Por Cambio16
18/10/2017

• Pamplona emprende un «megaplan» contra las agresiones sexuales

El juicio por la supuesta violación grupal denunciada durante los Sanfermines de 2016 se celebrará a puerta cerrada. Así lo ha establecido la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra. Y el objetivo es proteger “el derecho fundamental a la intimidad” de la denunciante. Así como para salvaguardar a ella y a los cinco acusados de una “indeseada e indeseable exposición pública». Y que se podrían airear «aspectos relativos a su intimidad corporal y vida sexual” que pertenecen a la esfera personal.

La Audiencia, además, prohíbe la publicación de información relativa a la identidad de la denunciante. O de datos que puedan facilitar su identificación de forma directa o indirecta. Así como la obtención, divulgación o emisión de imágenes de ella o de sus familiares.

Estas dos prohibiciones, según exponen los magistrados, se refieren expresamente a la información incluida en el acta del juicio. Una sesión que se grabará, y cuyos DVD se entregarán a las partes con el contenido de todas las sesiones de la vista oral. Tendrá lugar entre el 13 y el 24 de noviembre.

Respecto a los acusados, la Audiencia también prohíbe la obtención, divulgación o publicación de sus imágenes. El tribunal ha adoptado estas decisiones tras haber solicitado a las partes su parecer sobre la publicidad del juicio.

Petición de las partes

La acusación particular, ejercida por la mujer denunciante, reclamó que todas las sesiones fueran a puerta cerrada. Y, además, rogó que se prohibiera la obtención, divulgación o publicación de imágenes de la víctima o sus familiares. A esta postura se adhirió la acción popular ejercitada por el Ayuntamiento de Pamplona.

Por su parte, la fiscal del caso planteó que la declaración de la víctima y la reproducción de los vídeos y fotogramas relativos a los hechos debían realizarse a puerta cerrada, y dejó a criterio de los magistrados la presencia de los medios de comunicación y la grabación por estos de imágenes del juicio, un planteamiento al que se unió el letrado del Gobierno de Navarra, personado también en la causa como acción popular.

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