Te tenemos vigilado/ Las polémicas leyes con las que Francia intenta reforzar la seguridad nacional

Proteger la libertad y garantizar la seguridad. Son atribuciones de todo gobierno. Pero no siempre es posible defender ambas por igual. Al menos, eso es lo que muchas veces se aduce cuando los Estados deben tomar medidas antes amenazas reales o supuestas. Esta vez, le ha tocado a Francia. Una iniciativa gubernamental le permite a la policía y a la gendarmería fichar las opiniones políticas, la afiliación sindical, las convicciones religiosas y hasta la historia clínica de los ciudadanos. La seguridad y la libertad se ven las caras en Francia.

La controversia se centra en tres decretos publicados por el Ministerio del Interior que regulan la forma en que la policía recopila archivos sobre personas que podrían ser una amenaza para la seguridad nacional.

El Conseil d’Etat (Consejo de Estado), el más alto tribunal administrativo de Francia, confirmó los tres decretos, que habían sido impugnados por varios sindicatos y que amplían las posibilidades de las autoridades policiales de llevar registros.

Información ampliada

Los decretos que entraron en vigor amplían la clase de información que se puede registrar en ciertos tipos de archivos policiales. Antes estaba limitado a las actividades de una persona, ahora puede incluir su actividad en Internet y en las redes sociales, así como información más personal, como su ideología política y su práctica religiosa, así como su afiliación a organizaciones civiles, incluidos sindicatos. Las preocupaciones sobre la salud mental también se pueden registrar en el archivo.

Los tres decretos contienen los mismos cambios, pero para tres tipos diferentes fines: archivos de seguridad de Pasp recopilados por la policía nacional, archivos de seguridad de Gipasp recopilados por gendarmes y EASP, los archivos recopilados sobre los funcionarios públicos antes de su nombramiento en funciones sensibles.

La recopilación de información ampliada no cubre a todos los integrantes del sistema, solo a aquellos que se juzgan «susceptibles de lesionar los intereses fundamentales de la Nación», «la integridad de la Nación o las instituciones de la República» o constituir una «amenaza terrorista».

[ ATTENTION ] Par décret la semaine dernière, @gouvernementFR vient de s’autoriser à ficher les personnes en fonction de leurs opinions politiques, leurs convictions philosophiques, religieuses ou leur appartenance syndicale. #surveillance
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— Anne-Sophie Simpere (@asimpere) December 5, 2020

Preocupación sindical

El sindicato de la magistratura, el sindicato de abogados franceses, la Confederación General del Trabajo y Fuerza Obrera, además de Amnistía Internacional, han expresado su preocupación por los cambios.

Señalan que la definición de personas que constituyen una amenaza es demasiado vaga. Además cuestionan que los expedientes pasen de registrar actividades a opiniones, datos de salud y actividades perfectamente legítimas como la afiliación a un sindicato. Estas ambigüedades podrían llevar a una mayor recopilación de datos sobre las personas que se oponen legal y pacíficamente al gobierno.

Según el Consejo de Estado, los instrumentos legales que entraron en vigor no atentan de manera desproporcionada contra la libertad de opinión, de conciencia, de religión y sindical en Francia.

Los decretos se publicaron en el Journal officiel a principios de diciembre. Habían sido impugnados por los sindicatos ante el Conseil d’Etat.

Una polémica propuesta

Estos decretos no son las únicas iniciativas del Gobierno en materia de seguridad que han generado polémica. En octubre, el partido ¡La République En Marche!, del presidente Emmanuel Macron, y el partido Agir, propusieron una enmienda a la legislación de seguridad global del país.

Aunque el Gobierno sostiene que la enmienda propuesta está destinada a proteger a la policía de los llamados a la violencia en línea, los grupos de derechos humanos y defensores temen que la enmienda sea incompatible con el derecho internacional y los derechos humanos.

Los defensores de los derechos humanos son particularmente cautelosos con dos disposiciones propuestas: el artículo 22 y el artículo 24.

Penas por divulgar información

En el artículo 24 se establece que las personas enfrentarían una multa de hasta 40.000 euros o una pena de prisión de un año si publican fotografías o videos de los agentes de policía en servicio “con el objetivo de de dañar su integridad física o psicológica».

Si bien los defensores del artículo 24 argumentan que protegerá a la policía del acoso, muchos críticos creen que tanto los medios de comunicación como el público deberían tener el derecho irrestricto de registrar la acción policial, «particularmente a raíz del racismo de la policía francesa».

Temen que tanta «protección» allane el camino para que la mala conducta policial pase inadvertida y no sea castigadas. En el pasado reciente, las fotos y videos de abusos de derechos capturados por el público han tenido un papel esencial en la supervisión y castigo de los abusos de derechos humanos. Esto es especialmente cierto cuando se trata de abusos cometidos por instituciones públicas, incluida la policía.

Vigilancia extrema

También existe preocupación por el artículo 22, que autoriza el uso de drones de vigilancia en nombre del mantenimiento de la seguridad y la lucha contra el terrorismo. Esto permitiría a las fuerzas de seguridad realizar vigilancia ilimitada. Los críticos dicen que estas acciones serían una clara violación de al menos tres derechos humanos universalmente aceptados: el derecho a la privacidad, la libertad de expresión y la libertad de reunión.

Eso no es todo

Y hay más. El 2 de diciembre, el Gobierno disolvió el Colectivo Contra la Islamofobia en Francia (CCIF). Esta ONG se presenta como una organización que lucha contra la discriminación a los musulmanes.

Los defensores de los derechos humanos han denunciado que esta acción constituye una amenaza a las ONG y la lucha contra la discriminación en Francia.

También han señalado que el proceso de disolución de CCIF revela una falla jurídica. Según la ley francesa, el Consejo de Ministros puede disolver una organización por decreto. Este hecho allana el camino para que el Gobierno tome este tipo de acciones por motivos vagos sin requerir un escrutinio judicial previo.

Equilibrio entre libertad y seguridad en Francia

Francia se encuentra en medio de una prolongada racha de violencia terrorista que ha involucrado grandes ataques. Se trata de un ciclo que ha dejado más de doscientos sesenta muertos desde 2012. De estos, los ataques de noviembre de 2015 en París y los del Día de la Bastilla de 2016 en Niza fueron los más mortíferos.

Los acontecimientos recientes solo se han sumado a la inquietud, especialmente el espantoso asesinato del maestro de escuela secundaria Samuel Paty, en octubre.

Macron camina por una delgada línea. El reto es mantener la seguridad de Francia, sin sacrificar los valores constitucionales fundamentales de liberté, égalité, fraternité. No la tiene fácil

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