Por Cambio16
15/01/2017
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este domingo que este lunes será oficializado en la nación suramericana un nuevo decreto de Emergencia Económica, el primero del año 2017, y que fue promulgado cinco veces en 2016.
En las leyes venezolanas, los decretos de Emergencia Económica es una facultad especial que le da al jefe de Estado y Gobierno (en el caso venezolano, Maduro) a tomar decisiones en materia económica directamente (principalmente conducción y aprobación de presupuestos) sin tener que pasar por la aprobación de la Asamblea Nacional (Parlamento); este permiso, según la Constitución venezolana, debe ser legalizado por el Tribunal Supremo venezolano y aprobado por el Parlamento.
Sin embargo, este nuevo decreto, así como los anteriores, se pondrá en curso sin pasar por la cámara legislativa: Maduro lo aprobará con la anuencia del Tribunal Supremo -acusado de estar parcializado con el Gobierno- argumentando la condición de «desacato jurídico» en el que actualmente se encuentra el Parlamento, de mayoría opositora, y que le ha impedido ejercer sus funciones durante todo el 2016.
El presidente venezolano hizo este anuncio durante la presentación de su informe anual a la nación, el cual realizó precisamente ante el Tribunal Supremo.
Sin victorias
Durante el anuncio, Maduro aseguró que este decreto representó un vehículo extraordinario para poder maniobrar en medio de la crisis y garantizar el libre acceso a bienes, mitigar la inflación y el dólar paralelo, y recuperar el precio del petróleo. Sin embargo, las cifras actuales de la economía venezolana distan mucho de los objetivos para los cuales le fueron otorgadas cinco veces esas facultades al mandatario: la inflación en el país suramericano ha superado un 600% en un año, la escasez de productos básicos -como los alimentos y medicinas- llegó a 53%, la economía se contrajo 12% y el poder de compra cayó 25%, según economistas.
La Constitución venezolana establece dos condiciones fundamentales para que un decreto de Emergencia Económica sea otorgado: que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declare su legalidad y que sea aprobado por el Parlamento, y esto último nunca ocurrió, lo que ha hecho que sectores contrarios al gobierno venezolano denuncien que estos decretos han estado al margen de la estricta legalidad.
Asimismo, la ley venezolana establece que la duración es de 60 días, prorrogable por un plazo igual. Y que la aprobación de la prórroga corresponde a la Asamblea. Sin embargo, aun sin el visto bueno del Poder Legislativo la normativa ha sido prorrogada cinco veces.
Sin frenos
Maduro presentó este 15 de enero el balance de su gestión ante el Tribunal Supremo, siguiendo las órdenes de este órgano, ante la sentencia de desacato que pesa sobre la Asamblea Nacional (parlamento unicameral).
«Nada ni nadie iba a impedirme cumplir con mi obligación de rendirle cuentas al país, obligación que es ante todo ética, yo me debo al pueblo de Venezuela, e iría a donde fuese necesario para rendir cuentas», expresó el presidente Maduro, en un mensaje transmitido en cadena de radio y televisión.
El jefe de Estado debía presentar personalmente, según establece el artículo 237 de la Constitución, su informe anual ante la Asamblea Nacional los primeros 10 días siguientes de la instalación del Parlamento.
Sin embargo, sobre el Poder Legislativo venezolano pesa una sentencia de desacato desde el mes de agosto, cuando su junta directiva, encabezada por el diputado Henry Ramos Allup, decidió incorporar a su seno a tres diputados, cuyo resultado electoral fue impugnado por el Supremo, ante denuncias de fraude.
Dicha sentencia, según reiteró, la presidenta del tribunal, magistrada Gladys Gutiérrez, declara nulas e írritas todas las decisiones de la Asamblea Nacional.
Por ello, el jefe de estado indicó que en acatamiento a esta sentencia acudió al Tribunal Supremo en ejercicio de sus deberes y derechos constitucionales para ofrecer su mensaje anual.
Al inicio de su discurso, el presidente reiteró que, pese al «ilegítimo» acuerdo de «abandono de cargo» aprobado por la mayoría de la Asamblea, se encuentra en pleno ejercicio de sus derechos.
Maduro también hizo referencia a los esfuerzos que realizó por el diálogo nacional, durante el 2016, un año que estuvo marcado por las pugnas del poder legislativo, de mayoría opositora, con el ejecutivo y el judicial. Esta es la primera ocasión en la que un mandatario venezolano acude ante el Poder Judicial a presentar el balance de su gestión.
Billete extendido
Por otra parte, Maduro decretó una nueva extensión del plazo para el uso del billete de 100 bolívares, el de mayor denominación en el país y que había ordenado retirar de circulación en diciembre del pasado 2016, una orden que prácticamente desmonetizó a la nación suramericana y generó intensas filas en los bancos y protestas. Estos billetes iban a ser sustituidos por nuevas notas de cambio de mayor valor, pero estas aún no han llegado al país.
Se trata de la tercera prórroga sobre la vigencia del billete desde que el pasado 17 de diciembre el Gobierno fijara el 2 de enero como límite del plazo para su uso. Posteriormente, se extendió su vigencia hasta el 20 de enero y, en esta ocasión, hasta el 20 de febrero de 2017.
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