El Supremo ignora a la Asamblea y declara a Venezuela en emergencia económica

Por Cambio16 | Efe
12/02/2016

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La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) ha declarado la «validez» y «vigencia» del decreto de emergencia económica que dictó el jefe de Estado, Nicolás Maduro, a principios de año, y que fue desautorizado por el Parlamento de mayoría opositora.

En su decisión, publicada en la página web del TSJ, se señala que el decreto 2.184, publicado en la Gaceta Oficial del 14 de enero de 2016 por el que se declaró el estado de emergencia económica, «entró en vigencia» desde que fue dictado y añade que «su legitimidad validez, vigencia y eficacia jurídica-constitucional se mantienen irrevocablemente incólume(s)».

La Sala Constitucional indica que el pasado 3 de febrero, una decena de representantes de consejos comunales interpusieron un «Recurso de interpretación de naturaleza constitucional» de los artículos de la Carta Magna y de otras normas que sustentan el decreto de emergencia económica que lanzó Maduro.

En la sentencia se señala, además, que «el control político de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) sobre los decretos que declaran estados de excepción no afecta (a) la legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídica de los mismos».

El 22 de enero pasado la AN, de mayoría opositora, rechazó convalidar el decreto de emergencia económica aprobado por Maduro días antes para hacer frente a la crisis de la nación petrolera por considerarlo un «cheque en blanco» para el jefe del Estado.

La propuesta fue rechazada con 107 votos de la oposición frente a 53 oficialistas que votaron a favor, después de que la comisión especial designada para evaluar el contenido del decreto de excepción recomendara su desaprobación.

Los opositores dijeron no creer que otorgar más facultades al Ejecutivo sea la solución a la crisis pues el Parlamento ya le concedió al presidente, en 2014 y 2015, poderes especiales que le habilitaron para legislar en varias áreas y atajar la situación económica.

Con esa decisión parlamentaria quedaba sin efecto la medida que permitía al Ejecutivo, entre otras cuestiones, disponer de recursos sin control del Parlamento, así como de bienes y mercancías de empresas privadas para garantizar el abastecimiento. Establece además la posibilidad de que se restrinja el sistema monetario y el acceso de los venezolanos a la moneda local y extranjera, así como la posibilidad de que el Gobierno intervenga bienes privados para garantizar el abastecimiento.

Maduro criticó entonces la decisión del Parlamento y pocos días después dijo que tomaría acciones legales contra el presidente de la Cámara, Henry Ramos Allup y contra el diputado José Guerra que impulsó el informe para desaprobar el decreto.

Asimismo dijo que la decisión del Parlamento fue «inconstitucional» y anunció que nada lo detendría en la ruta por estabilizar la economía.

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