La novela de la elección presidencial estadounidense está lejos de terminar. En un año normal, en un proceso normal, deberíamos estar cerca del fin de la historia. Pero aquí la palabra clave es «normal». Y, evidentemente, no es el caso de los comicios del 3 de noviembre pasado ni lo que ha ocurrido durante los escrutinios. Ahora, una demanda presentada por Texas ante la Corte Suprema, contra cuatro estados clave en las elecciones, le ha dado al presidente Donald Trump una esperanza de estancar, si no anular, la victoria del demócrata Joe Biden.
Trump, que según las proyecciones de los medios que lo adversan habría sido derrotado por Biden, presentó una moción ante el tribunal pidiendo a los nueve jueces que le permitieran intervenir y convertirse en demandante en la causa presentada el martes por Texas, gobernada por republicanos, contra Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin.
Ya son 17 los estados que han apoyado el recurso judicial, todos afines al presidente, incluido Florida. El propio Trump anunció que su gobierno intervendría en la demanda. “¡Esta es la grande!”, anticipó, refiriéndose a los varios reveses sufridos con otros reclamos electorales ante la Justicia.
La novela entra en una nueva temporada. Y ahora la atención está centrada en los pasos que se siguen entre uno y otro hito, esos a los que la gente no le presta atención. En esta «nueva normalidad» cada detalle cuenta.
Lo que se viene
El 14 de diciembre es la fecha pautada para que se reúna el Colegio Electoral que, en definitiva, será el órgano encargado de elegir al presidente. Antes, los gobernadores deben enviar al Congreso un certificado de verificación con los totales de votos de sus estados y los nombres de sus electores. Pero mientras el día se acerca, las demandas interpuestas por Donald Trump, al desconocer los resultados parciales, están ralentizando las cosas.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó una demanda ante la Corte Suprema que congele rápidamente el proceso. La petición no es para los resultados en ese estado, sino para que se anule la votación de otros cuatro, en los que ganó Biden: Michigan, Georgia, Pensilvania y Wisconsin. En ausencia de la intervención del tribunal, señala el escrito, confirmar la victoria de Biden tendrá como resultado “manchar las elecciones y el futuro de las elecciones libres”.
Esos cuatro territorios tienen el suficiente peso para que, en caso de ser anulados, el demócrata no alcance la cota de 270 votos del colegio electoral, necesarios para lograr la Presidencia. Así, en caso de prosperar, la elección se definiría en el Congreso, un proceso que teóricamente favorece a los republicanos.
Ahora, los fiscales generales republicanos de 17 estados firmaron lo que se conoce como amicus curiae (una presentación realizada por terceros ajenos a un litigio), apoyando el esfuerzo de Texas para demandar a cuatro estados en la Corte Suprema de los Estados Unidos y anular sus resultados electorales.
Paso a paso
La demanda del fiscal general de Texas alega que los resultados electorales de Michigan, Pensilvania, Georgia y Wisconsin deberían invalidarse, debido a fraudes e irregularidades que ocurrieron como resultado de que los estados modificaron lass reglas de votación en medio de la pandemia.
La petición se basa en las mismas acusaciones de fraude electoral que los tribunales inferiores han rechazado repetidamente. El presidente dijo que la demanda es «el caso que todos han estado esperando». Afirmó que los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes presuntamente preparan su propio amicus curiae en apoyo a los esfuerzos de Texas.
Trump presentó una moción donde le pide a la Corte Suprema que le permita unirse al caso. También solicita que declare que los votos electorales de Biden en los cuatro estados en disputa «están en violación de la Cláusula de Electores y no pueden contarse».
El escrito de los fiscales que apoyan la demanda de Texas afirma que el caso «plantea cuestiones constitucionales de gran importancia pública que justifican la revisión de esta Corte». Señalan que el tribunal debería conceder la moción de Texas para presentar una autorización para presentar una queja. Alegan supuestas infracciones que «socavaron la libertad de todos los estadounidenses».
El fiscal general de Missouri, Eric Schmitt, dirigió el escrito, al que también se unieron Alabama, Arkansas, Florida, Indiana, Kansas, Louisiana, Mississippi, Montana, Nebraska, Dakota del Norte, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Utah y Virginia Occidental. Arizona presentó un amicus breve separado y más limitado, «respetando» la queja de Texas.
Lo que se busca
El amicus curiae de los fiscales apunta en gran medida a las reglas de votación ampliadas de los cuatro estados objetivo. El escrito alega que los plazos extendidos brindan «una ventana de tiempo posterior a las elecciones, durante la cual los actores nefastos podrían esperar y ver si las elecciones presidenciales se cerrarían y si perpetrar fraude … valdría la pena».
Algunos expertos critican que el escrito tome como base las reglas de votación ampliadas, cuando varios de los estados de los firmantes también aceptan las boletas por correo que lleguen después del día de las elecciones. Tal es el caso Kansas, Mississippi, Dakota del Norte, Utah y Virginia Occidental, además de Texas.
También cuestionan que la demanda ponga en duda los resultados, sobre la base de que los estados en disputa cambiaron sus reglas de votación. Recuerdan que Texas también hizo algunos ajustes de ese tipo, para acomodar a los votantes durante la pandemia.
Los fiscales generales de los estados nombrados en la demanda de Texas han criticado la denuncia como «un truco publicitario» y «excepcionalmente poco seria». El fiscal general de Georgia, Chris Carr, un republicano, calificó el desafío legal «Constitucional, legal y fácticamente incorrecto».
«Estos intentos insignificantes de ignorar la voluntad del pueblo en nuestros tres estados engañan al público y desgarran el tejido de nuestra Constitución», dijeron los fiscales generales de Pensilvania, Josh Shapiro; Wisconsin, Josh Kaul, y Michigan, Dana Nessel, en un comunicado conjunto.
Lo que puede pasar
La demanda fue interpuesta directamente ante la Corte Suprema, porque es la única instancia con autoridad para dirimir disputas entre estados. Ahora debe decidir si considera o no el caso.
Los aliados de Trump han dicho en repetidas ocasiones que quieren que la elección sea decidida por la Corte Suprema. Tienen sus esperanzas depositadas en la mayoría conservadora, para lograr el éxito que no han alcanzado en otras instancias.
La Corte Suprema de los Estados Unidos está compuesta por 3 jueces progresistas y 6 conservadores (incluidos 3 magistrados nombrados por Trump). Pero, hasta ahora, el más alto tribunal de la nación no ha sido muy favorable a las pretensiones del mandatario. Esta semana, desechó un caso que intentaba anular los resultados en Pensilvania. No hubo votos en contra en ese fallo.
Todo esto anticiparía que la Corte no tiene intención de intervenir en la elección. Los expertos legales dicen que es muy poco probable que tome el caso de Texas.
Una táctica principal de la campaña de Trump ha sido utilizar demandas para tratar de evitar que los estados certifiquen sus resultados, o al menos retrasar el proceso. La idea es, en parte, que si los funcionarios electorales no pueden certificar a tiempo las victorias de Biden, las legislaturas estatales controladas por los republicanos podrían intervenir y nombrar electores favorables a Trump.
En Twitter, Trump insistió: “Hay evidencia masiva de fraude generalizado en los cuatro estados (y más) mencionados en la demanda de Texas. ¡Solo mire todas las cintas y declaraciones juradas!”. Sin embargo, los analistas legales creen poco probable que estos esfuerzos logren cambiar las cosas.
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