Por Juan E. Ballesteros
14/3/2017
La investigación judicial por el accidente del tren Alvia de Santiago de Compostela que descarriló en la curva de A Grandeira el 24 de julio de 2013 ha dado un vuelco tras la imputación del responsable de seguridad del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), por su presunta responsabilidad en la muerte de 80 personas, un giro en la causa que ha sido acogido con prudencia y alivio por las asociaciones de víctimas y por la representación letrada del maquinista, único imputado por el momento en esta causa.
El titular del juzgado de instrucción número 3 de Santiago de Compostela, Andrés Lago, ha citado a declarar al que fuera director de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, quien desde su responsabilidad corporativa tenía la obligación de haber comprobado las reiteradas denuncias sobre la falta de seguridad en la curva de A Grandeira y que no cumplió en ningún momento con su obligación de minimizar los riesgos.
Según el auto judicial, el peligro era evidente y había sido detectado en distintos informes por la constructora del tramo y por la consultora Ineco. Pese a que la evaluación oficial de riesgos era preceptiva, no se hizo nada en este sentido. «Todos han cumplido con su deber excepto quien, en última instancia, tenía la capacidad de decidir cómo gestionar el riesgo de descarrilamiento en curva por exceso de velocidad que finalmente fue la causa directa e inmediata del resultado», señala el auto.
Cortabitarte ya había sido imputado en este causa, en la que se negó a declarar, pero fue exonerado por la Audiencia Provincia que advirtió de que si las responsabilidades judiciales iban más allá del maquinista volvería a ser acusado. El responsable ferroviario, que hoy es subdirector de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Adif, fue el técnico que autorizó la desconexión del sistema de seguridad ERTMS, la tecnología que se usa habitualmente para regular la velocidad de los trenes de forma automatizada, sin intervención del maquinista, fundamentalmente en tramos que entrañan riesgo, un mecanismo que probablemente habría evitado el accidente y sus trágicas consecuencias. La desconexión del sistema ERTMS por problemas de compatibilidad se enmarca dentro de la modificación del proyecto del AVE Madrid-Santiago, impulsado por el Ministerio de Fomento en la etapa del socialista José Blanco como ministro.
El juez instructor, que cerró la investigación en enero de 2016 con la única imputación del maquinista Francisco José Garzón Amo, acusado de la distracción que originó el exceso de velocidad origen del descarrilamiento, se vio obligado a reabrir la causa cuatro meses después por orden de la Audiencia Provincial. Las pesquisas se retomaron tras la petición de la Asociación de Víctimas del Alvia 04155, que exigió que se ampliara la investigación a la vista de un informe de la Agencia Ferroviaria Europea que calificaba de parcial el informe pericial de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), el organismo del Ministerio de Fomento que examina las causas de este tipo de accidentes.
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