Mientras el régimen de Nicolás Maduro gana tiempo para enquistarse en el poder por seis años más, sin mostrar los resultados mesa por mesa de las votaciones, arrecia una política de represión contra las protestas callejeras en Venezuela. A la par de la gran concentración de la oposición -desarrollada en forma pacífica en las principales capitales del país y en unas trescientas ciudades del mundo- se produjo la detención arbitraria de dos dirigentes políticos, un sacerdote, un abogado y ciudadanos en general
El fraude con visos de golpe de Estado ha sumido al país suramericano en una crisis política de grandes proporciones: censuras de medios y redes sociales, persecución a las opiniones disidentes y violación de derechos humanos. La acción represiva de los cuerpos policiales y la Guardia Nacional Bolivariana contra la sociedad civil lleva a más de 2.000 arrestos y 23 muertes.
El sábado los líderes de la oposición Edmundo González Urrutia y María Corina Machado desplegaron una gigantesca movilización en Caracas y en ciudades como Valencia, San Cristóbal y Barquisimeto. Cientos de personas se manifestaron, muchas de ellas ondeando banderas venezolanas, carteles de protesta o copias de los recuentos de votos. En Maracay, a unos 110 kilómetros al oeste de Caracas, dispersaron un centenar de manifestantes con gases lacrimógenos.
Detenidos diputado y sacerdote
El diputado Carlos Molina, del partido Un Nuevo Tiempo, fue detenido tras participar en la concentración en Valencia (centro-norte). «Cuerpos represores lo bajaron de una camioneta», indicó el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, el partido de Machado.
Asimismo, Piero Maroún, dirigente del histórico partido socialdemócrata Acción Democrática, «se encontraba con su esposa y cuñada en un restaurante a las 10:20 pm (del viernes) cuando fue detenido por tres personas no identificadas», escribió en X la exparlamentaria María Corina Machado. Sin detallar dónde ocurrió su arresto.
Nuevo capítulo de la represión en Venezuela
Oenegés como Foro Penal y activistas denuncian una ola de «represión» luego de conocerse el resultado oficial de los comicios del pasado 28 de julio en Venezuela. La Misión Independiente del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas que hace seguimiento al caso venezolano calificó en 2022 de “crímenes de lesa humanidad” la represión, persecución y hostigamiento a los ciudadanos por disentir del gobierno.
En este episodio más reciente, también el sacerdote Elvis Cabarca del pueblo de Machiques en el estado de Zulia, fue detenido por la GNB, cuerpo militar con funciones de orden público.
El presbítero hacía el rezo de un rosario en la capilla San Benito de la zona, el 17 de agosto en medio de protestas. Y en un esfuerzo por protegerse, el padre se introdujo en una camioneta. Sin embargo, los agentes buscaron una grúa para llevarse el vehículo con Cabarca aún dentro.
La noticia de su arresto se difundió rápidamente, lo que llevó a los feligreses a reunirse en la sede de la GNB en Machiques para exigir la liberación inmediata del sacerdote.
Los arrestos rápidos y aparentemente selectivos de personas asociadas con la oposición ponen de relieve una represión sistemática contra la disidencia, al estilo de Nicaragua bajo el régimen Ortega-Murillo.
En Puerto Ayacucho, estado Amazonas (sur), también se registró «la detención del abogado defensor de derechos humanos Henry Alexander Gómez Fernández. Habría sido detenido con otras personas cuyas identidades estamos confirmando», informó Foro Penal, una organización venezolana de derechos humanos.
Venezuela ha estado sumida en una profunda crisis política y económica durante años, con el gobierno de Nicolás Maduro enfrentando acusaciones de autoritarismo y abusos generalizados contra los derechos humanos. La situación se ha visto exacerbada por la manipulación por parte del gobierno de los resultados de las recientes elecciones.
Libertad, libertad, libertad
Aunque el régimen afirma que hay más de 2000 personas detenidas, Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, señala contabiliza 1503 personas detenidas arbitrariamente luego de las elecciones.
Distrito Capital encabeza la lista de regiones con mayor número de arrestos con 315 casos. Le siguen Carabobo con 196 y Anzoátegui con 113, detalló la organización. “Maduro ha mencionado 2000 detenidos. Eso parecía más una instrucción, como que quiere llegar a esa cifra”.
La comunidad internacional, incluidas las Naciones Unidas y varias organizaciones de derechos humanos, ha condenado repetidamente al régimen de Venezuela por sus tácticas represivas. Incluida la detención arbitraria de opositores políticos, activistas, periodistas y líderes religiosos.
«No podrán ocultar con su represión lo que todo el mundo sabe (…) Libertad para todos secuestrados y presos políticos», dijo Machado, quien denuncia fraude y dice tener las pruebas para demostrarlo.
“Llevo muchos años documentando violaciones de derechos humanos en Venezuela. Y he visto patrones de represión antes”, dijo Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. Una organización de defensa e investigación. “No creo haber visto nunca esta ferocidad”.
Entretanto, la directora del Instituto Casla, Tamara Sujú informó que anexó nuevas denuncias ante la Corte Penal Internacional sobre la represión en Venezuela. Indicó que ‘colectivos’ (agrupaciones violentas afectas al chavismo) del 23 de Enero -una de las más grandes parroquias populares de Caracas- marcaron casas de quienes han manifestado contra el resultado del CNE que da como ganador a Nicolás Maduro.
“Denunciamos ante la CPI la vandalización de las casas en la parroquia 23 de Enero, que han sido marcadas con una X para identificar a opositores o manifestantes. Recordemos que en esta parroquia actúa el grupo subversivo La Piedrita, liderada por Valentín Santana”, escribió en su cuenta de X.
Violaciones flagrantes a los derechos humanos
La Misión de las Naciones Unidas que sigue el caso venezolano elaboró un nuevo informe este 12 de agosto. Observa que se han registrado elementos comunes en estas detenciones que las convierten en arbitrarias. Y constituyen graves violaciones al debido proceso, dejando a las personas desprotegidas ante el sistema de justicia.
Entre estos elementos se incluyen audiencias telemáticas sumarias, llevadas a cabo por los Tribunales con competencia en terrorismo de Caracas. Aunque los hechos hubieran ocurrido en otro lugar.
La imputación de graves cargos penales como terrorismo, conspiración y delitos de odio, sin una base probatoria que lo fundamente o aplicados de forma desproporcionada. La negación de información a familiares o información tardía e incompleta. O los impedimentos para el nombramiento de abogados de confianza de las personas detenidas.
“Todas las personas detenidas arbitrariamente deben ser liberadas de inmediato”, dijo Patricia Tappatá, experta de la Misión. “Las autoridades tienen que respetar de manera irrestricta las normas internacionales sobre el debido proceso. Y sobre las condiciones de detención, usando los canales formales para comunicarse con los familiares”.
En el grueso grupo de detenidos hay dirigentes, miembros y simpatizantes de partidos políticos, periodistas. Así como defensoras y defensores de derechos humanos, consideradas o percibidas como opositoras por las autoridades. Sin embargo, la gran mayoría de las personas detenidas simplemente manifestaron su rechazo al resultado de la elección presidencial anunciado por las autoridades.
«La Misión ha recibido información especialmente preocupante sobre detenciones de más de 100 niños, niñas y adolescentes. Han sido imputados por los mismos crímenes graves que las personas adultas. Además, estos chicos y adolescentes no cuentan con la presencia de sus padres, madres o tutores durante las actuaciones judiciales», destacó la Misión.
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