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Por CONSEJO EDITORIAL DE CAMBIO16
Más que señalar el problema, generar propuestas contra la corrupción es la responsabilidad de todos los que estamos preocupados por la salud institucional de España.
El Consejo de Europa ha comenzado el 2018 cuestionando el compromiso español en la lucha contra la corrupción.
A través del Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO), la institución sugiere que las instituciones del Estado han obviado sus recomendaciones para luchar contra este flagelo.
La corrupción es el segundo problema que más preocupa a la sociedad española, según señala el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
Y no es el primero solo por una razón: el tremendo drama del paro.
Sin embargo ocupa la primera posición en la atención de los medios de comunicación, que se hacen eco de los numerosos escándalos que ponen en riesgo al propio sistema democrático.
La lentitud de la Justicia propicia la prescripción de los delitos y no garantiza la reparación del daño causado ni la devolución de las cantidades robadas a las arcas públicas, que suelen acabar en paraísos fiscales.
Nuestras propuestas contra la corrupción
El Consejo Editorial de Cambio16, con la colaboración de algunos de los especialistas más reputados en la materia, ha elaborado un catálogo de 16 propuestas contra la corrupción.
Se trata de una aportación que pretende enriquecer el debate y el intercambio de ideas, además de recoger las inquietudes de la opinión pública, indignada con una lacra ante la que se muestran impotentes los poderes del Estado.
1.- EL CONTROL INTERNO DE LOS PARTIDOS
Creación de comisiones de control independientes. La detección previa de la corrupción debe provocar una alarma temprana en los partidos políticos y su actuación inmediata, que además de repercutir en el ámbito interno debe elevarse a la fiscalía con el fin de determinar las responsabilidades penales.
2.- VOLUNTAD DE APARTAR LA CORRUPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LOS PARTIDOS.
Los partidos hasta ahora han permanecido inactivos ante las alertas internas, incluso han sido cómplices para que el cobro de comisiones formara parte de su financiación. Han intentado ocultar este sistema, negarlo o restarle importancia.
3.- DONACIONES A LOS PARTIDOS.
Deben regularse las donaciones para un mayor control que alcance asimismo a las fundaciones, que financian de forma encubierta las campañas electorales.
4.- REPARACIÓN DEL DAÑO CAUSADO.
No sólo los políticos corruptos, sino también las formaciones políticas a las que pertenecen y las empresas implicadas deben ser responsables para responder patrimonialmente de las cantidades robadas.
5.- EXPULSIÓN DE LOS IMPUTADOS Y SEPARACIÓN INMEDIATA DE RESPONSABILIDADES PÚBLICAS.
Incluso de forma preventiva, cuando la alarma social o las conductas aunque lícitas sean poco éticas en un responsable público. Al margen de las responsabilidades penales en las que haya podido incurrir con su conducta, es preciso asumir la responsabilidad política.
6.- SUELDOS PÚBLICOS.
Un único sueldo para un cargo público.
7.- INCOMPATIBILIDADES.
Determinar aquellas responsabilidades que exijan dedicación exclusiva y sus respectivas incompatibilidades. El acceso a la responsabilidad pública no debe generar por sí mismo
oportunidades de enriquecimiento personal.
8.- NI DIETAS, NI GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE DISPOSICIÓN PERSONAL, NI TARJETAS DE CRÉDITO DE NINGÚN TIPO.
Las dietas son salarios encubiertos, complementos más que sustanciosos que proceden de las arcas públicas y que son compatibles con otros salarios públicos. Los electos y representantes políticos en estos consejos, así como los de representación privada en empresas públicas o mixtas no tendrán retribución. Los gastos de representación estarán sujetos a la intervención pública y se reflejarán en una única partida del presupuesto.
9.- LA INTERVENCIÓN.
Los cuerpos de habilitación estatal como garantes de legalidad, exactitud y transparencia. Los secretarios, interventores y tesoreros en la administración local y todas las instancias territoriales tienen una responsabilidad con los ciudadanos que va más allá de la relación con los cargos electos. Los cuerpos de funcionarios tienen que imponer en la actuación un alto nivel de exigencia ética, honestidad e integridad.
10.- LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN PÚBLICA.
Control de las fórmulas y procedimientos y comprobación de la clasificación y registro de empresas que se presenten a la contratación, concesiones y licitaciones de obras y servicios públicos.
11.- TRIBUNALES DE CUENTAS INDEPENDIENTES.
Es preciso modificar sus funciones y tiempo de contabilización de las cuentas públicas. Su composición debe estar nutrida por personal de la intervención pública, de la hacienda pública y de inspectores con una larga trayectoria, independencia y objetividad, a propuesta de los mismo cuerpos estatales y votados con un respaldo mayoritario.
12.- LAS PUERTAS GIRATORIAS.
Se propone por parte del PP y el PSOE alguna medida en este ámbito, como aumentar el tiempo de cesantía. Sin embargo, también aquí hay un claro elemento de voluntad política. No se cuestiona la incorporación de políticos a la actividad privada sino el pago de favores y el tráfico de influencias.
13.- EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y LA FISCALÍA.
Sólo una justicia transparente, rápida y eficaz dará credibilidad al sistema democrático. Es también responsabilidad de los partidos políticos que los miembros de estas instituciones que dependan de votaciones parlamentarias sean independientes y de una trayectoria intachable. Tanto la Fiscalía como la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) deben tener competencias para investigar de forma independiente, sin detrimento de la acción judicial cuando sea pertinente.
14.- EL ARREPENTIDO/COLABORADOR DE LA JUSTICIA.
Tiene que existir una figura jurídica que facilite la incentivación para promover la denuncia de los casos de corrupción y la protección de testigos.
15.- INDEPENDENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
La propiedad de la empresa informativa debería ser incompatible con la actividad política.
16.- DEMOCRACIA.
El voto es el mejor y último control. Cualquier medida de exigencia ética, de buen gobierno y de transparencia debe ir acompañada por el mejor y último control anticorrupción: el voto de los ciudaqdanos cuando son convocados a las urnas, que no debe encubrir ni perdonar la corrupción.
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