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Miquel Roca: “Soy reticente a una reforma acelerada de la Constitución”

Su nombre se asocia al consenso de la Transición que posibilitó la Constitución de 1978. No en vano, este hombre que representaba a la llamada “Minoría Catalana” es uno de los siete padres la carta magna. El resto de ponentes fueron Gabriel Cisneros, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y José Pedro Pérez-Llorca –los tres por la extinta UCD–, Gregorio Peces-Barba –PSOE–, Jordi Solé Tura –PCE– y Manuel Fraga –AP–.

Roca nació en el exilio francés el 20 de abril de 1940. El ejército nazi bombardeó Burdeos el mismo día de su natalicio, mientras que en España ya se había institucionalizado la dictadura franquista –tras cuatro largos años de Guerra Civil–. Este contexto histórico justifica, según el mismo Roca ha alegado en distintas ocasiones, su defensa perenne de “libertad, democracia y progreso”.

Su abuelo, Miquel Junyent i Rovira, fue uno de los fundadores de Unió Democràtica de Catalunya, por lo que su bagaje político y catalanista se enraíza en su propia herencia familiar. Roca ha sido diputado en el Congreso en seis legislaturas, desde 1977 hasta 1995, así como concejal del Ayuntamiento de Barcelona de 1995 a 1999. Entre el 89 y 96 fue secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya.

Roca lleva retirado de la política activa desde 1999, dedicado al liderazgo de su propio despacho de abogados. Después de unos años fuera de la primera plana mediática, su nombre volvió a los titulares al ser contratado para la defensa legal de la infanta Cristina de Borbón, imputada en el caso Nóos. En el marco del 40 aniversario de la Constitución, Cambio16 entrevista a este abogado, político, jurista y profesor –doctor honoris causa en tres universidades– pero, sobre todo, uno de los nombres clave de la democracia española.

¿Cuál es su recuerdo de la elaboración de la Constitución?

Una gran emoción que luego, con el transcurso del tiempo, ha dejado paso a la sensación de un gran privilegio. Poder participar en la redacción de un texto tan fundamental para la historia del país, y además en las circunstancias en que se hizo y con lo que significaba de respuesta a la dictadura franquista, constituye finalmente un gran honor y ciertamente un compromiso de defender aquello que los ciudadanos apoyaron de manera tan masiva.

¿Considera necesario reformarla?

Mi opinión cuenta poco. Son los ciudadanos los que tienen que dar respuesta a esta pregunta. Por mi parte no creo que pueda hablarse de necesidad, sino quizás de conveniencia, sin perjuicio de que en algún aspecto concreto y como consecuencia del propio desarrollo constitucional sea preciso introducir algún cambio como el que representaría la definición de un nuevo modelo de Senado.

¿En algún momento se dará el clima de consenso para poder hacerlo?

Ciertamente, aquello que se elaboró desde el consenso es difícil reformarlo sin un similar consenso y esto, hoy, parece poco probable de alcanzar en un breve espacio de tiempo. Sería malo para España que después de una Constitución fruto del consenso y refrendada por el 90% de los ciudadanos, la reforma se introdujese por la vía de mayorías estrictas y con un escaso respaldo popular. No es este un escenario que me satisfaga y por ello me manifiesto muy a menudo reticente ante el deseo de una reforma acelerada y con escasa concreción de sus objetivos.

Desde la Transición, España se ha regido por un bipartidismo que, no obstante, en los últimos tiempos ha girado hacia el multipartidismo, ¿esta nueva realidad beneficia o perjudica al sistema político?

Bipartidismo o multipartidismo es un signo del cambio social que en este momento compartimos, prácticamente, con toda Europa. Por un lado sociedades más maduras democráticamente tienden a expresiones ideológicas más segmentadas que pueden entenderse que dificultan la gobernabilidad, pero que podrían introducir una cultura de pacto que reforzase el propio sistema. No obstante, por otro lado, a veces, el multipartidismo llega acompañado de una ola de populismo que hace muy difícil alcanzar pactos constructivos que den estabilidad al sistema. Afortunadamente, desde mi punto de vista, nada tiene que ver con todo ello el texto y las previsiones de la Constitución del 78.

¿Cómo se fraguó el acuerdo constitucional del concepto de “nacionalidades históricas”?

En aquel momento, este tema suscitó menos conflictividad de la que en este momento parece dotarse a este término de “nacionalidades”. Con toda normalidad se hablaba de la realidad plurinacional de España o de la Nación de naciones y todo ello no parecía generar mayores inquietudes. Introducir en el texto constitucional aquel concepto de nacionalidades históricas permitió hacer frente de manera positiva a problemas que venían dominando en la política española desde hacía muchos años y que por primera vez encontraban una vía de reconocimiento que lubrificó muchísimo todo el desarrollo autonómico español.

El “cómo” se fraguó tiene menos importancia, en todo caso, que el hecho de que “se” fraguó. Personalmente, debo agradecer el coraje de Adolfo Suárez en esta cuestión y la comprensión de los compañeros de la ponencia sobre una reivindicación tan importante para el grupo parlamentario que yo representaba en aquel momento.

Del resto de los padres de la Constitución, ¿con quién le costó más entenderse o dialogar? ¿Por qué no hubo ninguna mujer?

Nos entendimos todos, porque nos respetamos e intentamos comprender lo que a cada uno le correspondía asumir en la ponencia. Lógicamente, había más distancia entre Fraga y Solé Tura, que entre los propios compañeros de la UCD. Pero estas dificultades fueron más iniciales que finales, porque poco a poco aprendimos a construir mayorías que no expulsasen a las minorías. Todos nos debíamos sentir cómodos o relativamente cómodos en el texto que se nos había encargado elaborar.

Ciertamente no hubo ninguna mujer en la ponencia. Con la perspectiva del tiempo resulta un gran vacío muy significativo. Afortunadamente, pienso que si hoy tuviera que constituirse una ponencia de naturaleza similar, aquella situación no volvería ni debería reproducirse.

¿Es posible resolver el conflicto identitario catalán sin ruptura?

Lo deseo y creo en ello, pero lógicamente esto requerirá de liderazgos fuertes, sólidos, con voluntad de pactar, acordar y hacerlo además desde el respeto y la comprensión. Como decía: lo deseo vivamente.

En cualquier caso, ¿tiene alguna receta para fomentar la convivencia?

La convivencia se construye cada día, no solo de vez en cuando ni en determinados momentos históricos. La convivencia es respeto, comprender la diferencia, hacerla posible. Construir la unidad desde el respeto a la diversidad, integrar, no excluir, se practica cada día y cuando se deja de hacer cuesta mucho de recuperar el tiempo perdido.

¿Se podría llegar a pactar un referéndum de autodeterminación?

Los referéndums en nuestra Constitución no son vinculantes excepto el de la propia reforma de la Constitución. Los referéndums son en todo caso consultivos y cuando representen un cambio constitucional deberían conducir a una reforma de la Constitución aprobada en referéndum, que en esta ocasión sería vinculante. Esto es lo que permite la Constitución y nada más que esto.

Bajo su punto de vista, ¿fue un error la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010?

El error estuvo en la posibilidad de recurrir un Estatuto refrendado. Es difícil de entender para los ciudadanos que después de haber dado su conformidad a “su” Estatuto, este pudo ser recurrido y modificado. Hasta tal punto es difícil de entender esta situación que las Cortes han procedido a modificar la ley que lo permitió para que, a partir de este momento, nunca más pueda producirse aquella situación. Por tanto, estamos en presencia de una realidad fruto de una legislación superada que no se quiere que vuelva a repetirse. A veces se olvida que esto fue así, pero lo ha sido y, como mínimo, debería invitar a una reflexión sobre una disfunción de tal magnitud y relevancia.

¿Considera que el Senado está ejerciendo su papel como cámara territorial o se ha convertido en un contrapoder frente al Gobierno?

No. Hoy por hoy, el Senado no está cumpliendo con su función de cámara de representación territorial y ello dificulta enormemente el desarrollo del sistema de descentralización territorial establecido por la Constitución. Aquí deberíamos ser capaces de un esfuerzo que singularizase la necesidad de esta modificación para alcanzar un consenso que a todos debería beneficiar.

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