Por Cambio16
22/09/2017
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El Govern ha pedido este viernes a la Sindicatura Electoral de Cataluña -creada por el Parlament para ejercer de junta electoral para el referéndum- que se disuelva y ceda sus funciones a entes públicos, académicos e internacionales observadores del 1-O, han informado a Europa Press fuentes conocedoras de la decisión.
El Tribunal Constitucional (TC) fijó el jueves multas diarias de 12.000 euros para cada uno de los cinco miembros de la Sindicatura y de 6.000 para cada síndico territorial -también nombrados al crearse el ente- si no desisten de organizar el 1-O.
La finalidad de estas multas no es sancionar, sino obligar a que se cumpla la resolución del TC, por lo que sólo se empiezan a imponer si se persiste en el incumplimiento a partir del día siguiente de que el BOE publique la resolución -se ha publicado este mismo viernes-.
La resolución les exige revocar todas las resoluciones y acuerdos que hayan adoptado, comunicar esa revocación a sus destinatarios y que los síndicos renuncien a sus cargos.
La Sindicatura Electoral está compuesta por los juristas Marc Marsal, Marta Alsina y Josep Pagès, y los politólogos Jordi Matas y Tània Verge; y además hay síndicos territoriales.
Detenidos en libertad
Entretanto, el juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona ha dejado en libertad con cargos a Josep Maria Jovè, ex ‘número dos’ de Oriol Junqueras en la conselleria de Economía detenido en la macrooperación del 1-O, y con la obligación de comparecer semanalmente.
Según han informado fuentes judiciales, el magistrado ha dejado también en libertad provisional a Josep Sallent, responsable de Estrategia e Innovación del Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información (CTTI), que como Jové se ha negado a declarar ante el juez.
También el jueves, la Guardia Civil dejó en libertad con cargos a ocho personas de las catorce detenidas anteayer por organizar el referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional están en libertad provisional.
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