«El acuerdo entre la UE y Turquía vulnera los tratados internacionales de derechos humanos»

• Éxodo hacia la vida

Las ONG están en contra del acuerdo entre la UE y Turquía para expulsar a los refugiados e inmigrantes que lleguen a Grecia porque «vulnera» los tratados internacionales de derechos humanos y porque creen que ese país no asegura una adecuada protección a estas personas, cuya vida así «puede correr peligro». Postura con la que coincide Elena Valenciano, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo:

El preacuerdo UE-Turquía sobre refugiados podría violar la legislación internacional. pic.twitter.com/ZVdvUnjGcT

— Elena Valenciano (@ElenaValenciano) March 8, 2016

Esta es la opinión que han mostrado algunas ONG consultadas por Efe sobre este acuerdo por el que Turquía aceptará la devolución de todas las personas que se trasladen clandestinamente desde su territorio a Grecia y por el que reclama otros 3.000 millones de euros y agilizar la liberalización de visados.

La secretaria general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Estrella Galán, ha denunciado este acuerdo porque, además, «Turquía no asegura una adecuada protección a las personas refugiadas, dado que es un país donde no están garantizados los derechos humanos».

Galán cree que las devoluciones de refugiados con la contraprestación de reasentar sólo a los de origen sirio «vulnera claramente el principio de no devolución de la Convención de Ginebra de 1951, que garantiza que las personas no sean expulsadas donde su vida pueda correr peligro o no se respeten los derechos humanos».

«Nos parece vergonzoso y un despropósito -ha dicho- que Europa intente convertir a Turquía en el gran campo de refugiados a su servicio, sin tener en cuenta la reiterada violación de derechos humanos que allí se producen, apoyándose en el Gobierno turco para que actué como gendarme de nuestras fronteras».

También, Paula San Pedro, responsable de incidencia política en emergencias de Oxfam Intermón, ha criticado esta decisión porque con ella la UE «pasa a un país, que no consideramos seguro, una responsabilidad que vulnera la protección internacional».

Por ello, considera que Europa «está invirtiendo mucho más tiempo en poner freno al flujo de emigración, en vez de buscar soluciones».

María Jesús Vega, portavoz de el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en España, ha incidido en que la expulsión colectiva «está prohibida por la Convención Europea de Derechos Humanos» y ha alertado a la UE de que la legalidad internacional «hay que respetarla por encima de todo».

«¡Qué ejemplo vamos a dar! -ha comentado Vega-. Terminamos haciendo que se tambalee el propio sistema europeo de asilo con esta crisis y los principios de derechos humanos sobre los que se fundó la propia UE, que resurgió de sus cenizas tras la Segunda Guerra Mundial».

Ante esta situación, Acnur ha convocado para el 30 de marzo una cumbre en Ginebra con todos los países con el fin de que planteen sus compromisos en materia de acogida y cuota.

El director general de Acción contra el Hambre, Olivier Longué, también ha mostrado a Efe su preocupación por esta medida «para salir al paso» porque puede ser «al final una forma de echar a cientos de miles de personas a un agujero negro donde se van a amontonar a refugiados«.

«Va a ser un callejón sin salida, pero esto va a durar un par de semanas, porque luego la gente cuando entienda que no lleva a ningún sitio volverá a emprender su camino hacia Europa», según Longué, quien ha incidido en la necesidad de que la UE cumpla con «todo lo firmado tras la Segunda Guerra Mundial en derecho de refugiados«.

Por su parte, Carlos Ugarte, responsable de relaciones externas de Médicos Sin Fronteras, ha dicho que con «esta nueva ocurrencia» de la UE se volverá a agravar la situación humanitaria de las familias que están intentando llegar desde hace años a Europa.

Lo único que se conseguirá, en su opinión, es «aumentar la dosis de sufrimiento de gente que va a seguir intentando llegar y por otra vía de acceso más peligrosa, que supondrá mayor pérdida de vidas humanas.

«Es una externalización de frontera: Que Turquía a cambio de dinero me haga de policía para que a mí no me llegue esto, lo único que demuestra es la falta de responsabilidad de las políticas europeas al hacer frente a esta crisis humanitaria de refugiados«, ha concluido.

También las entidades de acción social de la Iglesia que trabajan con refugiados y migrantes -Cáritas, CONFER, la Compañía de Jesús y Justicia y Paz- han expresado su «consternación y su más absoluto rechazo» ante el acuerdo.

Creen que supone un «giro radical» en la política migratoria y un serio retroceso en materia de derechos humanos y que la imagen de una «Europa de los mercaderes» vuelve a emerger como «escandaloso colofón a la larga serie de acciones represivas» que se han adoptado contra los refugiados.