Una «década perdida» para la Universidad

POR CAMBIO 16
17/09/2016

El impacto de la crisis ha sido y es tan notable y prolongado que muy pronto, si no aumentan sus recursos, se podría hablar de una «década perdida» del sistema universitario español, iniciada en 2009 con la crisis, según concluye el informe anual de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD).

Es la advertencia de los autores del estudio «La contribución de las universidades españolas al desarrollo 2015», que sostiene que es tan importante dotar a los campus de más recursos como conferirles la autonomía necesaria para sus retos.

El vicepresidente de la Fundación CYD, Francesc Solé, reconoce que las universidades han ido superando la crisis con un «esfuerzo digno de resaltar» a pesar de sus «limitaciones», pero avisa de que los centros universitarios en el mundo «van a toda velocidad».

Coincide con el coordinador del trabajo, Martí Parellada, en que hay que «dar un golpe de timón» a la financiación en las universidades para revertir la situación actual.

Desde 2009, «cuando comenzó la política de reducción de transferencias públicas a la universidad», según estos expertos, el descenso de ingresos en las universidades públicas españolas ha sido del 17,9%, la plantilla de personal docente e investigador cayó un 6,6% y el número de alumnos ha bajado en 100.000 desde el curso 2011-2012 al 2014-2015.

Además, ha crecido la edad del profesorado universitario, ya que el 45% tiene 50 años o más, por encima de otros países de la Unión Europea como Reino Unido (40%), Francia (37%) o Alemania (24%).

«¿Hemos perdido un tren?», se pregunta Solé, quien responde: «Tal vez el tren se ha ralentizado, pero lo perderemos muy probablemente«.

Por su parte, la presidenta de la Fundación CYD, Ana Botín, ha propuesto que se vincule la financiación de las universidades a «los progresos en sus planes, objetivos y resultados».

De este modo, reivindica una estrategia para «atraer al mejor profesorado y al mejor alumnado nacional e internacional, mejorar la estabilidad en la contratación de personal docente e investigador extranjeros» e impulsar la movilidad de los docentes y la «interacción universidad-empresa».

Asimismo, Botín confía en el desarrollo «de todo el talento» en la universidad, de manera inclusiva y teniendo en cuenta al mismo tiempo la excelencia.

El presidente de la Conferencia de Rectores (CRUE), Segundo Píriz, se muestra a favor de todos los cambios que conduzcan a una mejora, especialmente en  estos momentos en que el avance de la economía «pasa por el desarrollo de un modelo productivo basado en el conocimiento».

El informe, que recuerda que el curso pasado había 84 universidades (50 de ellas públicas), señala que el abandono en el primer año de estudios subió al 22,5% en el curso 2013-2014, tres puntos y medio más que dos años antes, lo que se relaciona con las políticas de permanencia de alumnos y los precios de matrícula.

Los expertos argumentan que la citada bajada de 100.000 alumnos tiene que ver con la subida de precios, la pérdida de población juvenil, una mayor oferta en FP y másteres… «Es difícil encontrar las causas últimas de esta bajada», añaden.

Respecto a la tasa de ocupación de los graduados superiores españoles, de 2007 en 2013 descendió más de ocho puntos porcentuales (frente a los menos de dos de la UE).

Por otra parte, el estudio recalca que siguen disminuyendo los recursos disponibles en las universidades públicas presenciales, que tuvieron unos ingresos de 8.529 millones de euros en 2014 (un 4% menos que en 2013).

La diminución del gasto en I+D sobre el PIB en España ha sido ininterrumpido, pasado del 1,40% en 2010 al 1,23% en 2014, y en enseñanza superior, del 0,39% al 0,35% en el mismo periodo.

Y, aunque han aumentado las publicaciones científicas y las solicitudes de patentes, no ha sido así en la «excelencia» de las mismas.

«Es imprescindible cambiar esta tendencia de disminución continua de recursos a disposición de las universidades», concluyen Parellada y Solé, que añaden que es un tema que deberá tratar el nuevo Gobierno y ser motivo de debate en el Congreso.