Trump sanciones CPI
Donald Trump considera que las acciones de la Corte Penal Internacional amenazan con socavar la sobernanía nacional de EE UU.

Trump denuncia corrupción y mala conducta en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional

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El presidente Donald Trump autorizó sanciones económicas y restricciones de visados contra funcionarios de la Corte Penal Internacional que se han dedicado a investigar a soldados y oficiales estadounidenses.

La Casa Blanca emitió la orden ejecutiva en momentos en que la CPI investiga si tropas estadounidenses en Afganistán perpetraron crímenes de guerra: “Las acciones de la Corte Penal Internacional son un ataque a los derechos de los estadounidenses. Amenazan con socavar con nuestra soberanía nacional”.

El gobierno estadounidense argumenta que “la investigación del Fiscal de la CPI de acciones presuntamente cometidas por el personal militar, de inteligencia y otro personal de Estados Unidos en Afganistán, impiden el trabajo crítico de seguridad nacional y política”.

Las sanciones económicas contra funcionarios de la Corte incluyen el bloqueo de propiedades que estos funcionarios puedan tener bajo jurisdicción estadounidense.

Corrupción y mala conducta

La orden puntualiza que “pese a los repetidos llamados de Estados Unidos y sus aliados para su reforma, la Corte no ha tomado medida alguna en ese sentido. “Ha continuado adelantando investigaciones motivadas políticamente contra nosotros y nuestros aliados, incluido Israel. Tenemos “fuertes razones para creer que hay corrupción y mala conducta a los más altos niveles de la Oficina del Fiscal dirigida por la fiscal Fatou Bensouda“.

Trump se enfoca contra funcionarios de la CPI

El texto puntualiza que Estados Unidos no forma parte del Estatuto de Roma y que ha rechazado reiteradamente las afirmaciones de que la CPI tiene jurisdicción sobre el personal de ese país.

La orden ejecutiva especifica que “Estados Unidos sigue comprometido con la rendición de cuentas y el establecimiento pacífico del orden internacional: “Pero la CPI y las partes del Estatuto de Roma deben respetar las decisiones de Estados Unidos y a los otros países que no someten a su personal a la jurisdicción de la CPI, de conformidad con sus respectivas prerrogativas soberanas”.

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, advirtió a los aliados de su país que la investigación también los concierne.

“Tengo un mensaje para varios aliados cercanos en todo el mundo. Su gente podría ser la siguiente, especialmente aquellos países de la OTAN que lucharon contra el terrorismo en Afganistán del lado de Estados Unidos”, agregó.

La Casa Blanca también autorizó que se emitan restricciones de visa para entrar a Estados Unidos contra cualquier funcionario involucrado en eventuales procesamientos y al resto de su familia.

El gobierno de Trump revocó el año pasado la visa a Fatou Bensouda, la fiscal que tiene el expediente contra Nicolás Maduro y altos jefes militares venezolanos por delitos de lesa humanidad..

Los jueces habían rechazado procesar la investigación, tras las amenazas de sanciones de Washington. Pero en marzo el tribunal autorizó mediante una apelación, la apertura de la investigación de presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en Afganistán.

ORDEN EJECUTIVA

BLOQUEO DE PROPIEDAD DE CIERTAS PERSONAS ASOCIADAS A LA
CORTE PENAL INTERNACIONAL

CPI rechaza sanciones de EE UU

La Corte Penal Internacional rechazó las sanciones contra el tribunal anunciadas por Trump. Las calificó como “un intento inaceptable de interferir en el imperio de la ley”.

El tribunal emitió un comunicado en el que respalda firmemente su personal y sus funcionarios: “Se mantiene firme en su compromiso de cumplir, de manera independiente e imparcial, el mandato que le confiere el Estatuto de Roma y los Estados que son parte”.

El presidente de la Asamblea de los Estados Partes, el órgano legislativo de la corte, también rechazó las sanciones. Indicó Sidiki Kaba, en otro comunicado que “socavan el esfuerzo común para combatir la impunidad y garantizar la responsabilidad por las atrocidades masivas”.

Explicó que convocará para la próxima semana una reunión extraordinaria de la Mesa de la Asamblea. El objetivo es renovar “el compromiso inquebrantable con la corte” de los 123 Estados Parte.

Entretanto, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, expresó la preocupación de la Unión Europea por la decisión de Estados Unidos: “Es muy preocupante, como UE somos firmes partidarios de la Corte Penal Internacional, que ha desempeñado un papel clave en la provisión de justicia internacional y en el tratamiento de los más graves crímenes internacionales. Es un factor clave para aportar justicia y paz”.

Embajador Viera-Blanco también reclama

El embajador de Venezuela en Canadá, Orlando Viera-Blanco, abogado que ha participado en la denuncia de Nicolas Maduro ante la CPI por crímenes de lesa humanidad, manifestó que la acusación del presidente Trump contra la Corte Penal Internacional son muy serias.  

El embajador de Venezuela en Canadá, Orlando Viera-Blanco recibió el galardón de Derechos Humanos en los Premios Cambio16
Orlando Viera-Blanco, embajador de Venezuela en Canadá

Señaló que quizás en esas acusaciones de Trump esté la respuesta que los venezolanos desde que presentaron la primera denuncia contra el régimen de Chávez-Maduro. Ahora la fiscal lanza una investigación contra funcionarios de Estados Unidos, que no es un país parte del Estatuto de Roma. Sin embargo, no investiga a Maduro por graves delitos de lesa humanidad.

Contó Viera-Blanco que la fiscal Fatou Bensouda ha conocido de incidencias, denuncias y relatos en contra de Chávez-Maduro y su cadena de mando antes de su llegada al cargo hace más de una década. No obstante, mantiene archivado el pesado expediente, mientra los venezolanos sufren una crisis humanitaria de hondas repercusiones

Los informes y denuncias presentados en la Fiscalía de la CPI fueron sistemáticamente reforzados y agravados por hechos cometidos en las protestas de 2014 y 2017. Entonces fueron asesinados cientos de jóvenes, y cobardemente torturados, miles encarcelados y sometidos a juicio viciados

“Existen suficientes evidencias, relatorias, testimonios, pruebas e informes que respaldan las denuncias formuladas. La OEA levantó en 2017 un denso informe de 450 páginas y anexos, que reseña decenas de relatos sobre represión, asesinato y torturas en Venezuela. La fiscal no considera grave que la vida 32 millones de venezolanos esté en mano de una banda de forajidos”, expresó.

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Venezolana radicada en Venezuela. Licenciada en Comunicación Social en la Universidad Católica Andrés Bello. Subcoordinadora y redactora de las versiones digitales e impresas de Cambio16 y Energía16. Redactora de la revista Cambio Financiero. Con gran experiencia en la cobertura de las fuentes Ciudad, Educación, Iglesia, Laboral, Partidos Políticos, Cancillería, Parlamento y Palacio de Gobierno, para periódicos como El Mundo, Reporte de la Economía y El Universal. Membresía: Asociación de Revistas ARI, Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y Sindicato Nacional de la Prensa de Venezuela (SNTP).

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