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Por Cambio16
06/12/2016
La semana pasada, el Gobierno anunció que tiene previsto gravar las bebidas carbonatadas así como subir los impuestos especiales al alcohol y al tabaco, según fuentes parlamentarias. El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, se ha reunido con los portavoces de varios grupos parlamentarios en el Congreso con el propósito de explicarles las medidas fiscales que serán aprobadas y que serán enviadas a Bruselas, para cumplir con el objetivo de déficit del 3,1% para 2017.
Así, España se inscribe entre los países donde sus gobiernos han tomado la decisión de gravar con impuestos las bebidas azucaradas, generando en su momento toda una controversia con los fabricantes en países como Francia, Hungría, México, Chile, Barbados y República Dominicana y la ciudad de Berkeley en California, Estados Unidos, donde antes o después se fijó un impuesto a estos productos. Detrás de la medida estaba el interés de esos gobiernos de mantener bajo control sus presupuestos de salud por el incremento de la diabetes y la obesidad. (además de un incremento en las recaudaciones. En nuestro país, junto a nuevos impuestos especiales al alcohol y al tabaco que anunció Montoro, supondrán un incremento en la recaudación de entre 7.000 y 8.000 millones de euros para el 2017, según fuentes de la negociación)
Por su parte, los fabricantes, tuvieron hasta tres tipos de argumentos en contra de este tipo de medidas: 1) El Estado no debe intervenir en lo que los consumidores quieren consumir, 2) No se puede culpar a las bebidas azucaradas por los hábitos sedentarios de la población, y, 3) Mayores precios no necesariamente influirán en un cambio de comportamiento, sino que afectarán a la economía de los más pobres.
En la práctica luego del tiempo transcurrido –que ciertamente es poco-, en países como México, tal como detalla un interesante artículo en The Economist, se ha constatado una reducción de las ventas de bebidas con gas en 1.4% en 2014, según una encuesta mensual y una reducción en el consumo de 6% con respecto al año anterior cuando no había impuesto, según la Encuesta de Hogares. Esto contrasta con el incremento de venta del agua embotellada que subió 5.2% para ese mismo año.
Estas cifras no han dejado conforme a la industria, la que apoyada en otro estudio, ha señalado que el impuesto solo ha reducido cinco calorías por día en promedio a los mexicanos y los pobres están gastando más de sus ingresos, en impuestos.
Más allá que esto último pueda ser rebatido por nuevas investigaciones que muestren que normalmente los más pobres son más sensibles al precio y por lo tanto reducen su consumo, lo cierto es que aparentemente los impuestos estarían funcionando, aunque es pronto para advertir el impacto general de la medida.
Al respecto, el reto es tener a la vista dos aspectos que subyacen a la decisión de establecer el impuesto, que de producirse, terminarían por confirmar que el impuesto está funcionando:
- El impacto en la salud, y por lo tanto, su efecto en el menor incremento del gasto público en enfermedades como diabetes u obesidad, o, en la reducción de sus índices.
- La efectividad con la que la tasa impositiva está funcionando como un incentivo para que los productores elaboren productos más saludables.
¿Qué curiosidad, no?. Saber qué dirán las próximas mediciones.
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