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Tanto la CIDH como Amnistía Internacional dieron a conocer sendos informes que revelan violaciones a los derechos humanos en el país centroamericano/Reuters

Amnistía Internacional reveló “posibles ejecuciones extrajudiciales” y torturas en Nicaragua

325 fallecidos. Seis posibles ejecuciones extrajudiciales. 12 casos de torturas documentados. Estas son algunas de las consecuencias de las protestas que desde abril se vienen realizando en Nicaragua contra el gobierno del presidente Daniel Ortega.

Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como Amnistía Internacional dieron a conocer este jueves sendos informes que revelan violaciones a los derechos humanos en el país centroamericano.

AI señaló que al menos seis “posibles ejecuciones extrajudiciales” documentó en Nicaragua.

En un informe presentado en Berlín, la organización defensora de los derechos humanos se refirió a dos importantes casos. En el primero dos hombres -de 22 y 34 años- y un joven de 16 años habrían fallecido ejecutados con disparos de armas de fuego de la Policía Nacional Antimotines. Esto ocurrió mientras huían de un tiroteo el 24 de julio.

Los otros tres “posibles ejecutados” son un policía que habría renunciado a su cargo y dos jóvenes que murieron el 13 de julio, cuando estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua se atrincheraron durante 18 horas en una iglesia de Managua.

Las manifestaciones contra el Gobierno de Daniel Ortega comenzaron a mediados de abril, luego de que se presentara un plan para reducir los beneficios de los pensionados.

Aunque el Gobierno después dio marcha atrás con esta medida, la represión que llevó adelante para contener las protestas enardeció a muchos ciudadanos que se han mantenido en las calles tanto en la capital como en el interior de la nación, sobre todo por la muerte de decenas de estudiantes.

Gobierno desestimó el informe

El subprocurador de derechos humanos de Nicaragua, Adolfo Jarquín Ortel, desestimó el informe de Amnistía Internacional. Argumentó que existe un interés político para perjudicar al Gobierno.

Amnistía Internacional está desautorizado para emitir informe alguno (sobre la crisis en Nicaragua)“, dijo a Reuters Ortel en su oficina en Managua.

Expresó que “aquí vino Bianca Jagger (activista de derechos humanos que acompañó a AI durante su visita al país) y lo primero que hizo fue emitir opiniones políticas contra el gobierno del comandante Ortega”.

El funcionario nicaragüense dijo que sí han podido constatar que hubo violaciones a los derechos humanos, pero en las barricadas que levantaron en las calles los manifestantes como método de protesta contra el Gobierno.

Amnistía Internacional mencionó en su informe que documentaron, además, 12 casos de tortura.

En todos los casos la finalidad de la autoridad era generar dolor o sufrimiento en las personas y fabricar evidencia testimonial contra líderes estudiantiles y sociales“, detalló.

También se mencionó en el informe que los grupos armados afines al Gobierno portaban armas de guerra.

Y es que al igual a lo que sucedió en Venezuela con las protestas del año 2017, donde murieron más de 100 personas, las acciones represivas no solo recaían en manos de los cuerpos de seguridad del Estado, sino también en los grupos armados cercanos al Gobierno de Nicolás Maduro.

En el caso de Nicaragua, Jarquín Ortel respondió que esos grupos están regulados por las leyes nicaragüenses y que ayudan en temas de seguridad.

El domingo pasado, más de 30 personas fueron arrestadas en Nicaragua por intentar llevar adelante una nueva marcha de la oposición para exigir la renuncia de Ortega. Entre los detenidos estaban activistas y dirigentes políticos, según un listado divulgado por la organización no gubernamental nicaragüense Comisión Permanente de Derechos Humanos.

CIDH: 325 fallecidos

Las cifras sobre los fallecidos desde abril por las protestas varían en forma diametralmente, dependiendo de la fuente. Para el Ejecutivo nicaragüense el número de muertos se ubica en 199, mientras que para organizaciones humanitarias locales e internacionales el número oscila entre 322 y 512.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) actualizó sus cifras el jueves y determinó que el número de fallecidos era de 325 personas. De esa cantidad 21 son policías y 24 niñas, niños y adolescentes.

“Frente a la inconsistencia de las cifras aportadas por las autoridades nicaragüenses y sus cuestionamientos al registro de fallecidos reportado por la CIDH, la Comisión reitera al Estado de Nicaragua la necesidad urgente de garantizar el acceso a información detallada sobre todas las personas fallecidas en el marco de la situación que atraviesa el país, para que la CIDH pueda cotejar y verificar la cifra con los datos proporcionados por las autoridades estatales”, subrayó el informe.

La CIDH en forma insistente ha exhortado al Gobierno de Nicaragua a respetar las manifestaciones públicas y el derecho a la libertad de expresión, al tiempo de condenar las detenciones.

Su secretario ejecutivo, Paulo Abrão, calificó el fin de semana como inaceptable las actitudes represivas y autoritarias que se observan en Nicaragua. Manifestó que en ese país se va consolidando un Estado de Excepción con medidas estatales “incompatibles” con la democracia y los derechos humanos.

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