POR CAMBIO16
24/07/2017
La policía turca dispersó el domingo con cañones de agua a presión y gas lacrimógeno una protesta convocada en Ankara contra la detención de dos profesores universitarios que llevan 137 días en huelga de hambre, de ellos 63 en la cárcel.
Los manifestantes se reunieron en el céntrico parque Güvenpark de la capital turca, pero la policía intervino con blindados, cañones de agua a presión, gas lacrimógeno y balas de plástico. Los agentes rodearon el parque y detuvieron al menos a 61 personas, de las que 17 fueron trasladadas al centro antiterrorista de la policía, refiere Reuters.
La manifestación se había convocado en apoyo a Nuriye Gülmen y Semih Özakça, dos profesores que fueron despedidos en otoño pasado de sus puestos por decretos gubernamentales que les atribuían vínculos con grupos ultramarxistas.
Bajo el estado de emergencia declarado tras el fallido golpe militar del verano pasado y prorrogado el lunes pasado otros tres meses, todo empleado público puede ser despedido con efecto inmediato, sin posibilidad de recurrir a la justicia.
Cerca de 140.000 funcionarios públicos turcos, entre ellos más de 7.000 académicos, han sido despedidos de sus empleos mediante este tipo de decretos, la gran mayoría bajo la acusación genérica de vínculos con la cofradía del predicador Fethullah Gülen, a la que el Gobierno turco atribuye la asonada.
Gülmen, profesora universitaria, y Özakça, maestro de colegio, empezaron una sentada en Ankara para pedir reincorporarse a sus trabajos, y ante la falta de respuesta institucional iniciaron una huelga de hambre en marzo, durante la cual se alimentan únicamente de agua con sal y azúcar, así como vitamina B1.
El 22 de mayo, ambos fueron detenidos y enviados a prisión preventiva.
En los últimos dos años, y especialmente desde la proclamación del estado de emergencia, las autoridades turcas no autorizan prácticamente ningún tipo de concentración, marcha, protesta o manifestación de grupos ciudadanos opositores.
Represión al activismo
La represión gubernamental en Turquía al activismo ha venido en escalada en los últimos meses con la detención de varios de sus representantes, entre ellos destaca el encarcelamiento, el pasado mes de julio, del presidente de Amnistía Internacional Turquía, Taner Kiliç, fuera enviado a prisión preventiva por cargos infundados, y cinco días después de la detención de su directora, İdil Eser, junto con otros siete destacados activistas de derechos humanos.
Todos se enfrentan a investigaciones penales por parte del Gobierno, que los acusa de pertenecer a una «organización terrorista armada» y de planear «golpes de Estado».
Tras estas detenciones, el pleno del Parlamento Europeo pidió el pasado mes la suspensión de las negociaciones de ingreso para la futura incorporación de Turquía en la Unión Europea si continúa su reforma de la Constitución en un sentido contrario a los valores del bloque.
Los eurodiputados se mostraron «preocupados» por los retrocesos en el Estado de derecho, los derechos humanos, la libertad de prensa y la lucha contra la corrupción; así como condenaron «enérgicamente» el apoyo declarado del presidente turco Recep Tayyip Erdogan a la reintroducción de la pena de muerte.
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