La justicia española se somete a examen

Por XIANA SICCARDI / Fotografías: QUIQUE GARCÍA

No pasa un día sin que una noticia relacionada con la corrupción aparezca en los medios. La carrera de Derecho se cursa al ritmo estrepitoso de la actualidad, analizando procesos, estrategias y deliberaciones. El político o la tonadillera que entran en prisión, la politización de la Justicia, la infanta que se sentará en el banquillo, la figura del indulto y la reforma del Código Penal son asuntos que se han socializado en las facultades de Derecho. Los alumnos de la Universidad Pompeu Fabra reaccionan airados por la corrupción, se indignan por la lentitud de la Justicia y defienden a ultranza la presunción de inocencia en una era de juicios mediáticos y paralelos.

Estos días el debate se centra en la reforma del Código Penal. Nil Sifre Tomás tiene 21 años, es estudiante de Derecho de 4º curso y quiere dedicarse a la abogacía. No se atrevería a considerar como “suave” nuestro Código Penal -especialmente en relación a la criminalidad tradicional- pero considera, en cambio, que sí es “blando” en cuanto a la corrupción. Porque, por ejemplo, lamenta que no haya existido el delito de financiación ilegal de partidos políticos. No obstante, con la reforma del Gobierno de Rajoy, este delito podría aparecer por vez primera. Sifre cree que los delitos están bien tipificados, y señala a los de fraude fiscal, pero el problema que nos acecha “es de procedimiento, circunstancial”. ¿Qué quiere decir? “Que los juzgados de instrucción están colapsados, las instrucciones son muy lentas y eso es fatal para los presuntos delincuentes y las víctimas”.

Nil Sifre Tomás, de 21 años y en 4º de Derecho.
Nil Sifre Tomás, de 21 años y en 4º de Derecho.

Marc Navés, de misma edad y curso, se postula en una línea similar: “Antes que reformarse el Código Penal se debería dotar a la Justicia de más medios. Envidio a países como Estados Unidos donde el caso Madoff se resolvió en un año mientras en España la instrucción del caso Gürtel ha durado seis. Estas dilaciones son muy perjudiciales para la imagen de la Justicia y para el propio acusado”, afirma. A juicio de Navés, que siente atracción por el derecho penal y el mercantil, nuestro Código Penal “es severo con el fraude fiscal” y cita: “Cuando concurra alguna de las circunstancias del subtipo agravado del artículo 305 bis -fraude fiscal-, la pena es de dos a seis años de prisión; la misma que para el delito de torturas graves cometido por autoridad o funcionario público del artículo 174 del Código Penal”. Y si a estos seis años de cárcel se le sumaran otras penas como la falsedad documental, “la pena resultante sería muy similar a la de un violador o un homicida”. Unos ocho años de prisión, quizá.

El decano de la facultad, Josep Maria Vilajosana, tiene una visión más transversal del problema: “La corrupción no se combate únicamente con la Justicia o reformando el Código Penal. El problema es más profundo: es cultural. “La corrupción no es otra cosa que conseguir una ventaja para tener una determinada posición. Si los niños se acostumbran a ocupar una posición de una manera no justa, estamos fomentando una mentalidad corrupta”, lamenta.

Los frentes problemáticos son muchos en la Justicia. Nil dice que “hay episodios que claman al cielo”. Por ejemplo, que los ciudadanos, formados como jurado, deban deliberar sobre complicados delitos económicos. “Yo creo en que los ciudadanos puedan participar en asuntos de la Justicia, pero en casos con acciones típicas más sencillas, como en los de asesinato. Y pone de ejemplo el caso de Francisco Camps.

El decano Vilajosana también cree que para frenar la corrupción hay que “fomentar la transparencia y eliminar la burocracia, ya que cuantos más trámites se puedan hacer, más posible es la corrupción. Por eso, lo primero que hace un corrupto es buscarse un buen procesalista”. Lo mismo sucede con las leyes: “Cuanto más farragosas son, más niveles de impunidad generan”. Según la última memoria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la duración media de los asuntos en los Juzgados de lo Contencioso -delitos de urbanismo, ordenación de territorio o contratos con la administración- fue de 14,2 meses en 2013. “También resulta fundamental una prensa libre -defiende-. Si el poder político controla la prensa estamos muertos”.

Juicios paralelos

Los juicios paralelos son otra cuestión importante. Para Nil, “la publicidad del sistema judicial no sirve de nada sin los periodistas, pero los juicios paralelos se nos han ido de las manos, generando una violación de la presunción de inocencia palmaria que no me gusta nada”. Su compañero Marc sostiene que “los medios son un importante contrapoder, como desgraciadamente hemos visto con Charlie Hebdo. Pero creo que hay que distinguir entre los juicios mediáticos y un juicio paralelo, que debería estar más controlado, especialmente en la vulneración del secreto de sumario. Debería primar siempre la presunción de inocencia. Blindaría más el derecho a la intimidad y al honor, por ejemplo, con indemnizaciones más elevadas por daños y perjuicios”. El decano de la facultad también es claro: “Nadie que consulte un Código Penal se encontrará que por haber cometido tal delito saldrá veinte veces en el Telediario, pero creo que es un precio a pagar a cambio de tener una prensa libre. Se deberían explicar mejor las diferencias entre imputado, procesado y condenado”.

Marc Navés, 4º de Derecho.
Marc Navés, 4º de Derecho.

El caso de Isabel Pantoja, que sin antecedentes penales fue condenada a dos años de prisión por blanqueo de capitales también es cuestionado por los alumnos. Hace unos años, con esta pena nadie habría pisado la cárcel. Pero ahora sí. La justicia ejemplarizante no parece tener una buena acogida en la universidad.

¿Y también pretende ser ejemplarizante el juez Castro? Nil sugiere que “muchos dudan si la infanta estaría imputada si no fuera quien es. No me he leído el sumario, pero existe el riesgo de que a algunas personas se las esté persiguiendo por ser quienes son”, valora.

En cambio, el decano tiene otra postura: “El caso Nóos nos ha mostrado que la politización de la Justicia se produce a determinados niveles -en los nombramientos del Constitucional o del CGPJ por parte del Parlamento- pero si bajamos a nivel de los juzgados de instrucción no se vislumbra una politización a menos que se tengan aspiraciones. ¿Por qué el juez Castro ha podido hacer lo que ha hecho? Porque no ha tenido aspiraciones para irse a la Audiencia o al Supremo”.

Vilajosana también destaca “el papel del Ministerio Fiscal, que depende directamente del Gobierno, y quizá por ello ha desarrollado un rol prácticamente de defensor de la infanta Cristina”. El decano tiene claro el problema: “Todo el mundo tiene una ideología y ese no es el problema. El problema es la instrumentalización que hagan los partidos”.

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