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El PSOE planea obstaculizar la reforma de la Ley del Indulto para no tener que fijar posición respecto a la situación judicial de los políticos catalanes presos por golpismo. Esta reforma llevada adelante por el Grupo Popular, que ya está lista para ser debatida en el Congreso, prohibiría la aplicación de medidas de gracia para los condenados por rebelión y separatismo.
Los socialistas junto con la Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) paralizaron los trabajos judiciales en la Mesa de la Comisión de Justicia en donde tienen mayoría. Los partidos alegan que la cuestión es muy compleja y que primero es necesario abrir una ronda de comparecencias para ilustar a la Cámara.
De esta manera, se retrasaría la presentación de las reformas y la aprobación de las mismas en el Pleno del Congreso español.
Obstáculos desde febrero
El 14 de febrero todas las bancadas en el Congreso votaron a favor de revisar la Ley de Reglas para el ejercicio de la Gracia de Indulto. El PSOE propuso esta moción y pretendía que las medidas de gracia no se le aplicaran a los condenados por corrupción y delitos de violencia de género.
Luego de la aprobación de esta cuestión, el PP introdujo una enmienda para que tampoco se pueda indultar a los condenados por sedición, rebelión y traición.
Sin embargo, fuentes parlamentarias denunciaron que el proceso había sido paralizado adrede por Isabel Rodríguez, presidente socialista de la Comisión.
“Rodríguez lleva muchas semanas retrasando la convocatoria de la ponencia para la proposición de ley del PSOE sobre indultos, para evitar que se debata y vote la enmienda del PP”, denunciaron en su momento fuentes parlamentarias al diario ABC.
Por su parte, el Partido Popular rechazó la obstaculización de las enmmiendas y asegura que no se quiere discutir las reformas de prohibición de indultos por rebelión y otros delitos “como parte del pacto oculto del Gobierno con los independentistas catalanes”.
Las comparecencias retrasarían el proceso
Durante las comparecencias podría perderse mucho tiempo. El proceso podría extenderse y en un principio no existiría ningún límite temporal.
Asimismo, el PSOE y la ERC alterarían toda la tramitación parlamentaria ordinaria. Lo habitual es que las comparecencias se celebren antes de que termine el trámite de enmiendas, para que así los grupos puedan recoger las sugerencias o mejoras de los expertos en la nueva ley.
Sin embargo, las enmiendas están listas desde hace tiempo, por lo que citar a expertos a comparecer para entender la ley es un proceso que la oposición ha cuestionado.
“No es el momento procedimental de iniciar una ronda de comparecencias de expertos una vez acabado el plazo de presentación de enmiendas”, denunció Jaime Olano, representante del Grupo Popular ante la Comisión de Justicia.
“El acuerdo secreto de Sánchez con sus socios independentistas de la moción de censura consiste en intercambiar Presupuestos por indultos”, agregó Olano.
Abogacía del Estado vs. Fiscalía
La semana pasada la Abogacía del Estado descartó el delito de rebelión contra los catalanes independentistas. De este modo, el ente acusó a los separatistas sólo por los delitos de sedición y malversación de fondos públicos.
La decisión de este órgano, el cual es dependiente del Ejecutivo, supone que no hubo un alzamiento violento para declarar la independencia de una parte del territorio. Esta postura levantó suspicacias ya que la Abogacía depende directamente del Gobierno a través del Ministerio de Justicia.
Este acercamiento de Pedro Sánchez con los independentistas generó el rechazo de los partidos de oposición.
Es indecente que el Gobierno humille a España forzando a la Abogacía del Estado a desmarcarse de la Fiscalía y a no acusar por rebelión a los golpistas. Sánchez está inhabilitado para seguir al frente de Gobierno y debe convocar elecciones ya. https://t.co/6ZC4cVxTF8
— Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) November 1, 2018
En 48h Sánchez confirma lo que muchos españoles nos temíamos: Está utilizando el poder ejecutivo para beneficiar a los que dieron un golpe contra nuestra democracia y lo hará para indultarles si les condenan los tribunales. Impunidad a cambio de apoyo: Inmoral. #EleccionesYa pic.twitter.com/zlXhm3f4CC
— Albert Rivera (@Albert_Rivera) November 1, 2018
Sin embargo, la Fiscalía sí prevé atribuir a los catalanes el delito de rebelión. El ente describe lo que sucedió en Cataluña como movimiento capitaneado por Carles Puigdemont. No obstante, rechaza considerar a los líderes del “procés” responsables de un alzamiento público y violento para declarar la independencia de una parte del territorio de España.
El Ministerio Público no ha dudado a lo largo de toda la investigación en calificar el plan ilegal de rebelión, un delito que se castiga con hasta 25 años cárcel si se comete sin armas.
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