Por Juan E. Ballesteros
17/3/2017
El Gobierno aprueba hoy en Consejo de Ministros la moratoria antidesahucios con un decreto que incluye algunas medidas que refuerzan la situación de las familias más vulnerables y que se prorrogará hasta el año 2020, una condición que el PSOE exigió ante el anuncio del Ejecutivo de contemplar sólo la validez de la norma hasta el año 2019. Esta circunstancia evidencia una vez más la debilidad de Mariano Rajoy y su minoría parlamentaria a la hora de sacar adelante leyes y proyectos que necesitan del respaldo de fuerzas de la oposición, como se puso de manifiesto en la derogación del decreto de la estiba, la primeras gran derrota parlamentaria de un gobierno desde el año 1979.
La moratoria antidesahucios amplía la protección e incluye a partir de hoy a los deudores en situación de desempleo, las familias monoparentales con hijos a su cargo y las unidades familiares en las que se contabilice una víctima por violencia de género.
El PSOE también ha impuesto al PP la inclusión de una medida de protección de las familias que pierdan su vivienda en virtud de un lanzamiento judicial para que puedan seguir viviendo en ella en régimen de alquiler por una renta anual que no supere el 3% del valor de tasación en el momento de la ejecución del crédito o que puedan recuperar la vivienda compartiendo pérdidas con el banco. La duración del alquiler puede llegar a cinco años ampliables a otros cinco.
También se contempla la posibilidad de que las familias que sufran un desahucio puedan recuperar la vivienda accediendo a facilidades de pago. Según el real decreto, «las medidas tendrán en cuenta el precio de adjudicación de la vivienda misma, la posibilidad de que se descuenten del mismo una parte de las cantidades satisfechas por el ejecutado para la amortización del préstamo o crédito origen de la ejecución y las mejoras realizadas a su cargo durante el período en el que estuvo suspendido el lanzamiento, así como otros factores que garanticen un precio equitativo en la recuperación de la vivienda, evitando situaciones de asimetría en este proceso».
Estas nuevas situaciones de desamparo se unen a las que ya se contemplaban en el decreto, como la protección de los deudores mayores de 60 años, las familias que incluyan miembros discapacitados o dependientes o las familias numerosas. El nuevo decreto también integra el código de buenas prácticas aprobado por el Gobierno en 2012.
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