El proyecto movilizará inversiones por 9.000 millones de euros, de los que 4.700 millones irán destinados a la vivienda y cerca de 4.300 millones al transporte, con el fin de acelerar la transición energética en ambos sectores
España anunció un plan climático, en concordancia con los objetivos de la Unión Europea, dotado con un presupuesto de 9.099 millones de euros que se desarrollará entre 2026 y 2032 para profundizar la transición energética. La estrategia oficial está dirigida a proteger de forma estructural y permanente a los hogares vulnerables y a las microempresas, proporcionando viviendas y transportes sostenibles.
El proyecto de Plan Social para el Clima ha entrado a audiencia pública como una iniciativa de alto impacto orientado a las familias más vulnerables. Es financiado en un 75% por el Fondo Social para el Clima de la UE, lo que representa algo más del 10% de los recursos totales que el bloque ha asignado a España para este fin. El documento está expuesto para la recepción de alegaciones ciudadanas y colectivas hasta esta semana, con la meta de ser remitido a la Comisión Europea para su aprobación antes de que concluya el año.
El presupuesto total de la propuesta se divide en dos grandes bloques operativos, destinando el 52%, equivalente a 4.723 millones de euros, al componente de edificios y vivienda. Mientras que el 48% restante, que supone unos 4.376 millones de euros, se encauzará hacia la descarbonización y accesibilidad de la movilidad y el transporte.
En lo que respecta al apartado habitacional, el plan contempla una serie de líneas de abordaje que dejan atrás los escudos sociales temporales. La mayor partida dentro de este bloque, cifrada con 1.813 millones de euros, se enfocará en la promoción de vivienda asequible y sostenible, a través de la construcción de nuevos inmuebles bajo los estándares energéticos más elevados y la rehabilitación integral de infraestructuras sin uso residencial actual.
Un plan climático social para España
El proyecto del plan climático social de España prevé 1.220 millones de euros para la rehabilitación a escala de barrios enteros y entornos urbanos vulnerables. Incluyendo sistemas de climatización renovable y el desarrollo de redes de calor y frío de distrito. El propósito es que “consuman menos energía, reduzcan emisiones y, sobre todo, reduzcan facturas”, señaló el jefe del gobierno, Pedro Sánchez.
Un 23 % de los habitantes de las zonas urbanas no tienen una movilidad pública garantizada. En el ámbito rural ese porcentaje se eleva al 93 %.
Y con el fin de democratizar la energía y abaratar directamente los recibos de la luz, el plan asigna 923 millones de euros para rehabilitar edificios residenciales privados, 278 millones para viviendas individuales, y 300 millones de euros dedicados exclusivamente al impulso de las comunidades energéticas y los consumidores activos. Conscientes de la brecha digital y territorial, se reservan 27 millones de euros para la iniciativa RED-ACTÚA. Una red de oficinas de asesoramiento presencial e itinerante en zonas rurales para facilitar la tramitación de estas ayudas.
Para ello, se crearán ventanillas únicas y oficinas de asesoramiento para facilitar el acceso a los aportes. Y reducir la brecha digital, con atención presencial e itinerante en zonas rurales. Asimismo, se idearán medidas de rápida ejecución para hogares en situación de urgencia térmica y actuaciones de mejora de climatización en centros públicos educativos y asistenciales. El plan climático, respaldado por varios despachos del gabinete, contempla intervenciones personalizadas a aquellos hogares en España que, por su ubicación en edificios plurifamiliares, no puedan someterse a una rehabilitación comunitaria.
Asimismo, se estiman otros 162 millones de euros destinados a proyectos piloto de intervención exprés orientados a la urgencia térmica en centros educativos y asistenciales públicos.
Viviendas sostenibles y asequibles
En un contexto marcado por la inestabilidad internacional derivada de la crisis en Oriente Medio y el bloqueo del Estrecho de Ormuz, la propuesta oficial avanza desde las medidas de protección temporales hacia soluciones permanentes y de carácter transformador.
La transición energética es una oportunidad para las empresas y las familias de reducir su exposición a la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles. Ganando en competitividad, calidad de vida y contribuyendo a la vez a la lucha contra el cambio climático.
El transporte representa más de un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero en España. Y es uno de los sectores más expuestos a la volatilidad de los precios de los hidrocarburos. Para responder a este desafío, el Componente de Transporte del plan movilizará 4.376 millones con el objetivo de facilitar el acceso a alternativas limpias. Reforzar la cohesión territorial y reducir la pobreza de transporte. Así como apoyar a microempresas y autónomos cuya actividad está centrada en el transporte por carretera. En ese sentido, los grandes focos son:
- Se destinarán 846,2 millones a apoyar la renovación de flotas de vehículos pesados por vehículos eléctricos en microempresas vulnerables. Mediante ayudas que podrán cubrir hasta el 100% de ese sobrecoste.
- Construcción de infraestructuras ciclistas seguras (357 millones) e implantación de sistemas públicos de bicicleta. Tanto convencionales como de alquiler de larga duración,} para favorecer el cambio hacia una modalidad activa.
- Se financiarán carriles reservados para autobuses por valor de 224,3 millones con el objetivo de desarrollar al menos 28 proyectos que sumarían más de 80 kilómetros de nuevos carriles exclusivos. Y se impulsará un sistema tarifario unificado mediante el “Abono Único Social”.
Transición verde y tarifas más bajas
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, indicó que el plan se lanza ahora a una segunda fase de audiencia pública con el fin de “remitir una propuesta a Bruselas antes de fin de año. Es un instrumento fundamental en tiempos con desafíos cada vez más conectados”. Debe ser “motor de justicia y equidad”.
La ministra invitó a seguir apostando por la agenda verde “también a escala cotidiana”. El plan, ha añadido, impulsa “la revolución verde para todos, empezando por los hogares, los autónomos y los territorios más vulnerables”, sobre las dos palancas de la vivienda y la movilidad.
La elaboración de planes sociales nacionales para el clima está prevista en el paquete normativo europeo Objetivo 55. Deben contener medidas e inversiones para reducir las emisiones de CO2 en los sectores del transporte por carretera y los edificios. También disminuir los costes para consumidores y microempresas vulnerables.
Los planes nacionales europeos se nutren del Fondo Social para el Clima. Al que se le asignará un máximo de 65.000 millones de euros entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2032, de los que un 10,52 % corresponderán a España. Además, cada Estado deberá aportar adicionalmente un 25% del importe de su plan con cargo a sus propios presupuestos. En el caso de España ronda los 9.000 millones.
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