Por Cambio16
29/03/2017
El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la tramitación de la Proposición de Ley de derechos de la persona en el proceso final de su vida, presentada por el Grupo Ciudadanos con el fin de permitir que el paciente pueda rechazar los tratamientos que no desea; cumpla los deseos íntimos expresados en un testamento vital; fallezca en la intimidad y con el mínimo sufrimiento físico, psíquico y espiritual posible.
Los promotores de la iniciativa destacan que la iniciativa, que continúa su tramitación en Comisión, donde se debatirán y votarán las enmiendas al articulado, pretende dar respuesta legal a los dilemas a los que se enfrentan las Administraciones y el personal sanitario en el caso de las personas que se encuentran en el proceso final de su vida.
La Proposición de Ley regula de manera expresa y concisa, añade el grupo proponente, los derechos de las personas que se encuentran en esta situación, así como los deberes del personal sanitario y las garantías de los centros e instituciones sanitarias para hacer efectivos tales derechos.
Así, resalta que los principios de esta propuesta son el respeto al derecho a la plena dignidad a la persona en el proceso final de su vida; la promoción de la libertad, la autonomía y la voluntad de la persona, de acuerdo con sus deseos, preferencias, creencias o valores, así como la preservación de su intimidad y confidencialidad.
Plantea para ello que el rechazo de un tratamiento no suponga el menoscabo de su cuidado; el derecho a recibir cuidados paliativos integrales; la igualdad y la no discriminación en el acceso a los servicios sanitarios al final de la vida; y la garantía de una atención sanitaria personalizada a través de la coordinación y cooperación entre los sistemas de salud y de servicios sociales.
La propuesta recoge como derechos de la persona al final de la vida el derecho al consentimiento informado, cuidados paliativos o limitación del esfuerzo terapéutico entre otros, y recoge como derechos de la persona en el proceso final de su vida el derecho a la información asistencial, a la toma de decisiones y al consentimiento informado, a otorgar instrucciones previas, al rechazo y retirada de una intervención, a los cuidados paliativos integrales y al tratamiento del dolor, al acompañamiento y a la intimidad personal y familiar.
La semana pasada, el Congreso rechazaba la propuesta de despenalizar la eutanasia impulsada por Podemos, con la abstención del PSOE y Ciudadanos. Los socialistas y la formación liderada por Albert Rivera habían anunciado que priorizaban un marco normativo que regule los derechos del final de la vida y aplazaban el debate.
Ahora la nueva propuesta, que también fue adoptada por PP, PSOE, Unidos Podemos, Compromís y UPN es un avance para quienes, desde hace años, reclaman una legislación que proteja la dignidad de las personas hasta el final de sus días. Habrá que ver qué texto resulta de los debates que vendrán, pero sería raro que se alejara mucho de los que ya existen en ocho comunidades autónomas: Galicia, Asturias, Euskadi, Navarra, Aragón, Baleares, Andalucía y Madrid.
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