Lo que se juega Venezuela este domingo en sus elecciones regionales

Por Cambio16
18/09/2017

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Las prolongadas protestas de este año no lograron derribar al gobierno del presidente Nicolás Maduro, pero endurecieron la opinión global contra el régimen venezolano y condujeron a sanciones estadounidenses.

Ahora, los líderes de la oposición quieren que sus partidarios desmoralizados se presenten en masa en las encuestas de gobernadores para “derrocar a Maduro” en 20 de los 23 estados de Venezuela. El gobierno, a su vez, quiere minimizar las pérdidas aparentemente inevitables y anunciar las elecciones como prueba contra las acusaciones de autocracia en Venezuela.

Con los votantes enojados por una crisis económica aplastante, la mayoría de las encuestas en el país caribeño apuntan que la coalición de la oposición podría ganar fácilmente en circunstancias normales. Sin embargo, las circunstancias están lejos de ser normales en Venezuela: una serie de irregularidades que benefician a los candidatos del gobierno, amenazas a candidatos vinculados en las protestas y una infraestructura electoral reducida y sesgada vaticinan que el escenario del domingo 15 de octubre en Venezuela será intenso.

Además, con una Asamblea Nacional Constituyente instaurada por el Gobierno, los Gobiernos regionales carecen de atribuciones importantes con algunas excepciones. El llamado Poder Nacional mantiene, de facto, el control final sobre todas las Administraciones públicas.

No obstante, la oposición apuesta a no desmayarse y asegura que una intensa participación de sus partidarios es la puerta para desatar un “terremoto político” que prepare el terreno para la salida del poder del Nicolás Maduro.

Campo de juego minado

Al igual que en las anteriores elecciones, los recursos estatales se están movilizando fuertemente en beneficio de los candidatos oficiales. La distribución de alimentos subvencionados en las manifestaciones del gobierno es algo habitual, las empresas estatales prestan transporte para los eventos y los medios estatales otorgan a los candidatos de Maduro un tiempo de exposición sin restricciones.

Pero quizá las mayores desventajas para la oposición son la infraestructura electoral y la hoja de votación electrónica en sí misma. En las últimas elecciones celebradas en Venezuela, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se convirtió en el partido más votado. Agrupando en una sola tarjeta a todos los candidatos de las organizaciones que integran la oposición venezolana, se alcanzó 7.7 millones de votos y se capitalizó 112 de los 167 diputados que debían elegirse.

No obstante, jueces de corte penal anularon la tarjeta de la MUD en siete estados (Apure, Aragua, Bolívar, Carabobo, Monagas, Trujillo y Zulia), mientras el Tribunal Supremo de Justicia(TSJ) no ha resuelto (después de 15 meses) la demanda para anular a la MUD como partido político nacional. Esta demanda fue presentada por el partido de Gobierno, el PSUV. Ante la incertidumbre sobre el futuro del partido, la oposición se vio imposibilitada de utilizar esta tarjeta para presentar a sus candidatos y debió optar por inscribir a sus candidatos a través de varias tarjetas, lo que complicó la posibilidad de hacer campañas nacionales.

Por otra parte, la exigencia de la Asamblea Nacional Constituyente chavista de reprogramar la votación para octubre provocó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela iniciara el proceso de inscripción de candidaturas sin haber realizado la convocatoria formal de la elección. Para la inscripción de candidatos el CNE apenas otorgó dos días (entre el 8 y 9 de agosto) y fijó un período extraordinario para sustituir estas postulaciones de apenas dos días (un mes antes de que la oposición realizara sus elecciones de base). Esta decisión contrasta con el lapso otorgado para los comicios regionales de 2012 cuando se otorgó un plazo de 73 días para la inscripción de candidaturas, y la sustitución de candidaturas se permitió hasta 10 días antes de la elección.

Ante la premura de la inscripción (previa a la convocatoria de la elección), los cinco principales partidos de oposición inscribieron hasta 70 candidatos para los 23 estados (en solo cuatro estados presentaron inicialmente aspirantes unitarios). La estrategia de la oposición se enfocaba en pre-inscribir a sus aspirantes para después realizar primarias y sustituir a los perdedores. Según la ley de Procesos Electorales en Venezuela, los partidos políticos pueden sustituir sus candidatos hasta 10 días antes de una elección. Las elecciones de base se efectuaron el 10 de septiembre.

Aunque los 49 candidatos que resultaron perdedores en estos procesos presentaron ante el CNE la renuncia a sus aspiraciones, para apoyar a los escogidos en las primarias, la autoridad electoral se negó a procesar las renuncias y la sustitución de candidatos, decisión avalada por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, afecto al chavismo. Esta confusión en la oferta electoral pudiese provocar la dispersión del voto opositor.

En cuanto a la infraestructura electoral, para estas elecciones el CNE eliminó 75 centros de votación y siete mil mesas de votación. La reducción del número de mesas provocará que en algunos colegios electorales el promedio de votantes por mesa se ubique en 800 electores (el promedio nacional es de 535 personas por mesa). Si se registra una alta participación electoral el inusual número de electores en algunas mesas de votación pudiese complicar o impedir el ejercicio del voto. La reducción de la infraestructura electoral no fue informada a los ciudadanos.

No menos importante es la no acreditación por parte del CNE de varias organizaciones que han participado como observadores del proceso. Incluso a UNASUR, un organismo siempre convocado a los comicios venezolanos -y que el incluso el gobierno chavista le había dado más importancia y crédito que a la OEA- tampoco fue acreditada, debido al progresivo cambio ideológico de los países que la integran.

Lo que está en juego

De las 23 gobernaciones que hay en Venezuela 20 están en manos del chavismo y sólo tres en las de la oposición, por lo que esta última fuerza política concentra su objetivo en “derrotar a (el presidente Nicolás) Maduro” en todos los estados.

Después de haber reprimido violentamente las protestas y encarcelado a importantes rivales políticos, el gobierno accedió a la celebración de estas elecciones. Hugo Chávez prefirió ser medido en sus maniobras de hombre fuerte y usó la urna para aumentar su propio poder, pero Maduro no ha tenido ningún reparo en usar una mano mucho más pesada. Maduro quiere mantenerse en el poder, pero no tiene ninguna forma de hacerlo que involucre incluso fingir jugar por las reglas del juego.

Varios analistas dentro del país sugieren que tal giro del gobierno está orientado en reducir la presión de alta intensidad de las protestas que atraen la atención internacional e instan a los países extranjeros a aplicar sanciones a su régimen. Otros apuntan a que los comicios son una forma de atraer a las fuerzas de la oposición para que abandonen las calles y se concentren en la política electoral, amen de darle “legitimidad” democrática al gobierno de Maduro y a sus instituciones, argumento que ha calado en varios sectores de la oposición contrarios a la decisión de la MUD de participar en esas elecciones.

Si se llevan a cabo de acuerdo a lo planeado, será una gran oportunidad para la oposición de hacer incursiones entre las 23 gobernaciones en juego, que están casi totalmente dominadas por políticos alineados por Maduro. La oposición está apostando a que, si ganan en las elecciones regionales, pueden revigorizar sus fuerzas mayormente desanimadas y hacerle un frente fuerte Maduro en las elecciones presidenciales de 2018.

Del lado del gobierno, una victoria le brindará mayor oxígeno, la cual pretende presentar como una concesión a la democracia, cuando en realidad podrá mantener las riendas, directa o indirectamente, de todas las Administraciones del Estado.

Abstención: un factor decisivo

A estos retos del antichavismo se suma uno mucho más importante: vencer la abstención.

Luego de las protestas antigubernamentales que sacudieron a Venezuela entre abril y julio de este año, que se saldaron con más de 120 muertes y aparentes resultados nulos en el juego político, la oposición se ha encontrado con sus simpatizantes desmovilizados y con pensamientos encontrados sobre las elecciones regionales.

Los opositores se dividen entre ejercer su derecho al voto como “otro escenario de lucha” o no votar, ya que critican que el árbitro electoral actual es el mismo al que han tildado de fraudulento durante años, y continúa bajo la dirección de cuatro rectoras abiertamente oficialistas.

Ese sentimiento incluso ha sido capitalizado por el propio gobierno. Esta semana, el propio Nicolás Maduro afirmaba en un programa en una de las televisoras del Gobierno que todo aquel que vote en las elecciones regionales estará reconociendo a la Asamblea Constituyente chavista -altamente rechazada por la oposición y sus partidarios- y que los electos como gobernadores deberán juramentarse y “subordinarse” ante esta junta. Además destacó que todos los candidatos electos tienen que cumplir con el requisito de juramentarse ante la Constituyente para poder aceptar su cargo.

El jefe de campaña de la MUD, Gerardo Blyde, que ha insistido en que ningún gobernador electo de la oposición se someterá a una ANC cuya legitimidad no reconoce la alianza antichavista.

Y finalmente, advierten que tales pronunciamientos forman parte de los intentos de Maduro de promover la abstención para evitar así la abultada derrota del oficialismo que prevén las encuestas.

“Mucha gente piensa que se es fuerte, se es radical, se es contundente diciendo yo no voto, pero si nos ponemos a pensar un segundo nos damos cuenta que esta posición que parece tan fuerte, tan radical, tan determinada, termina regalándole a Nicolás Maduro un voto”, declaró Julio Borges.

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