Comparador de programas: La reforma de la Constitución

Por Iñigo Aduriz
13/12/2015

Para unos es la gran prioridad. Para otros, una medida secundaria pero necesaria ante el nuevo tiempo político que se abrirá a partir del 20 de diciembre. 37 años después de su aprobación, la reforma de la Constitución se presenta como uno de los grandes retos de la nueva legislatura y prácticamente todos los partidos políticos con opciones de gobierno lo incluyen en sus respectivos programas electorales. La propia Carta Magna exige que, para ser reformada, el consenso debe ser máximo. Es necesario que la reforma la apoyen, al menos, tres quintas partes del Congreso de los Diputados.

La máxima dificultad será esa: lograr el acuerdo. Porque las propuestas son tan diversas como partidos políticos se presentan a las elecciones. Los principales consensos tienen que ver con la reforma del Senado o la modificación del precepto que establece como prioritaria la figura masculina a la hora de heredar la corona. Además se plantean modificaciones del modelo de Estado o la inclusión en la ley de leyes de nuevos derechos fundamentales.

Al final de la precampaña el PP ya quiso dejar claro que no tomaría la iniciativa a la hora de plantear una reforma constitucional pero que sí estará dispuesto a debatir acerca de las que presenten el resto. En su programa constatan que la Carta Magna «es de todos y para todos». Recalcan, por ello, que no aceptarán «que se cuestione su vigencia sin ningún fundamento». «Creemos en el respeto y la preservación de los principios, valores y opciones fundamentales que el pueblo español quiso establecer como pilares de nuestra democracia. Y ahora toca reivindicarla más que nunca», apuntan. Por eso más que un cambio constitucional plantean «una reforma institucional» en la que contemplan cambiar la ley electoral para que «la responsabilidad de gobernar la asuma el partido que recibe más votos», y una reformulación del sistema parlamentario para convertir las Cortes «en el centro de la vida política nacional».

Ya en 2011 los socialistas llevaron en su programa una propuesta de reforma constitucional que en su nuevo texto han ampliado y actualizado. En términos generales plantean cinco grandes objetivos. En busca de una sociedad y un Estado «con más justicia social» proponen incorporar a la Constitución «mecanismos que garanticen el Estado del Bienestar fortaleciendo derechos sociales». Esto implicaría, por ejemplo, sumar al texto la protección de la salud o el reconocimiento de una renta mínima ante situaciones de riesgo. El PSOE también fortalecería y ampliaría derechos y libertades, introduciría mejoras de la calidad democrática y de las instituciones reduciendo, por ejemplo, el número de aforados o modificando la ley electoral. El planteamiento territorial del partido sería el del modelo federal. Asimismo, adecuaría y reforzaría su articulación con la Unión Europea, colocando a España «a la vanguardia de una Europa social, y reforzando también los lazos «con los países hermanos de América Latina».

Todo el programa electoral de Podemos está elaborado en base al proceso constituyente que pretende poner en marcha en el caso de que llegue al Gobierno. Se trata, según explican en su programa electoral, de instaurar «una nueva arquitectura jurídica». La formación morada pretende establecer las garantías para que las instituciones «protejan el derecho a la salud, la educación, la vivienda y el trabajo digno de la gente con un nivel de cobertura jurídica similar al que poseen los derechos civiles y políticos». La formación encabezada por Pablo Iglesias quiere que la Carta Magna facilite también «el cambio del modelo productivo español» garantizando la inversión pública en investigación. Incorpora, asimismo, «el carácter plurinacional de España» y «el derecho a decidir». Propone, además, un nuevo sistema electoral que certifique «que el voto de cada persona tiene el mismo peso y valor».

Para el partido de Albert Rivera «no se trata de cambiar el sistema sino de mejorar su funcionamiento». Ciudadanos quiere incorporar en la Constitución el derecho a la protección de datos personales o el derecho a la transparencia. Además de la eliminación de la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión del trono, la formación naranja contempla una nueva sección de derechos sociales, acompañada de su correspondiente garantía presupuestaria. Reformaría la ley de partidos en aras de una mayor democracia interna y «más transparencia», pondría en marcha una nueva ley electoral, facilitaría la Iniciativa Legislativa Popular y eliminaría «los privilegios de los representantes públicos». Ciudadanos también suprimiría el Consejo General del Poder Judicial, despolitizaría el Tribunal Constitucional cambiando el método de elección de sus miembros o acabaría con el Senado, entre otras iniciativas.

La plataforma que respalda IU también ordena su programa electoral en torno a la idea de un proceso constituyente. Unidad Popular va así más allá de la mera reforma y quiere una Constitución nueva, «ante el agotamiento de un sistema que ha devenido ilegítimo y que funciona de espaldas al pueblo». La organización que encabeza Alberto Garzón busca «una constitución republicana, fundamentada en la participación ciudadana». En su texto afirman que «la II República se fundamentará en un modelo de Estado federal, defendiéndose el derecho de autodeterminación de los pueblos que lo conforman basado en la libre voluntad de las partes en unirse en un proyecto común, como una elección libre y democrática de los pueblos». Unidad Popular considera que es necesario «un cambio político sustancial que conlleve un giro económico, social, cultural y ético radical».

Además de la instauración de un «Estado federal cooperativo» que delimite y limite las competencias de las comunidades autónomas, UPyD quiere incluir en su reforma constitucional la supresión completa del Senado. También contempla un «impulso de la laicidad del Estado, garantizando la libertad de conciencia y de prácticas religiosas legítimas -que no atenten contra los principios básicos de la Constitución-, así como la autofinanciación de las confesiones religiosas y la total separación de preceptos religiosos e instituciones del Estado». Además de la supresión de la discriminación por sexo en el acceso a la Corona, la formación magenta quiere que se clarifique el papel de la institución monárquica «en el marco del estado social y democrático de derecho», dando seguridad jurídica al contenido y procedimientos relativos a los siguientes asuntos: «la inhabilitación, regencia y tutela del Rey; la provisión de la sucesión a la Corona en el caso de que se hubieren extinguido todas las líneas llamadas en derecho y el refrendo de los actos del Rey y la inviolabilidad, en concreto la autorización del Rey para declarar la guerra y la paz».

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