Hasta 4 millones de trabajadores están quedando por fuera de las ayudas con las que el Gobierno intenta paliar los daños colaterales del coronavirus en la economía de España. Se trata de quienes laboran «en B», «en negro» o «en la informalidad», es decir, las personas que tienen un empleo no declarado o una actividad sumergida. Ninguno de los instrumentos desplegados en las últimas semanas por el Ejecutivo incluye recursos para este sector.
Para 2017, el 8,8% de la fuerza laboral española desarrollaba su actividad en la economía sumergida. Estos empleos o actividades ocultas al fisco representan el 18% del producto interior bruto.
Un estudio del servicio estadístico de la Dirección de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europeay un trabajo de la Fundación Funcas calcula que en 2015 la economía sumergida representaba en España el 24,5% del PIB.
La realidad no es muy distinta en el resto de la Unión Europea. La investigación encontró que el 11,6% del empleo real existente se desarrolla en el marco de la informalidad. Más del 9% de la fuerza laboral comunitaria. En términos de PIB, equivale al 16% aportado anualmente por el sector privado.
Opacidad en los datos
Nunca es fácil cuantificar el alcance de la economía informal. Toda actividad que se desarrolla al margen de los canales oficiales es difícil de medir.
Hay tres tipos de empleo no declarado: el primero lo constituyen los autónomos que desarrollan su trabajo «en negro»; el segundo está ligado a aquellos asalariados que no formalizan su empleo, sino que simplemente lo mantienen «en B»; y el tercero tiene que ver con el trabajo prestado en negocios familiares, sin papeles de por medio.
Los más vulnerables
En condiciones económicas normales hay varios factores relacionados con la ocupación laboral no declarada. El primero es el nivel de riqueza, los países más ricos tienen una fuerza de trabajo sumergida más pequeña. El segundo es la calidad de las instituciones, cuanto mejor funcionan es menos probable que haya empleo «en B».
Un tercer elemento es la percepción de corrupción. Si los ciudadanos desconfían de la administración pública, es más probable que opten por operar al margen de las instituciones oficiales.
El cuarto es el alcance del desempleo. Donde hay más paro el fenómeno es pronunciado. Y el quinto es el peso de los impuestos sobre el trabajo: a mayor carga fiscal, más peso tendrá empleo informal.
En una situación de crisis, como la planteada por la pandemia actual, los efectos de la informalidad laboral tienden a agravarse. El parón económico supone un problema mayor para los empleados informales. Carecen del apoyo financiero de un patrono y, además, están al margen de la seguridad social.
Su condición no les hace elegible a recursos como los ERTE, aplazamientos, subsidios, horarios especiales u otro tipo de ayudas. Para ellos, la actual realidad es particularmente dura. Cruel. A lo sumo, y cuando se ponga efectivamente en marcha tendrían acceso al ingreso mínimo vital que prepara el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. Cuyo único requisito es que la persona no perciba alguna prestación de subsistencia, como las que pagan ahora las comunidades autónomas.
En estas condiciones está también empleados que tenían una segunda entrada a través de labores «en B». Entre los trabajadores de la economía informal están los vendedores ambulantes, limpiadoras, cuidadoras, así como muchos autónomos, pescadores y agricultores.
En el caso de la pesca, tan solo en Galicia, la cifra es de 3.777 mariscadores de a pie y de 4.831 tripulantes de barcos de bajura que se han visto sin esos ingresos y no tienenm de momento, acceso a los programas de ayuda oficiales.
El caso de los inmigrantes
Mientras más precaria era la situación de un trabajador antes del estado de alarma, tanto más tiende a agravarse después de las medidas de restricción impuestas por el Gobierno. Es el caso de muchos inmigrantes que desempeñaban tareas «en B» y están al margen de las estadísticas oficiales. Han entrado a un terreno aún más incierto que nunca.
Gabriela es una psicopedagoga venezolana, que emigró a España hace casi dos años huyendo de la crisis económica. Siendo descendiente de polacos y españoles, pudo migrar legalmente y logró hacerse un espacio como cuidadora de niños. El confinamiento la obliga a gastar sus ahorros. Pese a que administra sus recursos de manera estricta, es consciente de que no podrá aguantar indefinidamente.
Su compatriota Andrés está en una situación más crítica. Periodista y chef, llegó a España hace tres años y pudo ganarse la vida con sus habilidades culinarias. Si bien sus ingresos le permitieron vivir hasta ahora, no eran suficientes para ahorrar lo suficiente para sostenerse sin inactividad más de 30 días.
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