gases lacrimógenos. Otra más por perdigones de plástico y 14 por perdigones y «metras» (canicas). Otras dos por el impacto de cartuchos de bombas lacrimógenas. Finalmente, otras 27 por armas de fuego.
La ONU ya adelantó el pasado día 8 las conclusiones preliminares de su investigación sobre presuntas ejecuciones. El informe recoge 135 entrevistas a testigos desde Panamá y Ginebra, dado que no tiene acceso al país.
La ONU recuerda que las armas de fuego nunca se deben emplear para dispersar una manifestación. Asimismo, precisa que el disparo indiscriminado contra una multitud siempre es ilegal.
«El homicidio intencional perpetrado con armas de fuego u otras armas menos leales contraviene las normas internacionales». Según la ONU, equivale a un uso excesivo de la fuerza y, posiblemente a una ejecución extrajudicial. Siempre que sea estrictamente inevitable para proteger la vida humana, señala.
Desapariciones
La ACNUDH ha registrado además «varios casos de desapariciones forzadas», una forma agravada de detención arbitraria. No obstante, ha podido determinar el paradero de todas las personas cuyos casos fueron documentados.
Según la ONG Foro Penal Venezolano, 5.051 personas, entre ellas 410 niños, fueron detenidas entre el 1 de abril y el 31 de julio. En esta última fecha seguían arrestadas 1.383 personas.
Al menos 609 civiles detenidos tuvieron que comparecer ante tribunales militares, por lo general aquellos considerados opositores.
Torturas
En casi todos los casos de detención, las fuerzas de seguridad sometieron a los detenidos a torturas y malos tratos. Incluidos a los niños. Se aplaicaba una o más formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes, equivalentes en varios casos a actos de tortura.
El organismo sostiene que los casos más graves fueron responsabilidad del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). También acusa a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Y, por último, a la Guardia Nacional Bolivariana (Policía militarizada).
A muchos detenidos les propinaron fuertes palizas en todo el cuerpo, incluidos los genitales. A un hombre lo esposaron y suspendieron de la tubería de un tanque de agua durante nueve horas y lo golpearon sin interrupción.
Otras personas sufrieron quemaduras de cigarrillos y fueron obligados a arrodillarse por largo tiempo. También a escuchar canciones y consignas progubernamentales durante horas.
Gaseados
En uno de los casos más graves se utilizaron descargas eléctricas. La ACNUDH también documentó casos en los que las fuerzas de seguridad emplearon gases lacrimógenos y otros productos químicos. Lo hicieron en espacios confinados o los aplicaron directamente a las vías respiratorias de los detenidos para estimular su asfixia.
La ACNUDH pide al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General de la ONU que consideren «adoptar medidas». Se trata de evitar un mayor deterioro de las libertades fundamentales en Venezuela. Solicita asimismo a Caracas que le dé nuevamente acceso al país.
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