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En libertad bajo fianza tres periodistas en Myanmar. Un informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) denunció el mes pasado que la libertad de expresión y de prensa están bajo continuo ataque en Myanmar (Birmamia). La causa: el uso de leyes de “forma fraudulenta” para controlar el periodismo independiente.
Este viernes el periodismo de ese país recibió una dosis de oxígeno, con la decisión de un tribunal de dejar en libertad bajo fianza a tres periodistas del diario privado más importante del país.
El corresponsal jefe del semanario Eleven Media, Phyo Wai Win, y otros dos editores, Kyaw Zaw Lin y Nayi Min, fueron detenidos el 10 de octubre por una denuncia del gobierno regional en la capital comercial de Rangún. Estaban acusados de incitación tras publicar un artículo que hizo que crecieran las dudas sobre los gastos del Gobierno.
La prisión de Insein, a las afueras de la ciudad, se convirtió en el centro de reclusión de los periodistas. También el hecho significó un nuevo golpe a la libertad de expresión en el país. En los últimos meses decenas de periodistas han sido procesados.
“Es imposible para los periodistas ejercer su trabajo sin miedo”, denunció el informe de Oacnudh, que incluyó casos de los estados de Kachin, Shan y Rakáin, donde viven minorías étnicas y religiosas como los rohinyás.
Aunque ahora con libertad bajo fianza, la acusación de desinformar que pesa sobre los tres periodistas birmanos podría condenarles a dos años de cárcel.
La fianza que debieron pagar Kyaw Zaw Lin, Nari Min y Phyo Wai Win fue de de 10 millones de kyats (6.323 dólares o 5.567 euros), reseñó EFE.
La siguiente sesión de este proceso se fijó para el 9 de noviembre próximo.
Ofensa contra el Estado
La denuncia presentada por el Gobierno de Rangún sostiene que el texto publicado por los acusados el 8 de octubre vulnera la Sección 505 (b) del Código Penal. Este enunciado condena la publicación o circulación de mensajes a través de comunicados, rumor o informe que puedan generar “miedo o alarma pública”.
Bajo un seudónimo, Phyo Wai Win escribió un artículo en el que acusa a las autoridades regionales de malgastar dinero público ante la falta de control. Los acusados sostienen que la información es cierta y se basa en datos oficiales y debates en el Parlamento regional.
No obstante, la parte demandante mantiene la tesis que lo publicado en el semanario es falsa.
La Asociación de Asistencia para Prisioneros Políticos en Birmania señala que la Sección 505 (b) deja abierta a interpretación lo que se considera “ofensa contra el Estado” y “tranquilidad pública” y por eso se emplea contra los activistas y opositores, agregó EFE.
El pasado 17 de octubre, el presidente birmano, Win Myint, ordenó a las autoridades de Rangún que cumpliesen la Ley de Prensa. El instrumento jurídico establece que primero se recurra a la mediación del Consejo de Prensa antes de acudir a los tribunales de justicia.
Condenados a siete años de prisión
La anterior decisión en Myanmar contra la libertad de expresión ocurrió el pasado 3 de septiembre. En esa ocasión, la acusación contra los periodistas de Reuters Wa Lone, de 32 años, y Kyaw Soe Oo, de 28, fue por incumplir la Ley de Secretos Oficiales, al recopilar documentos confidenciales.
La detención de los dos profesionales se produjo el 12 de diciembre.
El juez de distrito del norte de Yangón, Ye Lwin, dijo que “los acusados (…) violaron la Ley de Secretos Oficiales, sección 3.1.c”. La condena: siete años.
Los dos periodistas se declararon inocentes. Dijeron que dos agentes de policía les entregaron papeles en un restaurante en la ciudad de Yangón momentos antes de que otros oficiales los arrestaran. Un testigo de la policía declaró que la reunión del restaurante era una trampa.
Wa Lone y Kyaw Soe Oo estaban desarrollando una investigación sobre un asesinato masivo de musulmanes rohinyá en la región de Rakhine.
Sobre la situación del periodismo en Myanmar, la alta comisionada para los derechos humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, afirmó que “cuando los periodistas son encarcelados por simplemente visitar una área controlada por un grupo armado, cuando sus fuentes son encarceladas por ofrecer información sobre zonas en conflicto, y cuando una publicación en Facebook puede implicar una acusación de difamación, no es el contexto ideal para una transición democrática”.
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