Por Cambio16
04/06/2018
Fuentes de la Fiscalía de la CPI -Corte Penal Internacional- han enfriado considerablemente la posible denuncia de países de la OEA a Venezuela. Fundamentalmente, afirman, porque «ésta depende de la Fiscalía del tribunal internacional». Por consiguiente, apuntan, cualquier denuncia que haga un país o un grupo de países «no abriría automáticamente una investigación».
La precisión de las fuentes es en referencia al informe que un panel de expertos de la OEA hizo público la semana pasada. En dicho documento se documentan varios crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Y en sus conclusiones, instó al secretario general de ese organismo, Luis Almagro, y a sus países miembros a que remitieran el documento a la CPI.
El Artículo 14
Almagro ya envió el informe a La Haya. Asimismo, reclamó públicamente que Estados miembros de la OEA le acompañen en su denuncia. Así, este domingo, aseguró que cuatro países ya han mostrado interés en seguir sus pasos. Por ende, denunciarían directamente a Venezuela. En el grupo está Chile, lo que activaría el artículo 14 del Estatuto de Roma, la carta fundacional de la CPI.
Ese artículo ha sido utilizado anteriormente por Uganda. Asimismo, por la República Democrática del Congo, Mali y la República Centroafricana. Éstos países lo activaron para hacer investigaciones en sus propios territorios. Principalmente pues no se veían con los medios suficientes para procesar en su jurisdicción nacional a sospechosos de crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Sin embargo, en los 16 años de historia de la CPI, no existen precedentes de que un Estado Parte haya activado dicho artículo para denunciar supuestos delitos cometidos en un tercer país.
Si eso ocurriera con Venezuela, se abriría «casi automáticamente una investigación». Ésto, lo aseguró al respecto el exfiscal Luis Moreno Ocampo. El jurista asesoró a Almagro al principio de las audiencias celebradas en la OEA.
La Fiscalía de la CPI explica
Así, fuentes de la CPI consultadas por Efe este lunes (04 de julio) matizaron la afirmación de Ocampo. «El comienzo de ésta seguiría dependiendo de la Fiscalía del tribunal internacional, comandada por la jurista Fatou Bensouda y que actúa de manera independiente. Las mismas fuentes recordaron que Venezuela ya forma parte de un examen preliminar. (Un paso previo a la investigación formal). Éste fue abierto por iniciativa propia de la Fiscalía de La Haya en febrero de este año.
Al ser una corte de último recurso, ese examen preliminar analiza cuestiones como la complementariedad del caso. (Es decir, comprobar si la Justicia venezolana ha hecho investigaciones genuinas sobre los hechos denunciados).
«Todos esos pasos deben ser llevados a cabo por la Fiscalía» insistieron. En consecuencia, la denuncia directa de un país de la OEA a Venezuela «no cambia nada de eso», indicaron las fuentes.
No obstante, acotan.: «La Fiscalía puede llegar a la conclusión de que se cumplen los requisitos para iniciar la investigación formal. de ser así, podría iniciar la investigación. Y podría hacerlo directamente. Sin pedirle autorización a una Sala de Cuestiones Preliminares».
En caso de que no existiera la denuncia directa de un Estado Parte, la Fiscalía tendría que solicitar dicho permiso a los jueces.
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