Un expediente judicial detalla un aluvión implacable de amenazas, torturas y asesinatos destinados a expulsar a la población rural de la selva tropical y acelerar la extracción de recursos naturales. Los abogados argumentan que los crímenes están vinculados a una red coordinada de políticos, empresarios y pandillas. La solicitud ante la CPJ la hicieron Climate Counsel en conjunto con Greenpeace Brasil y Observatório do Clima