Por Cambio16
28/1/2018

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La mitad de los medicamentos que se dejaron de financiar en 2012 han encarecido su precio en estos cinco años. En algunos casos, incluso lo han triplicado. FACUA-Consumidores en Acción alertó en 2012 de que ésta sería la consecuencia del medicamentazo del Gobierno de Rajoy. Una advertencia que provocó que el Ministerio de Sanidad amenazara con ilegalizarla. Argumentó entonces que no tenía derecho a posicionarse sobre cuestiones de sanidad pública.

Han pasado cinco años desde que el Gobierno desfinanciara 320 fármacos. Un coste que tuvo que asumir el usuario. Según un informe del diario Público, el precio de 175 de ellos ha aumentado. Incluso en 65 casos han llegado a duplicarse o triplicarse. Solo un medicamento ha bajado su precio, 138 lo ha mantenido y 6 han desaparecido de la lista. Otros cinco medicamentos que antes no figuraban en la lista han entrado en ella.

El medicamentazo

Fortasec, para tratar la diarrea, ha subido en estos cinco años un 216%. Ha pasado de 1,89 a 5,98 euros (impuestos incluidos) en su envase de 10 cápsula. El Daflon, para las insuficiencias venosas, ha aumentado un 131% en su caja de 30 comprimidos. Su precio ha pasado de 4,40 a 10,18 euros, según el citado informe.

Uno de los casos más graves es el de el jarabe para la tos Mucosan para adultos. Este fármaco ha elevado su precio un 335%, de los 2,06 a los 8,96 euros.

Además de la subida de precios, FACUA advirtió también de otros efectos negativos del medicamentazo. Como que se recetaran a modo de sustitución fármacos que sí estuvieran financiados. Sobre todo los indicados para dolencias más graves y generalmente más caros. Inlcuso, que los usuarios tiendan a la automedicación al dejar de acudir al médico.

Además, numerosos ciudadanos dejarán de ir a la consulta médica. Puede incluso que opten por medicarse ante síntomas menores. Una práctica que no solo los agrava, sino que puede provocar además que patologías más graves pasen desapercibidas.

Criterios no científicos

El criterio para dejar de financiar medicamentos era «que el principio activo cuente con un perfil de seguridad y eficacia favorable y suficientemente documentado a través de años de experiencia y uso extenso». Además, que estén «indicados en el tratamiento de síntomas menores». Así lo contempla el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril.

La asociación ya alertaba durante el periodo de trámite de audiencia de esta ley. Señalaba que medidas similares llevadas a cabo por gobiernos anteriores, tanto en España como en otros países, no habían provocado el ahorro previsto.

De hecho, según el informe, el gasto sanitario público se fue reduciendo. Pasó de los 12.296 millones de euros en 2011 a los 10.391 de 2014. Después subió de nuevo y alcanzó los 15.640 millones en 2017. Señala además que solo el gasto derivado de recetas asumidas por la sanidad pública (sin la farmacia hospitalaria) aumentó en más de 500 millones entre 2014 (9.954) y 2016 (10.481). Mientras el acumulado de 9.825 en noviembre apunta a que la cifra final rondará los 10.800. Mil por encima de los 9.769 que la exministra Ana Mato admitió al cierre de 2012 tras un descenso del 12,2%.

FACUA señala que todas estas medidas no buscan un ahorro. Al contrario, son un paso más del proceso de desmantelamiento de la sanidad pública. Una consecuencia más que se suma a la privatización de hospitales en varias comunidades autónomas. Así como el copago, que incluye la eliminación de la gratuidad de los fármacos para los pensionistas. O la negativa a prestar asistencia a los inmigrantes que al no lograr un empleo no pueden conseguir permiso de residencia.

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