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Con Junqueras se iniciaron los interrogatorios en el juicio del procés / @Esquerra_ERC

Junqueras negó uso de fondos públicos en referéndum del 1-O

Durante la tercera sesión del juicio del procés, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, reiteró que el referéndum del 1-O no costó ni un euro a los contribuyentes. Acerca de las escuelas e institutos utilizados como centros de votación, sostuvo que los locales públicos son “inarrendables”. Y que en consecuencia no se puede calcular como lo pretende la Fiscalía, el “lucro cesante”.

De esta manera Junqueras respondió a las acusaciones sobre el delito de malversación que se le imputa en el juicio del procés. Este agravaría el delito de rebelión por el que se le solicitan 25 años de prisión.

Junto al prófugo Carles Puigdemont, Junqueras lideró la tentativa secesionista por el referéndum del 1-O. En el tercer día de juicio, con Junqueras se abrió el período de interrogatorios a los acusados.

En castellano, sin traducción simultánea

Junqueras aclaró que testificaría en castellano, aunque el juez Manuel Marchena le permitió hacerlo en catalán si así lo desea. No obstante el tribunal dispuso la presencia de dos intérpretes jurados de traducción consecutiva. Y rechazó que los interrogatorios se realicen mediante traducción simultánea.

Para el juez supondría una inadmisible restricción del principio de publicidad. Sostuvo que todos los que están en la sala o fuera de ella y que no disponen de auriculares, no podrían entender las respuestas exoneratorias de los acusados.

La interpretación simultánea consiste en la traducción oral de un discurso en la medida que se desarrolla. En tanto, en la consecutiva el principio es simple: el orador habla, el intérprete escucha, toma notas y luego reproduce el discurso en el idioma de destino. Empero, Junqueras cuestionó que sus palabras no sean traducidas de forma simultánea.

Sólo responde a preguntas de la defensa

“Se me acusa por mis ideas y no por mis hechos. Me considero un preso político. Nada de lo que hemos hecho es delito”. Así se expresó mientras únicamente respondió a las preguntas de la defensa. No así a la Fiscalía, la Abogacía del Estado ni a la acusación popular de Vox. Al iniciar sus declaraciones, advirtió que no responderá a las preguntas de la acusación. Argumentó que “es un juicio político” y que sólo responderá a las de su abogado.

El juez Manuel Marchena aclaró que los acusados permanecerán en prisión preventiva mientras transcurra el juicio. También adelantó que no permitirá a Carles Puigdemont declarar a través de videoconferencia. Dijo que este es un “imputado procesado rebelde”. En efecto, la Sala confirmó su negativa a que Puigdemont compareciese como testigo. Sentenció: “En proceso penal no se puede venir por la mañana de acusado y por la tarde de testigo. Eso es conceptualmente inviable, imposible. Seamos serios. En un proceso penal no se puede ser al mismo tiempo procesado y testigo. Eso es así”.

Ante la petición de la defensa de limitar el contenido de algunos escritos de acusación, en referencia al presentado por Vox, el juez respondió que “en este momento de la causa no podemos zambullirnos en ningún escrito de acusación para decir esto sí esto no”.

Marchena aclaró que sólo el juez Pablo Llarena, instructor de esta causa, pudo haber filtrado algunos escritos de acusación por considerarlos “extravagantes”. Pero no la sala. Por tanto, “el escrito de Vox no va a ser tocado por este tribunal”. Puntualizó que “el interrogatorio sólo podrá centrarse en los aspectos fácticos, no en un debate ideológico”. Y que el juicio en general del referéndum del 1-O versará sobre los hechos que se atribuyen a los acusados.

Antes de dar por concluido el trámite de cuestiones previas, la defensa pidió algunas aclaraciones. Pero Marchena fue enfático: “Lo que hemos dicho es lo que hemos dicho. No podemos encadenar réplicas, contrarréplicas y dúplicas que perjudican a sus clientes. No vamos a admitir estrategias dilatorias”.

Junqueras: en el referéndum del 1-O “votar no fue un delito”

“Cerrar locales con la violencia con que se cerraron es evidente que no era para impedir que pudiesen votar”, declaró Junqueras. En su opinión, la Policía ejerció “violencia contra los votantes” para “generar un ambiente de crispación”. Aseguró que “nadie respondió” a aquella violencia, pese a la tesis opuesta de la Fiscalía. Esta subraya las agresiones de ciudadanos a funcionarios de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía.

“Votar no es un delito, e impedirlo por la fuerza sí lo es. Fui a votar a mi colegio habitual. No pude ejercer el derecho a voto en aquel local porque me lo impidieron en concreto los Mossos. Fui a otro local porque había un censo universal y se podía votar en cualquier local. Voté con normalidad”.

Justificó que se mantuviera el referéndum del 1-O. Aseguró que pese a la prohibición electoral, el Gobierno catalán decidió mantener la convocatoria. “Tenemos la obligación de proteger el derecho al voto”, dijo y admitió que también llamaron a la participación.

El abogado Andreu Van del Eynde interrogó al acusado acerca del documento denominado Enfocats, donde se supone que constan las directrices generales para conseguir la independencia de Cataluña. “No lo conozco de nada, ni había oído hablar de él”, dijo. Añadió que tuvo conocimiento de este documento el 2 de noviembre de 2017, cuando fue interrogado antes de entrar en prisión.

Junqueras comparó el referéndum del 1-O con una huelga, ya que querían proteger la voluntad de la ciudadanía para votar. Aunque señaló que “como en una huelga que perjudique a un tercero, se debe mantener el derecho a votar”.

A la pregunta de su abogado sobre cómo surgió la idea de celebrar el referéndum del 1-O, Junqueras respondió que hubo un debate presupuestario que acabó como el de ayer, con los presupuestos tumbados. “Y fruto de aquella pérdida de la votación había una posibilidad que era la de convocar una moción de confianza. Esta fue acompañada por la propuesta de referéndum. La propuesta tuvo amplio apoyo”.

 

Cambio16

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