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Venezuela: Entre la usurpación y la violación de derechos humanos

En Venezuela hay hambre. Cerrar 2018 con una hiperinflación de más de 1.600.000%, según la Asamblea Nacional, es un signo inequívoco de que la situación del país es crítica. De que los venezolanos no aguantan más. La política económica del Gobierno de Nicolás Maduro se ha sustentado en aumentos salariales cada dos o tres meses y en hacer más frecuente la entrega de las bolsas de alimentos del CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción), a unos seis millones de personas, en un país de alrededor de 30 millones o algo menos dado el éxodo reciente. El venezolano quiere que esta realidad cambie. Sabe que para ello es necesario un gobierno que establezca y respete las reglas del juego, impulse la productividad y propicie la apertura económica.

El discurso al país de Nicolás Maduro, tras su juramentación el 10 de enero, cuando la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente lo ratificó y reconoció como presidente de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para el período 20192025, solo sirvió para reafirmar que eso es imposible.

Desde ese día, múltiples fueron las muestras de rechazo, que se acentuaron el 23 de enero cuando le gritó al mundo que su régimen no acepta el disenso al responder con una contramarcha al llamado de protestar en todo el país por usurpar la presidencia que hizo el máximo representante de la Asamblea Nacional y ese día juramentado presidente interino, Juan Guaidó. Lo que pudieron ser marchas pacíficas han dejado como saldo por ahora 29 fallecidos, decenas de heridos y, según la ONG Foro Penal de Venezuela, 791 arrestos entre el 21 y el 26 de enero, entre ellos niños entre 12 y 16 años.

Ha sido tan dramática la violación de los DDHH, que el mismo Guaidó solicitó a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que visitara el país cuanto antes. “Que apresure su visita para que sea testigo de la grave crisis en la que vive todo el pueblo venezolano”.

Tanto Estados Unidos como el Grupo de Lima y la Unión Europea han solicitado elecciones libres y transparentes, algo que difícilmente cumpliría Nicolás Maduro, pues su rechazo en el país supera el 80%.

La juramentación de Maduro

Ante situaciones que pueden tensar las relaciones en un país y afectar a los ciudadanos, los gobiernos dan pasos a los lados y atrás en aras de que la convivencia prevalezca. Eso no ocurre con Maduro. El mismo hecho de juramentarse sirvió para ir en contra de la corriente mundial que le pedía que no lo hiciera. Estados Unidos le recomendó no hacerlo. Lo mismo hizo la Unión Europea. En un hecho inédito, el Grupo de Lima (un organismo en el que 14 países tratan de buscar soluciones para la crisis venezolana) emitió un comunicado el 4 de enero donde instó a Maduro a no asumir la presidencia, a que respete las atribuciones de la Asamblea y le transfiera provisionalmente el poder hasta que se realicen nuevas elecciones.

A excepción de México, el pronunciamiento fue firmado por los gobiernos de 13 países: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía.

En el caso Venezuela no hay una fórmula mágica. Analistas y líderes políticos sostienen que la juramentación de Maduro reafirmó su ilegitimidad. 19 países integrantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) le dieron la bienvenida ese mismo día con un comunicado en el que no reconocían la legitimidad de su régimen a partir del 10 de enero de 2019. También en el escrito se urgía a todos los Estados miembros a adoptar medidas diplomáticas, políticas, económicas y financieras que pudieran contribuir a la pronta restauración del orden democrático con la convocatoria de elecciones presidenciales.

Brutal represión: Nicolás Maduro utiliza a la Guardia Nacional Bolivariana como fuerza de choque contra las manifestaciones populares, que han dejado decenas de muertos y miles de heridos en las calles.

Al igual que la OEA, con su secretario general Luis Almagro saludando “el compromiso de los países de las Américas desconociendo al ilegítimo régimen de Nicolás Maduro”, otros importantes actores del mundo levantaron su voz. La Unión Europea, incluso, después de lamentar “profundamente” que Maduro haya emprendido un nuevo mandato sobre la base de “elecciones no democráticas”, advirtió de que tomará las “medidas adecuadas” en caso de un deterioro de la situación.

El mismo partido del Gobierno de España, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), señaló a través de su cuenta en Twitter que “la investidura de Nicolás Maduro carece de legitimidad por ser el resultado de elecciones sin garantías democráticas”.

Buscando una salida constitucional, la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, el único poder democráticamente electo en el país, anunció que sesionaría el 15 de enero. En los cuatro puntos del orden del día había un hilo conductor: la ilegitimidad de Maduro.

Tal vez para amedrentar o como una muestra de las fracturas que hay en el Gobierno, dos días antes de esa sesión, Juan Guaidó, presidente de la AN, fue detenido mientras se dirigía a un “cabildo abierto” en el Estado Vargas. El vicepresidente de Comunicación e Información del Gobierno, Jorge Rodríguez, afirmó que se trató de un “procedimiento irregular” que llevaron a cabo de forma individual funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Anunció su destitución y aplicación de sanciones disciplinarias.

Sea cual haya sido la razón, el 15 de enero, con Guaidó al frente del Parlamento, se aprobó por mayoría un acuerdo sobre la declaratoria de “usurpación” del cargo de presidente por parte de Nicolás Maduro, acordando la aplicación de la Constitución para restablecer su vigencia. En el documento, la AN invocó los artículos 233, 333 y 350. Esto con el fin de adoptar las medidas para restituir el orden constitucional, el cese de la usurpación, conformar el gobierno de transición y convocar elecciones libres.

La respuesta no se hizo esperar. El mismo día, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró que cualquier acto de la Asamblea Nacional que interfiera en el nuevo mandato de Nicolás Maduro como presidente de la República será considerado “nulo y sin ningún valor jurídico”.

La ANC, no obstante, fue electa el 30 de julio de 2017 en un proceso convocado por el Consejo Nacional Electoral y en el que la oposición venezolana decidió no participar por su origen “fraudulento”. Es decir, se considera de escasa credibilidad y talante democrático dentro del país.

Mientras Cabello criticaba a la Asamblea Nacional con Juan Guaidó al frente de este accionar, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, un crítico del régimen de Maduro, reconocía el “valiente liderazgo” del joven presidente de la AN, al estar dispuesto a encabezar un gobierno de transición que ayude a “restablecer la democracia” en Venezuela.

Otro que continuó empujando por una salida democrática en el país fue el senador republicano, Marco Rubio, que ha pedido al presidente Donald Trump todo el apoyo para la AN y Guaidó, además de exhortar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a apegarse a la Constitución que juraron defender. Rubio propuso que los activos congelados del Gobierno venezolano deben ponerse a disposición del Gobierno legítimo, que podrá usarlos para llevar a cabo elecciones libres e imparciales y para comenzar a reconstruir su país.

Guaidó, haciéndose eco de lo expresado por Pence, Rubio y otros tantos líderes internacionales, se hizo la cara visible de un liderazgo que decidió motorizar el cambio en Venezuela. El joven ingeniero, de 35 años, militante del partido Voluntad Popular, el mismo del dirigente demócrata Leopoldo López, en arresto domiciliario, se convirtió en el gran impulsor de una corriente que ha llevado al venezolano a retomar las calles, algo que había quedado en el pasado tal vez por la decepción de más de 100 días de protestas de 2017 que solo produjeron muertes y más éxodo.

Y es que si lo hecho el 15 de enero fue trascendental, lo ocurrido el 23 de enero fue histórico. Ese día, apegado a la Constitución, Guaidó fue juramentado como presidente para liderar la transición. Pocos han sido los países que no le han reconocido, entre ellos Rusia, China y otros históricamente “hermanados” con la llamada revolución bolivariana como Cuba, Bolivia y Nicaragua.

Incluso, el coronel José Luis Silva, agregado militar de la embajada de Venezuela en Washington, desertó del gobierno de Maduro y reconoció a Guaidó como el “único presidente legítimo”.

Apenas Washington ofreció su apoyo al joven ingeniero, Maduro rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos y ordenó el cierre de la embajada y los consulados.

El 26 de enero, cuando expiraba el plazo de 72 horas que dio a los diplomáticos estadounidenses para salir del país, un comunicado de la cancillería venezolana indicaba que Venezuela y Estados Unidos acordaron mantener negociaciones para establecer una Oficina de Intereses en cada capital.

Sobre el particular, el consejero de Seguridad Nacional de EEUU, John Bolton, ha advertido que habrá una “respuesta significativa” a cualquier amenaza contra la oposición en Venezuela o contra diplomáticos estadounidenses en ese país.

Los escenarios

Saber qué ocurrirá en Venezuela es difícil de precisar. Tras el fallecimiento del presidente Hugo Chávez, el régimen, que lleva 20 años en el poder, debió deshojar la flor con dos opciones en juego: permitir la apertura política y empujar hacia el camino de la democracia o profundizar su autoritarismo.

Con Nicolás Maduro al frente, el régimen optó por la última estrategia. Se apoyó más en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en las milicias y en los llamados “colectivos” para aplacar cualquier movilización en contra. Según el Foro Penal de Venezuela, en 2017 tuvieron lugar 9.787 protestas en todo el país, lo que constituye una cifra sin precedentes. Durante las manifestaciones masivas del 1 de abril al 31 de julio de 2017, las autoridades venezolanas infringieron sistemáticamente el derecho de reunión pacífica con el uso de la fuerza.

El director del Centro de Estudios Políticos y Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, Benigno Alarcón, considera que en Venezuela hay básicamente dos tipos de escenarios: uno de autocratización y otro de transición. Cada uno de ellos está conformado por otros dos escenarios.

En el caso de la autocratización, la primera fotografía implica continuidad y estabilidad del sistema, aunque precaria, con los mismos actores. No significa que todo siga igual, pero sí el afianzamiento progresivo de la fuerza.

Soberanía popular: Los venezolanos han tomado las calles en una movilización constante que persigue el fin del régimen y la comvocartoria inmediata de elecciones libres y democráticas en el país.

El otro escenario implica una continuidad del régimen, pero con otros dirigentes políticos al frente, cuyos reemplazos pueden llegar a tocar al mismo presidente Maduro que, a diferencia de Chávez, no tiene ni su carisma, apoyo político y después de su juramentación del 10 de enero perdió toda su legitimidad, porque ganó en un proceso electoral en el que los principales partidos de la oposición pidieron no asistir.

Este proceso fue convocado por la Asamblea Nacional Constituyente, un apéndice del Gobierno Nacional, siete meses antes de lo previsto. Con sus acciones, la ANC ha torpedeado las iniciativas de la Asamblea Nacional, el único órgano electo en forma democrática en el país en diciembre de 2015. La oposición es mayoría parlamentaria.

Además de ese adelanto, múltiples fueron las irregularidades que se presentaron en esas elecciones presidenciales donde el Gobierno utilizó todo los recursos del Estado para promover a su candidato, realizó cambios de votantes de un centro electoral a otro en los últimos días y estableció cerca de los lugares de votación “puntos rojos” en los que condicionaban el voto a favor de Maduro. Los principales sectores de la oposición en Venezuela y la comunidad internacional catalogaron como “fraudulento” ese proceso electoral. Es por ello que, una vez juramentado Maduro el 10 de enero, Estados Unidos, el Grupo de Lima y la Unión Europea, entre otros, lo han calificado de usurpador.

Asimismo su accionar el 23 de enero y los días posteriores han reafirmado su talante autocrático.

Según Benigno Alarcón, este escenario de continuidad del régimen puede tener como desenlace una salida negociada del presidente. También podría darse por una salida forzada.

En cuanto a los escenarios de transición, el primero se refiere a lo que los especialistas consideran como una reforma, es decir, aquella transición que parte de la iniciativa del mismo régimen. Estos procesos ocurren, por lo general, porque el liderazgo oficialista considera que el país está listo para iniciar el camino democrático, porque es la forma en que los actores del régimen consideran que pueden tener algún control sobre el proceso de transición y adicionalmente les puede evitar o reducir los costes que tendría una salida no controlada o abrupta.

Para Alarcón, el otro escenario es el de la “transición democrática”, cuyo éxito depende de que se logre definir un liderazgo democrático que cuente con el apoyo de la mayoría del país. Ese liderazgo podría dirigir hacia una transición política. Es indudable que Juan Guaidó ha dado un paso adelante en ese sentido.

No hay duda de que solventar el problema político traerá en consecuencia una respuesta a lo económico. De esto no ocurrir, la crisis se acentuará. El Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe de perspectivas económicas globales difundido en enero de este año prevé que Venezuela tendrá en 2019 una inflación de 10.000.000%.

“Si la economía de Venezuela se contrajo en 2018 un 18%” no hay “nada” que “permita predecir que la contracción económica sea significativamente menor en 2019”.

“Usar los símbolos del poder no hace a Maduro presidente de la República”

El poder legítimo: Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, es el único poder legítimo reconocido tanto en el país como por la comunidad internacional, que respalda su juramentación, exige la salida de Nicolás Maduro y avala la convocatoria de elecciones libres. Fotografía: Aura Pérez (Cambio16).

Como presidente de la única institución legítima electa con el voto popular de Venezuela se presenta Juan Guaidó. Es ingeniero y tiene 35 años. Es diputado nacional del partido Voluntad Popular, el 5 de enero fue juramentado presidente de la Asamblea Nacional y el 23 de enero presidente de la transición en Venezuela.

Apenas comenzar su gestión, cuatro decisiones que calificó de “trascendentales” marcaron su futuro inmediato: aprobó la usurpación de la primera magistratura del Ejecutivo Nacional y la ayuda humanitaria, al igual que el no permitir la utilización de los fondos del Estado “para seguir robando como lo han demostrado distintas investigaciones”. Asimismo, la AN aprobó la amnistía y garantías a los funcionarios militares y civiles que cooperen con la restitución de la democracia.

En repetidas ocasiones Guaidó ha ventilado la complejidad del proceso, porque pese a que la Constitución Nacional en su articulado aborda el vacío de poder, ningún constituyentista previó una situación como esta en la que “alguien usurpa la presidencia”, tal como lo viene haciendo Nicolás Maduro, luego de juramentarse el 10 de enero después de ganar en un proceso electoral fraudulento.

“La Asamblea Nacional tomando como base la Constitución Nacional asume parte de estos elementos y digo parte porque en Venezuela hay un hecho de fuerza.

Hay una dictadura. Como dictadura necesita el compás de todos los sectores para lograr el cese de la usurpación”.

En entrevista exclusiva para Cambio16 realizada en la sede de la Asamblea Nacional, el líder de Voluntad Popular manifestó que la única salida en el país es por la unión de fuerzas. Para ello es fundamental que los militares y el pueblo se unan, tal como ocurrió en 1958, para así rescatar la democracia.

Señaló que hoy Maduro usa la banda presidencial, usa parte de los símbolos del poder, pero eso no lo hace presidente de la República, “porque se robó una elección, porque manipuló el estado de derecho y desmontó la Constitución. Ante esto el Parlamento sí puede ejercer competencias”.

Presidente de la transición

El 23 de enero, en un acto histórico, Guaidó fue juramentado como “presidente encargado” de Venezuela a propósito del “Gobierno de transición” que impulsa el Legislativo. Lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres marcan su ruta.

A diferencia de la juramentación de Maduro, que fue rechazada por la mayoría de los países en el mundo, a la de Guaidó se le sumó un vasto respaldo, entre ellos de países como Estados Unidos, que incluso anunció el domingo 27 de enero a través del Departamento del Tesoro que las transacciones comerciales que involucran al Gobierno venezolano, incluidas las de empresas estatales como Petróleos de Venezuela (Pdvsa) serán entregadas al Gobierno que encabeza el líder de VP.

A pesar de estar de acuerdo con un nuevo proceso electoral, el presidente encargado de Venezuela ha afirmado que no se prestará “para falsos diálogos” y negó que el pueblo vaya a asistir “a unas elecciones que no tengan condiciones y garantías reales”.

No obstante, afirmó estar dispuesto a reunirse “con todo funcionario que quiera el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres”.

Explicó que “son muchos los elementos necesarios para una elección libre, como la renovación del CNE, abrir el registro electoral en el exterior, tener auditorías previas y que no haya inhabilitados”.

“No nos van a detener, para falsos diálogos no nos vamos a prestar y menos para unas elecciones sin condiciones”, dijo.

A favor de Guaidó, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución, la primera de 2019, que le otorgó medidas cautelares de protección tanto a él como a su núcleo familiar, al considerar que se encuentran “en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos”.

Por la recuperación de Venezuela

Durante la conversación en la sede de la AN en el centro de Caracas, Guaidó enfatizó que la Constitución Nacional prevé en sus artículos 233, 333 y 350, que en una situación inédita como la que se está viviendo en Venezuela, la Asamblea Nacional pueda asumir esas responsabilidades.

“Y es por eso que el Parlamento ha asumido las competencias que nos da la Constitución Nacional”, asentó.

Subrayó que la única autoridad legítima en pie en Venezuela es la AN, al tiempo de agregar que conducirse con la Constitución y en el ejercicio de las competencias establecidas por la Carta Magna “nos mantiene con afinidad a lo interno y también con acciones hacia lo internacional”.

De la ayuda humanitaria dijo que se está en trámites para el ingreso, distribución y logística. Y aunque las necesidades son muchas, el proceso no es sencillo.

“La emergencia la vamos a atender, pero sabemos que es algo circunstancial. Cuando acabemos con esta usurpación y tengamos elecciones libres vamos a poder recuperar el aparato productivo, la agroindustria, el estado de derecho y todo el marco jurídico que nos permita inversión internacional que genere empleo en Venezuela y lograr la recuperación del país”.

Sobre otra de las medidas “trascendentales” tomadas el 15 de enero como la congelación de cuentas en el exterior, Guaidó anunció que en ese sentido contarán con el apoyo internacional.

“Hoy se está usurpando la presidencia de la República y debemos proteger y salvaguardar el patrimonio público que este régimen se lo ha venido robando”.

Una vez más manifestó que la salida en Venezuela es política. Es de presión. Es de generar las capacidades para lograr un cambio político. Hay unión en la oposición, en la Asamblea Nacional, pero más importante en la ciudadanía que tiene mucha esperanza de un cambio. “La unidad opositora está consolidada, cohesionada y en avanzada. El régimen sí está muy dividido”, añadió.

En la entrevista con Cambio16, el presidente de la AN sostuvo que ha estado en permanente contacto con importantes actores internacionales, todos conscientes de la situación y dispuestos a trabajar con la restructuración y recuperación del país. Reconoció que decenas de países como Argentina, Colombia, Brasil, Paraguay, Perú y Chile, al igual que Estados Unidos, han respaldado la democracia en Venezuela.

Una vez lograda la restitución del orden constitucional, el joven ingeniero consideró que el periodo de transición hasta llegar a las urnas debe llevarse con el respeto a todos los factores y con amplitud. Es necesario reinstitucionalizar el país, renovar parte de los poderes públicos con garantía para todas las partes y celebrar elecciones libres.

“Vamos a seguir dando pasos firmes para la recuperación de Venezuela”.

“Es necesario acabar con la impunidad”

María Corina Machado es fundadora del movimiento político Vente Venezuela. Es una aguerrida opositora a Nicolás Maduro, cuyo régimen, según la exdiputada, “lo soporta un sistema de mafias que se han convertido en su protección”. Esta es una de las razones por las cuales deben acentuarse las acciones en el plano internacional.

En entrevista exclusiva con Cambio16, la dirigente sostuvo que la situación actual no es sostenible para los venezolanos, que viven expuestos a un sinfín de vicisitudes en una nación que se diluye en lo moral, en lo político, en lo ético y en lo histórico.

“Maduro tiene a más del 90% del país en contra y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se le volteó. Ahora los ingresos son exiguos porque la corrupción acabó con la principal fuente de ingresos que es Pdvsa, además tiene a toda la comunidad internacional en contra. Con un panorama así cualquier dictadura cae, pero este es un Estado criminal”.

Y es que precisamente para Machado, lo de Maduro va más allá de una dictadura, pues en el país se ha configurado un Estado, donde los carteles de la droga juegan un papel protagónico y ocupan parte del territorio. También donde las bandas criminales se dedican a la extracción de minerales, contrabando de armas y de combustible.

“Venezuela es un Estado criminal donde la mafia es el Estado y ante un régimen así no hay convivencia posible”. La líder de Vente Venezuela indicó que Maduro cruzó el 10 de enero una línea roja, al juramentarse ante el Tribunal Supremo de Justicia.

“Maduro no ha tenido legitimidad. Se robó las elecciones en el 2013, ha sido condenado por el legítimo Tribunal Supremo de Justicia por corrupción y es juzgado por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional. Al acabarse su periodo presidencial y no haber un mandatario reconocido ya no hay excusa. Para la comunidad internacional no es un presidente que usurpa o se excede. Es un dictador de facto. La única opción que hay es derrotarlo y para ello no se pueden aplicar fórmulas políticas convencionales”.

La hora del coraje

La líder de Vente Venezuela quiso enviar un mensaje a la FANB y otro a los venezolanos en general. En el caso de los militares expresó que se está ante un régimen que decidió entregar la soberanía nacional al castro comunismo cubano. Dijo que es denigrante y humillante que haya militares cubanos infiltrados en la FANB y dándole órdenes a oficiales y soldados venezolanos.

Asimismo en la entrevista con Cambio16 señaló que “estamos llegando a un punto en el que quien no actúe se convierte en cómplice de la tiranía”.

A los venezolanos, María Corina Machado indicó que esta es “la hora del coraje” ante la amenaza real y cierta de perjudicar aún más a los que se levantan contra este régimen.

“Aquí nadie se rinde ni baja la cabeza. Y esto también aplica para los venezolanos que están alrededor del mundo, que se han ido con su cordón umbilical estirado pero no roto. Les pido que alcen su voz ahora más que nunca. Prepárense para regresar. Los vamos a necesitar trabajando muy duro”.

Sobre la juramentación de Guaidó manifestó que “hizo lo correcto, lo impostergable y como paso crucial en la ruta del coraje. Este es el momento en que todos los ciudadanos civiles y militares no solo debemos apoyar sino proteger al presidente encargado de Venezuela y reconocido por las principales democracias del hemisferio y del mundo”.

Al igual que el joven ingeniero, la fundadora de Vente Venezuela ha considerado necesario que se convoquen a la mayor brevedad “elecciones libres y competitivas que garanticen paz y estabilidad a Venezuela”.

Es por ello que pidió al Parlamento que proceda a designar de inmediato a los cinco rectores del CNE para garantizar unas elecciones que les brinden confianza a todos los venezolanos. “No una farsa, no unas elecciones convocadas por Maduro, como algunos están diciendo ahora”, dijo al tiempo de agregar que ese proceso puede hacerse en forma manual, con supervisión internacional.

Subrayó que la presidencia interina debe tomar control de las cuentas de Citgo y a los militares les recordó una vez más que por el juramento que hicieron de defender la Constitución y la Nación “les corresponde desconocer a Maduro. Eso es lo que le estamos demandando”.

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