España multa a WhatsApp y Facebook por manejo indebido de datos

Por Cambio16
16/03/2018

España multa a WhatsApp y Facebook por «ceder y tratar» los datos personales de sus usuarios. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto multas de 300.000 euros (369.429 dólares) a las plataformas, dio cuenta el sitio web de la institución. Las sanciones se argumentan en que ambos servicios compartieron datos de usuarios para sus propios fines. Ésto, argumenta la sanción, sin contar con «un consentimiento válido» de los internautas.

«La aceptación de esas nuevas condiciones se impuso como obligatoria. La comunicación de datos personales a Facebook no tiene relación con las finalidades determinadas en la recogida de datos original. Asimismo e realizó sin ofrecer a los usuarios una información adecuada. Tampoco sin la opción de mostrar su negativa a las mismas», indica la declaración de la AEPD sobre la multa a WhatsApp y Facebook.

La AEPD ha denunciado la práctica en que los usuarios que ya tenían instalado WhatsApp estaban obligados a aceptar los nuevos términos antes de un plazo concreto para seguir utilizando el servicio. También ha indicado que los usuarios nuevos ni siquiera podían gozar de la aplicación sin dar su permiso a nuevos términos. La agencia ha fallado que estas prácticas abusivas se pueden interpretar como «algo que ejerce una influencia real en la libertad de elección del interesado». Por consiguiente, afirman, el consentimiento no puede considerarse libre.

«Infracciones graves» tras la multa a WhatsApp y Facebook

La AEPD ha explicado que, según la ley, el consentimiento debe ser específico e informado. Finalmente ha remarcado que los términos de condiciones impuestos por WhatsApp tampoco correspondieron a estos dos criterios por ser vagos y ambivalentes.

WhatsApp fue comprada en 2014 por Facebook. En agosto de 2016 actualizó los términos de su servicio y la política de privacidad. Fundamentalmente introdujo cambios como el hecho de compartir información de sus usuarios con Facebook.  La agencia ha considerado estas acciones como «infracciones graves de la Ley Orgánica de Protección de Datos».