Un estudio del Instituto Cato, basado en tres décadas de datos, muestra que los trabajadores extranjeros aportan billones de dólares más en impuestos de lo que consumen en servicios
Cada cuatro años, el debate político en Estados Unidos parece tropezar con la misma piedra: la inmigración, que suele presentarse como una carga financiera insostenible en los discursos de campaña, en las tertulias televisivas y en los pasillos del Capitolio. Una especie de agujero negro presupuestario que drena los recursos de las escuelas públicas, satura los hospitales y compromete el futuro de las pensiones.
La premisa tan simple como lógica, parte de la base de que si llega más gente, habrá que repartir el mismo pastel entre más bocas. Sin embargo, cuando los economistas se sientan frente a las hojas de cálculo y rastrean el recorrido real de cada dólar que entra a las arcas públicas, el dibujo resulta ser casi el inverso.
Los inmigrantes actúan como un potente amortiguador fiscal para la primera economía del mundo. Un análisis elaborado por investigadores del Instituto Cato, un centro de estudios libertario con sede en Washington, ha vuelto a poner cifras concretas sobre la mesa para desmontar uno de los mitos más persistentes de la política actual.

El estudio examina tres décadas de datos gubernamentales —desde 1994 hasta 2023— y revela que la población nacida en el extranjero aporta sustancialmente más en impuestos de lo que consume en servicios y beneficios públicos, generando un superávit neto que ayuda a contener el gigantesco déficit federal estadounidense.
La inmigración en Estados Unidos atraviesa una etapa ade fuertes restricciones, a través del ICE y cambios en las políticas bajo el gobierno de Donald Trump, en la que se han endurecido las vías legales, reducido los cruces fronterizos y propuestos recortes en los plazos de apelación legal.
El peso de la inmigración en Estados Unidos
Mirar más allá de la foto fija de un año fiscal hay observar el ciclo de vida completo de una persona. La clave reside en una variable demográfica tan simple como determinante: la edad. La inmensa mayoría de quienes cruzan las fronteras estadounidenses en busca de oportunidades y mejor calidad de vida, lo hacen en la plenitud de su vida laboral, generalmente entre los veinte y los cuarenta años.
Esto significa que Estados Unidos recibe trabajadores listos para producir y tributar sin haber tenido que invertir un solo centavo en su infancia ni en su educación básica, dos de las partidas más costosas para cualquier Estado. Mientras que un ciudadano nacido en el país pasa sus primeras dos décadas de vida consumiendo recursos públicos en forma de escuelas, atención pediátrica y subsidios familiares antes de empezar a pagar impuestos sobre la renta. La inmigración aterriza directamente a Estados Unidos en la casilla de salida del mercado laboral.

Los números recopilados por los economistas Alex Nowrasteh y Michael Howard en el citado informe, reseñado por El Pais, ilustran esta dinámica. Al cruzar los datos de la Oficina del Censo y los modelos presupuestarios federales, estatales y locales, los autores calculan que solo en 2023, los inmigrantes generaron un impacto fiscal neto positivo de cientos de miles de millones de dólares. Si se amplía el foco a los treinta años analizados en el estudio, el saldo acumulado a favor de las finanzas públicas estadounidenses supera los 14 billones de dólares en términos reales.
En otras palabras, sin la contribución tributaria de los trabajadores extranjeros y sus familias, la deuda nacional de Estados Unidos —que ya supera con creces el cien por ciento de su Producto Interno Bruto— sería notablemente mayor y mucho más difícil de financiar.
Trabajo y pago de impuestos
Esta aportación no se limita a los impuestos sobre la renta que pagan los profesionales altamente calificados en Silicon Valley o en los hospitales de Nueva York, aunque obviamente ese segmento desempeña un papel crucial. El efecto positivo atraviesa prácticamente todos los niveles educativos y salariales. Incluso en el caso de los trabajadores con menor formación y de quienes se encuentran en situación irregular.

La razón es una combinación de alta participación laboral y restricciones legales al acceso a las ayudas sociales. Por un lado, las tasas de empleo entre los hombres inmigrantes suelen superar a las de los nacidos en Estados Unidos. Trabajar más horas, tienden a jubilarse más tarde y muestran una mayor movilidad geográfica para acudir allí donde faltan manos. Bien sea en el sector construcción en Texas, en la agricultura en California o en la hostelería en Florida.
Por otro lado, el diseño del sistema de bienestar estadounidense actúa como un filtro riguroso. La legislación federal, endurecida tras la reforma de 1996, prohíbe a la mayoría de los inmigrantes legales acceder a programas federales de asistencia como Medicaid. Los cupones de alimentos o las ayudas directas durante sus primeros cinco años de residencia. En el caso de los indocumentados, la exclusión es casi total. No tienen derecho a prestaciones federales, no reciben cheques de estímulo ni pueden cobrar pensiones de jubilación. A pesar de que millones de ellos sí pagan impuestos.

A través de números de identificación fiscal individual (ITIN) o retenciones salariales automáticas, la inmigracón de trabajadores inyecta cada año decenas de miles de millones de dólares en las arcas de la Seguridad Social de Estados Unidos y Medicare. Sistemas de los que difícilmente podrán beneficiarse en el futuro, muestra el amplio estudio.
Sin acceso a la seguridad social
Este punto resulta especialmente relevante en un país que, al igual que Europa y buena parte de Asia oriental, se enfrenta a un acelerado envejecimiento de su población. La generación del baby boom se está retirando en masa, lo que estrecha cada vez más la proporción entre trabajadores activos y jubilados. En la década de 1960 había más de cinco empleados cotizando por cada pensionista en Estados Unidos. Hoy esa relación ha caído por debajo de tres a uno, y las proyecciones indican que seguirá disminuyendo a futuro.
En este contexto demográfico, la inmigración funciona como una transfusión de juventud que mantiene a flote el pacto intergeneracional. Cada trabajador extranjero que se incorpora a la economía formal ayuda a pagar las pensiones y la atención médica de los jubilados estadounidenses actuales. Aliviando una presión fiscal que de otro modo recaería sobre los hombros de los jóvenes nativos mediante subidas de impuestos o recortes de prestaciones.

El informe del Instituto Cato también arroja luz sobre una distinción que suele generar fricciones entre distintos niveles del gobierno. El reparto desigual de ingresos y gastos entre el gobierno federal y los estados o municipios. Es cierto que, una escala estrictamente local, la llegada de familias inmigrantes con hijos puede incrementar a corto plazo el gasto. En educación primaria y secundaria o en servicios municipales básicos. Dado que los impuestos locales dependen en gran medida de la propiedad inmobiliaria y el consumo, mientras que los impuestos sobre la renta y las cotizaciones sociales fluyen hacia Washington.
Sin embargo, el estudio demuestra que incluso cuando se suman los presupuestos federales, estatales y locales en un mismo equilibrio consolidado, el resultado global sigue siendo claramente favorable.
Solvencia económica creciente
Refiere el documento que los hijos de esos inmigrantes —la segunda generación— terminan convirtiéndose en algunos de los contribuyentes más rentables para las arcas públicas. Una vez que completan sus estudios y acceden a empleos mejores remunerados.
Más allá de las cifras macroeconómicas, la evidencia empírica invita a replantear la manera en que se aborda la política migratoria. Tratar la movilidad humana exclusivamente como un problema de orden público o de caridad pasa por alto su dimensión estructural como motor de solvencia económica. El dinamismo fiscal de Estados Unidos frente a otras economías desarrolladas con políticas más restrictivas, como Japón, no es fruto del azar ni únicamente de su liderazgo tecnológico. Descansa también en su capacidad histórica para atraer talento y mano de obra del resto del mundo e integrarlos en el tejido productivo.
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