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Renta Social Extraordinaria
La Vicepresidencia de Derechos Sociales anunció este jueves que se va a poner en marcha un Ingreso Mínimo Vital Puente ante la crisis del COVID-19 / La Moncloa Web / Archivo

La renta social extraordinaria enfrenta al Gobierno con las patronales

El Ejecutivo anunció la aplicación de una “renta social extraordinaria” de un monto mensual de entre 500 y 950 euros para las personas más vulnerables y hacer frente a la emergencia económica del coronavirus.  La Vicepresidencia Segunda del Gobierno afirmó que las patronales estarían de acuerdo, pero CEOE y Cepyme aseguran que no se les hizo partícipes de la negociación.

Acuerdo preliminar

La Vicepresidencia de Derechos Sociales anunció la puesta en marcha de la medida con carácter “urgente” para garantizar “que las personas más vulnerables cuenten con ingresos con los que poder afrontar la crisis”.

Se le dará prioridad a familias que vivan en hogares con bajos ingresos. Podrá acceder a esta ayuda la persona que tenga un ingreso por debajo de los 200 euros. También será eligible un hogar, si la media de cada individuo está por debajo de los 450 euros.

Podría llegar hasta 930 euros

La idea inicial es implementar esta Renta Social Extraordinaria durante un periodo de tres meses, por un importe de 500 euros. Sin embargo, la propuesta que está sobre la mesa, redactada por Unidas Podemos, contempla elevar esta prestación hasta los 950 euros para un hogar con dos adultos y dos hijos menores.

No obstante, la cantidad de 950 euros (la cuantía del salario mínimo interprofesional) no es un tope. Más bien correspondería a la estructura de hogar más habitual. Hay otras variables que se tomarían en cuenta y la cantidad que se perciba podría ser mayor.

Por ejemplo, en el caso de que haya menores a cargo, la prestación se incrementará en 100 euros por cada uno. El monto será de 150 euros si se trata de familias monoparentales. En el caso de un segundo adulto sin ingresos, a la base de 500 euros se sumarían otros 250.

Para las personas con un grado de discapacidad reconocido del 33% o más, la prestación será de 600 euros mensuales. Para las familias que tengan hijos con este grado de discapacidad a su cargo, la cantidad percibida será de 120 euros ( 180 euros en el caso de familias monoparentales).

Una medida temporal

En realidad, la propuesta es una medida de carácter temporal que se aplicará  hasta que comience el ingreso mínimo vital, una iniciativa en la que trabajan el Ministerio de Seguridad Social y la Vicepresidencia de Derechos Sociales. Sus voceros aseguran que sería una forma de llegar a los hogares más afectados por la pandemia lo antes posible.

Tres meses es el período en el que la Vicepresidencia Segunda aspira a articular el ingreso mínimo vital incluido en el acuerdo de la “coalición progresista”. Se ha propuesto que la renta social extraordinaria esté en vigor por 90 días.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo en el Congreso de los Diputados que varios ministerios trabajan en este ingreso mínimo. Un comunicado de la Vicepresidencia de Derechos Sociales informa de que el retraso en la  aprobación ha sido por la dificultad técnica de la medida y por el “alto grado grado de consenso político, social e institucional” que aspiran lograr para su aplicación.

Patronales plantan al Gobierno

El jueves, el vicepresidente Pablo Iglesias; la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, celebraron sendas reuniones con los sindicatos CCOO y UGT, así como con las ONG Cáritas, Cermi, Oxfam, AEPN, Facua y Plataforma del Tercer Sector. Oyeron la explicación del plan de renta social extraordinaria.

En un comunicado enviado después de las reuniones, la Vicepresidencia Segunda aseguró que contaba con el “total apoyo” de estos interlocutores y que “grandes empresarios de grupos económicos muy relevantes también ven adecuada y positiva esta medida“. También anuncia una reunión con el sector empresarial este viernes.

Pero del jueves, a última hora de la tarde, las patronales CEOE y Cepyme publicaron un comunicado en el manifestaron sentirse presionados para que  le dieran apoyo a una propuesta de partido, “que nada tiene que ver con un acuerdo consensuado en lo que debería ser el cauce habitual con los interlocutores sociales”. Y advierten: “En estas condiciones se hace imposible participar en la reunión a la que hemos sido convocados por el Ministerio de Trabajo”.

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Venezolano, radicado en Venezuela. Licenciado en Comunicación Social en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactor jefe de la sección de energías fósiles y renovables, para las versiones digitales e impresas de Cambio16 y Energía16. Redactor de la revista Cambio Financiero. Amplia experiencia como periodista y productor audiovisual, en la Industria Petrolera y diversos medios y agencias de comunicación. Asesor en el área de comunicación organizacional y vocería. Membresía: Asociación de Revistas ARI, Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y Sindicato Nacional de la Prensa de Venezuela (SNTP).

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