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El Gobierno de España anunció el domingo que está en negociaciones para contratar un despacho de abogados que asuma la defensa judicial del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. La firma legal asistiría la demanda interpuesta contra el magistrado en Bélgica por el expresidente catalán Carles Puigdemont.
“El Ministerio de Justicia espera que en breve culminen los trámites para la contratación de un despacho de abogados en Bélgica en defensa de los intereses de España”, declaró el Gobierno español a través de un comunicado.
El juez Llarena procesó a Puigdemont y a otros políticos catalanes por el proceso secesionista puesto en marcha en Cataluña en otoño del año pasado. Las acciones incluían un referéndum de autodeterminación considerado ilegal por el Tribunal Constitucional español; y una declaración unilateral de indepedencia.
Llarena imputó por rebelión a Puigdemont
Puigdemont, que huyó a Bélgica junto con varios miembros de su Gobierno cuando Llarena los imputó por rebelión, interpuso una demanda contra el juez español por “vulneraciones sistemáticas de los derechos fundamentales”. En tanto, Pablo Llarena ha sido llamado a declarar el 4 de septiembre en Bruselas.
Puigdemont tiene ahora mayor libertad de desplazamiento fuera de España, tras rechazar Llarena su extradición de Alemania a España y levantar una orden de captura europea. El juez tomó esta decisión tras negar un tribunal regional alemán la entrega por rebelión y aceptarla por malversación -un delito de menor gravedad-.
Llarena no comparecerá en tribunales belgas en septiembre
Fuentes del entorno del magistrado instructor de la causa que se sigue en el Tribunal Supremo por el referendum ilegal del 1 de octubre confirman a la Cadena SER que Pablo Llarena no acudirá a la citación de la Justicia belga para que comparezca el próximo 4 de septiembre. Una citación que ya el juez decano de Madrid se negó a tramitar. Estas mismas fuentes señalan que será el despacho de abogados designado por el Gobierno el que defienda la integridad jurisdiccional española y al juez del alto tribunal de la demanda interpuesta por Carles Puigdemont y cuatro exconsellers que se encuentran huidos de la Justicia.
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