Ortega presentó la «ley Putin» para amordazar a la sociedad civil de Nicaragua
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, habla con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, luego de su llegada al aeropuerto internacional de Managua el 11 de julio de 2014 / REUTERS / Cesar Perez / Casa Presidencial / Folleto vía Reuters
El 22 de septiembre de 2020, los legisladores leales a Daniel Ortega presentaron en la Asamblea Nacional de Nicaragua un proyecto de ley que requeriría que las personas, empresas y organizaciones de la sociedad civil que reciban financiamiento del exterior se registren como «agentes extranjeros». Por sus similitudes con un instrumento implementado por el presidente de Rusia, la propuesta del orteguismo ha sido llamada «ley Putin».
Los nicaragüenses quedarán divididos entre “verdaderos” y “agentes extranjeros” en función de si reciben financiamiento foráneo, de acuerdo con el proyecto. La ley suspende los derechos políticos de los llamados “agentes extranjeros” y autoriza la confiscación de sus bienes con el argumento de la defensa de la soberanía y la seguridad del Estado nicaragüense.
Amplios poderes
Organizaciones de la sociedad civil y miembros de la oposición política han rechazado la propuesta. Acusan que la norma tiene como objetivo reprimir la disidencia y criminalizar a los defensores de derechos humanos.
El proyecto de ley otorgaría al régimen amplios poderes discrecionales para controlar y amordazar a la sociedad civil. Le da la potestad de congelar los activos de organizaciones y personas designadas como «agentes extranjeros», que no se registren en el lapso establecido. Los registrados deberán presentar informes mensuales sobre su financiación y uso de recursos.
También prohibiría las donaciones anónimas. Además, permitiría al régimen cancelar la personalidad jurídica de las organizaciones que no cumplan con los requisitos.
Citando supuestas amenazas a la seguridad, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, del Frente Sandinista, estipula que las personas u organizaciones registradas como tales deberán abstenerse de intervenir en actividades relacionadas con la política interna.
La excusa de la soberanía
Si se aprueba la legislación propuesta, el Ministerio de Gobernación creará un Departamento de Registro de Agentes Extranjeros. Todas las personas y organizaciones que se ajusten a la definición de agente extranjero deberán registrarse allí, en un lapso no mayor de 60 días, luego de la entrad en vigor de la Ley.
El registro incluirá la presentación de informes con detalles sobre el origen de los fondos, los cooperantes y cómo se utilizan los recursos. Si un individuo u organización no cumple con la nueva ley, sus operaciones se “congelan” y no pueden mover fondos ni bienes hasta que cumplan.
El «fundamento» del proyecto de ley cita la defensa de la «soberanía» y la «seguridad del Estado». Luego propone “establecer un marco legal para regular a las personas o a entidades legales que dependen de intereses y financiamiento externo”. Específicamente, apunta a aquellos grupos cuyas «actividades implican la interferencia de Gobiernos u organizaciones extranjeras en los asuntos internos de Nicaragua».
La diputada Azucena Castillo, opuesta a la normativa, precisó que la discusión sobre el borrador de ley no ha avanzado en la Asamblea Nacional.
Ley al estilo Putin
Sectores de la oposición, oenegés y abogados comparan esta propuesta con una ley muy similar que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, impuso en su país en 2012. En ambos casos, el objetivo principal es controlar a las organizaciones de la sociedad civil, periodistas independientes y a todo aquel que el régimen —ruso o nicaragüense— quiera incluir como “agente extranjero”.
Aseguran que además incorporaron elementos de otra ley rusa: la llamada Ley de Organizaciones Indeseables. Putin enmendó su ley a finales del año pasado, para incluir a blogueros independientes y activistas de las redes sociales. Ya a inicios de 2018 el orteguismo intentó controlar las redes sociales.
Claramente, el objetivo de esta ley es sembrar el miedo y reforzar el control. Ciertos ciudadanos serían objeto de observación, pues estarían bajo sospecha de actividades delictivas. Estas personas tendrían el mandato de «registrarse como agentes extranjeros como si no fueran nicaragüenses«, dijo un abogado nicaragüense.
“Desde el primer artículo de esta propuesta de ley te obliga a decir cosas que no son ciertas… Incluso, te obligan a autoincriminarte… Entonces, si te inscribes, ya aceptas que estás haciendo eso que la ley define en el artículo uno, pero si no lo haces el Ministerio de Gobernación te va a decir: ‘Anda a inscribirte”, señaló el abogado Gabriel Álvarez, experto en derecho constitucional, en declaraciones a El Confidencial, de Managua.
Frente a las elecciones de 2012
En sus declaraciones, Álvarez afirmó que Ortega decidió proponer esta ley, entre otros motivos, porque busca que se le aplique el artículo 21 de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos para que lo expulsen o sancionen. De esta manera, evitaría ser fiscalizado por este organismo durante las próximas elecciones de 2021.
Pero, además, Ortega amenaza en su proyecto con inhibir potenciales candidaturas a los llamados «agentes extranjeros», registrados como tales. “Tampoco podrán ser funcionarios, empleados públicos o candidatos a cargos públicos de cualquier tipo o naturaleza”, reza en el artículo 12 la iniciativa de los sandinistas. Esta prohibición seguirá vigente durante un año. Este se contará a partir de la fecha en que la persona solicite su retiro de la lista de agente extranjero.
Gonzalo Carrión Maradiaga, defensor de los derechos humanos en Nicaragua, y actualmente exiliado en Costa Rica, indicó que la iniciativa legal persigue la ratificación de “la dinastía Ortega Murillo”. Esta aseveración la hizo en referencia a la estrategia de Daniel Ortega de aferrarse a la Presidencia, mientras su esposa, Rosario Murillo, se desempeña como vicepresidenta.
“Es copia de otros países, como Rusia. ¿La intención? Apagar todo tipo de expresión, seguir reprimiendo, criminalizar el periodismo independiente y cualquier viso de derecho constitucional”, afirmó.
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