«Maduro, No + Dictadura»
Es el grito que atruena las calles de Venezuela en las marchas de la oposición que exigen al Gobierno que convoque urgentemente a las urnas a un país que no puede más por la crisis humanitaria propiciada por la falta de alimentos y de medicamentos, por la inseguridad de sus ciudades y, también, por el deterioro democrático de sus instituciones. El temido estallido social llegó en abril a raíz de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia –cuyos integrantes han sido mayoritariamente elegidos por el chavismo– que anuló todos los poderes de la Asamblea Nacional –de mayoría opositora–. Esto hizo reaccionar a los grupos opositores convocando distintas manifestaciones en contra del Ejecutivo de Nicolás Maduro, a pesar de que éste, forzado por la reacción internacional, decidiera recular y revertir la sentencia del alto tribunal.
La situación se agravó aún más después de que, con motivo de la celebración del 1 de mayo, el Gobierno anunciara la convocatoria de –una Asamblea Nacional Constituyente ad hoc para perpetuar en el poder el modelo instaurado por Hugo Chávez en 1999. Maduro ha asegurado de que “será una constituyente ciudadana y chavista en la que no participarán las viejas estructuras de los partidos políticos”.
El caos y la violencia se han apoderado de gran parte del país y, sobre todo, de su capital, Caracas. Al menos una treintena de personas han fallecido en las últimas semanas a causa de los enfrentamientos producidos en las calles entre los manifestantes y la Policía. La oposición ha denunciado el uso de armas de fuego por parte de los agentes gubernamentales y asegura, además, que el Ejecutivo de Maduro ha repartido armas entre los llamados colectivos, grupos parapoliciales supuestamente vinculados al chavismo, procedentes de los barrios más humildes de las ciudades venezolanas y que estarían sembrando el terror en distintas zonas del país disparando indiscriminadamente a los simpatizantes de la oposición.
El Gobierno, por su parte, acusa a la oposición de propiciar ese caos en una “ofensiva feroz” también a través de las armas y con objetivos “de carácter geoestratégico”, en palabras del propio Maduro. Según él, esto ha hecho que se produzcan saqueos y ataques a las instituciones.
“Hoy tenemos un gobierno tratando de defenderse de un golpe de Estado, de una insurrección violenta de naturaleza terrorista, es un gobierno defendiéndose”, aseguraba la canciller Delcy Rodríguez, en una entrevista reciente en la BBC. Lo cierto es que el chavismo ha optado por la opción del rearme y de la militarización, asumiendo además un discurso guerracivilista de consecuencias impredecibles.
“He aprobado los planes para expandir la Milicia Nacional Bolivariana durante este año a 500.000 milicianos y milicianas con todos sus equipos, y garantizar a través de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) un fusil para cada miliciano”, aseguraba Maduro, que prevé ampliar esa iniciativa a un millón de efectivos.
Muestra de la deriva autoritaria que se le atribuye al chavismo que ha gobernado el país los últimos 18 años, que recibe condenas de instituciones de todo el espectro ideológico –incluso del Ayuntamiento de Madrid que lidera Manuela Carmena– es la decisión de Maduro de abandonar la Organización de Estados Americanos
(OEA) antes de que este organismo continental, en el que están presentes todos los países del área, volviera a debatir la expulsión de Venezuela precisamente por no cumplir con los preceptos democráticos.
Y la estocada final ha sido el anuncio de la convocatoria para redactar una nueva Constitución. El Gobierno venezolano prevé escoger a 500 miembros elegidos por “voto del pueblo”, y de ellos, “aproximadamente unos 200 o 250 serán electos por la base de la clase obrera”.
Por el momento Maduro no ha especificado más y su equipo se defiende de las acusaciones que le vinculan con una dictadura. “Yo no he visto en la historia contemporánea de Venezuela un gobierno que atienda, respete, garantice y promueva los derechos humanos como el caso de la Revolución Bolivariana”, señalaba Delcy Rodríguez.
El calendario democrático sí se ha visto alterado. El año pasado debían haberse celebrado las elecciones para escoger a los gobernadores, que finalmente se han pospuesto para este 2017. Y el revocatorio que implicaría la salida del presidente, previsto en la Constitución, sigue sin poder celebrarse después de que el Consejo Nacional Electoral invalidara las firmas recogidas por la oposición a finales del año pasado. Las últimas decisiones del Gobierno han servido, asimismo, al resto de fuerzas políticas, para volver a unirse en su objetivo de desbancar al presidente, después de que se dividieran en los últimos meses entre las posiciones favorables o contrarias al diálogo, que finalmente y momentáneamente ha resultado fallido.
Expresidentes como el español José Luis Rodríguez Zapatero, que ejerce de mediador, e incluso el Vaticano, insisten en que la de las conversaciones es la única salida posible a la crisis.
Contra la oposición
Mientras tanto, el Gobierno se ha ensañado especialmente con los tres líderes que concitan las esperanzas de la oposición. Leopoldo López, líder de Voluntad Popular, un partido de corte liberal que se define de centroizquierda surgido a raíz de distintos movimientos estudiantiles, continúa preso en la cárcel de Ramo Verde acusado de instigar a la violencia durante las marchas de 2013. Es uno de los cerca de 150 presos políticos que existen en el país, según los opositores. Henrique Capriles, gobernador del Estado de Miranda y máximo dirigente del centroderechista Primero Justicia, ha sido inhabilitado por una sentencia durante 15 años. “El Gobierno buscaba desde hace tiempo una medida para sacarme del juego. Pero no podía soportar la presión internacional que suponía tener a los dos principales líderes en la cárcel, así que optó por inhabilitarme”, asegura.
Y, finalmente, la líder del también centroderechista Vente Venezuela, María Corina Machado, está en la diana de las críticas del chavismo de forma permanente. “El Gobierno siempre ha tratado de personificar el descontento del país y las manifestaciones en la persona de Leopoldo López, intentando tapar el sol con un dedo”, asegura en una reciente conversación con Cambio16 el padre del líder de Voluntad Popular, del mismo nombre que el político encarcelado. “Pero ahora, afortunadamente, hay una juventud heroica que se enfrenta de una forma muy valiente a la represión barbárica del Gobierno para silenciar las manifestaciones”, señala. A su juicio, el estallido social “debería terminar con la salida del Gobierno. Si ellos fueran personas con alma y no desalmados y gordos mofletudos, tendrían que marcharse del país y dejar que Venezuela se recomponga, porque tenemos el potencial y estoy seguro de que nos vamos a reconstruir rápidamente”.
Rosaura Valentín, esposa del también dirigente opositor encarcelado, el hispano venezolano Yon Goicoechea, cree que la situación por la que atraviesa el país solo se puede solucionar “a través de la Constitución y permitiendo a los venezolanos votar. Estamos en las calles porque no se nos deja ir a las urnas, porque no tenemos libertad y tenemos a nuestras familias divididas, bien por los encarcelamientos o bien porque muchos ciudadanos se han tenido que marchar al exilio”, apunta.
Las cifras que maneja la oposición hablan de que en el último lustro han salido de Venezuela cerca de dos millones de personas. Y muchos de ellos tienen como destino España. Según datos provisionales del Ministerio del Interior, los ciudadanos venezolanos desbancaron en 2016 a los sirios como primeros solicitantes de asilo. Se recibieron, solo ese año, 4.200 peticiones.
Las tres reclamaciones de la oposición son claras: renovación del Poder Judicial, liberación de los presos políticos y convocatoria de elecciones presidenciales. Pero Raúl Gallegos, analista internacional económico y autor del libro ¿Cuándo se jodió Venezuela? (Deusto, 2016), se muestra pesimista sobre el devenir del país y sobre la opción de que esas reivindicaciones puedan cumplirse. “El chavismo va a seguir y no va a cambiar. Vamos a continuar viendo cómo el Gobierno utiliza el ente electoral para atrasar elecciones, inhabilitar a candidatos para que no puedan participar en comicios y encarcelando a presos políticos”, lamenta.
La comunidad internacional
Gallegos reivindica una mayor respuesta por parte de la comunidad internacional que, a su juicio, se ha mostrado tibia ante los desmanes de Maduro de los últimos años. “Muchos gobiernos del hemisferio latinoamericano han sido aliados de Venezuela bien por intentar conseguir gasolina barata o bien por afinidades ideológicas. Y es cierto que ese esquema ha cambiado.
No obstante, el chavismo ha aprendido durante estos años y las pequeñas amenazas de la ONU, de EEUU o de la OEA ya no le hacen cosquillas”, insiste. La comunidad internacional “quiere que el chavismo desaparezca de manera democrática, pero el Gobierno es suficientemente cínico como para aprovecharse de esa buena voluntad mundial y mantenerse por la fuerza”. Él considera que “la historia de Venezuela no es alentadora porque cualquier transición ha pasado por el acuerdo tácito de las fuerzas armadas”.
Lejos de plantear ninguna intervención militar, el nuevo presidente norteamericano sí ha realizado gestos en contra del chavismo. Recibió en la Casa Blanca a Lilian Tintori, esposa del encarcelado Leopoldo López y reivindicó la libertad de los presos políticos. “Venezuela es un desastre. Veremos qué ocurre”, aseguró nada más conocer la decisión de Maduro de retirar al país de la OEA. El subsecretario de Estado adjunto de EEUU para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Fitzpatrick, fue más allá tras el anuncio del Gobierno venezolano sobre la Asamblea Nacional Constituyente y anunció que estudiaría nuevas sanciones contra el país latinoamericano.
El origen de la crisis
Sobre cómo se ha llegado a esta situación habla Alberto Silva, hoy profesor universitario y que ejerció distintos cargos ejecutivos en los gobiernos anteriores a la llegada de Hugo Chávez, en 1999. “Venezuela fue un país caracterizado por cierta austeridad y disciplina de trabajo en sus habitantes, así como por partidos políticos capaces de entenderse en los asuntos de gobierno hasta 1973, cuando se produjo el alza internacional de los precios del petróleo. A partir de entonces se perdieron los valores tradicionales, la gente se acostumbró a vivir cómodamente sin trabajar mucho, la corrupción comenzó a generalizarse y los principales partidos fueron descuidando su responsabilidad y desatendiendo las necesidades de la mayoría de la población”.
El profesor explica que “ese proceso de deterioro se prolongaba ya desde hacía 25 años cuando Chávez ganó las elecciones”. Venezuela “era entonces un país con muy pocas fortalezas –quizás sus universidades, la Iglesia Católica y parte del sector empresarial– pero con muchísimas debilidades como la pobreza, la corrupción, el deterioro institucional, la baja productividad y la ausencia de liderazgo político”. En esas circunstancias “fue fácil para Chávez, ayudado por algunos empresarios y medios de comunicación, capitalizar el sentimiento de frustración casi generalizado en Venezuela”.
Fue en ese contexto en el que el autodenominado líder de la revolución bolivariana “prometió, como muchos otros demagogos”, que elaboraría “una nueva Constitución y que el viejo modelo político bipartidista iba a ser sustituido sin explicar mucho en qué consistiría esa revolución”. Algunas de sus promesas específicas fueron: “No permitiré que en Venezuela haya un solo niño en la calle”; “entregaré el poder en cinco años”; “no cerraré ningún medio de comunicación”;“apoyaré la inversión privada”; “construiré una democracia más auténtica” o “reduciré la pobreza y la corrupción”.
A juicio de Silva, la mayoría de esas promesas no solo no se han cumplido sino que se ha agravado la situación. “El principal acierto del chavismo fue tomar el control de todos los poderes del Estado porque una vez que dominaron tanto el poder ejecutivo como el legislativo, el judicial y el electoral, además de convertir a las Fuerzas Armadas en un instrumento al servicio de su causa política, se hizo poco menos que imposible removerlos del Gobierno”, advierte. Fue solo el inicio de la “deriva hacia el autoritarismo” que, según Silva, llegó “con la complicidad de los principales jueces y de los jefes militares, sin que el apoyo popular jugase un papel importante”.
Mientras tanto “la sociedad ha sufrido un cambio terrible en estos últimos 18 años”, porque es “mucho más pobre, está pasando hambre, la criminalidad ha crecido explosivamente y muchos han tenido que emigrar para tratar de salvarse de esa situación”. Todo ello ha supuesto el caldo de cultivo del estallido social de las últimas semanas.
En ese camino han jugado, según él, un papel determinante dos países: Cuba y China. “Han sido los principales socios internacionales de Venezuela en la supervivencia del chavismo. La Cuba de los Castro, por su asesoría política y por sus servicios de inteligencia para abortar cualquier intento de rebelión militar, y China, por su apoyo financiero”, apunta Silva.
Para el profesor la única solución pasa por las urnas aunque aún no tiene claro qué líder puede superar las divisiones de la oposición. “No parece que el futuro de Venezuela pueda depender de una sola persona. Hace falta un liderazgo colectivo, en el que estén representados los partidos de la oposición y que permita encarar la transformación que necesita el país”, concluye.
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