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Por Cambio16
6/10/2017
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Ni en sus peores pesadillas los independentistas catalanes pensaron jamás que el frenazo a su ofensiva soberanista, que ha derivado en el más flagrante incumplimiento de la ley desde la proclamación de la República catalana en 1934, vendría precisamente de la mano de la economía. Cientos de empresas radicadas en Cataluña, según el ministro de Economía, Luis de Guindos, han solicitado trasladar su sede para evitar las graves consecuencias derivadas de una declaración unilateral de independencia.
Los informes del portal empresarial Axesor ya mostraban esa tendencia el año pasado. Es una deriva que ahora se ha visto agravada. Solo en los cuatro primeros meses de este 2017 se marcharon de Cataluña 292 empresas y llegaron 223. El saldo negativo fue de 69 compañías, mientras que en la Comunidad de Madrid fue positivo en 65. En 2016, Cataluña perdió 271 y Madrid recibió 424.
Esta semana se han conocido los anuncios de traslado de Eurona, Oryzon Genomics, Proclinc, Sabadell y Caixabank. Y, este mismo viernes, el gigante energético Gas Natural, también informaba de su cambio de sede de Barcelona a Madrid. En los próximos días ya han comunicado que podrían hacer lo mismo Abertis o Freixenet. Se suman a compañías que ya se habían marchado como Agbar, Alfa, Bimbo, Uber, Revuelta, Naturhouse, Derby Hotels, Meda-Rotafarm, Alston Power, Proclinic Expert, Grohe, DS Smith o la embotelladora de Coca-Cola.
Ante el temor bien fundado de las grandes compañías catalanas, dado que una hipotética independencia les situaría en el vacío legal y fuera de la Unión Europea, el Gobierno decidía tomar la iniciativa. Con el beneplácito del PSOE, el Consejo de Ministros aprobaba el decreto para facilitar que más empresas con sede en Cataluña puedan trasladarse a otras comunidades autónomas.
La aparente firmeza del presidente Carles Puigdemont, que ha permanecido impasible ante las advertencias del Estado, se tambalea y con él la mayoría de los líderes políticos de la CUP y Esquerra Republicana que sostienen el desafío. Si esa mayoría silenciosa que ha convocado para el domingo una manifestación en Barcelona, con el respaldo de Societat Civil Catalana y la anuencia de PP, Ciudadanos y los socialistas del PSC, consigue llenar las calles y que su voz se haga oír, el intento independentista estará totalmente desactivado después de haber quedado deslegitimado y al margen de la ley.
Falso de toda falsedad
El pronunciamiento de los bancos Sabadell y Caixabank ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia. Sería suicida que Puigdemont continuara en su empeño tras el posicionamiento de las empresas, respondido en cada caso con espectaculares subidas en la bolsa. Tanto el presidente de la Generalitat como su segundo, Oriol Junqueras, siempre aseguraron que la economía no se resentiría por la desconexión. Ahora vemos que era falso de toda falsedad. El poder económico da la espalda a un intento que siempre estuvo condenado al fracaso.
Lamentablemente, la intransigencia de los independentistas ha frustrado las aspiraciones de otros muchos catalanes que nunca han renunciado a las mayores cotas de autogobierno, pero que jamás pensaron en la separación de España porque entendieron que su futuro y su bienestar no eran compatibles con la fractura social y económica que implica romper con el Estado.
Ese horizonte nacional soberano que pintaban de rosa los independentistas comienza a mirarse en el espejo de la realidad y lo que refleja no es sino un monstruo capaz de devorar no solo la convivencia pacífica de todos los ciudadanos, tanto de los que viven en Cataluña como en el resto del Estado, sino que traerá graves quebrantos económicos a la sociedad en general y a cada uno en particular, fundamentalmente cuando nos toque pagar los platos rotos de esta crisis.
Sobre Juan Emilio Ballesteros
