El Supremo en Venezuela ordena a alcaldes opositores impedir «barricadas» o irán a prisión

Por Cambio16
25/05/2017

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El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela emitió este miércoles una resolución contra ocho alcaldes de partidos de oposición al Gobierno de Nicolás Maduro, emplazándolos a «velar por la seguridad de sus municipios», so pena de ejercer acciones penales contra ellos en caso de no cumplir, esto en relación con las protestas que, desde hace más de 50 días, se vienen escenificando en el país caribeño en contra del Gobierno.

Los afectados por esta resolución serían los alcaldes del estado (comunidad) de Miranda Gerardo Blyde, del municipio Baruta; José Luis Rodríguez Fernández, del municipio Carrizal; José Fernández López, del municipio Los Salias; Ramón Muchacho, del municipio Chacao y David Smolansky, del municipio El Hatillo. Cabe destacar que es en todos estos municipios han sido los epicentros de las protestas y los posteriores actos represivos por parte de los cuerpos de seguridad de Nicolás Maduro, quienes han impedido que las manifestaciones accedan al centro de Caracas (municipio Libertador), espacio de asiento de los poderes públicos y a donde los manifestantes han intentado llegar desde que iniciaron sus protestas.

Medidas similares fueron aplicadas a Juan Peña, Carlos García, Omar Lares, alcaldes de tres municipios del estado de Mérida, en el occidente de país y cercano a la frontera con Colombia.

En la resolución emitida por el Supremo venezolano. se emplaza a estos ediles a realizar todas las acciones para evitar que los manifestantes coloquen obstáculos en las vías de sus zonas y la posterior remoción de los mismos. Se refiere el tribunal a las llamadas «barricadas«, barreras improvisadas utilizadas por los manifestantes para protegerse de la acción represiva de los funcionarios policiales.

Asimismo, la medida impone a los alcaldes girar las instrucciones necesarias en sus respectivos cuerpos de policía municipal, a fin de dar cumplimiento efectivo a actividades «preventivas y de control del delito» que aseguren «la paz social, la convivencia, el ejercicio pacífico de los derechos y el cumplimiento de la ley».

Si los alcaldes no hacen lo que les indican las demandas, precisa el Supremo, incurrirían en «desobediencia a la autoridad» y se expondrían a ser castigados con prisión de seis a quince meses.

Una medida similar fue impuesta en 2014 a los alcaldes Daniel Ceballos, alcalde del municipio San Cristóbal del estado Táchira, y Enzo Scarano, alcalde del municipio San Diego del estado Carabobo. Menos de tres meses después, la Sala Constitucional destituyó y ordenó apresar a ambos mandatarios por haber desacatado lo establecido en el amparo. De éstos, el primero, Daniel Ceballos, aún continúa detenido en la cárcel militar de Ramo Verde, donde también se encuentra detenido el líder opositor Leopoldo López.

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