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Boracay

Filipinas: cientos de policías antidisturbios para cerrar la isla Boracay

Cambio16
17/04/2018

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El aviso ya estaba sobre la mesa. Hace un par de semanas, Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas, anunció que cerraría la isla Boracay. ¿El motivo? Se está convirtiendo en un “pozo séptico”. La isla, una joya turística del país, recibe, según BBC, más de 2 millones de turistas cada año. En este sentido, las autoridades afirman que se violan las normas ambientales. Por consiguiente, el paraje está en peligro de perder toda su exuberancia. Para evitarlo, el mandatario cerrará el destino por seis meses. La medida comenzará el 26 de abril.

La belleza de Boracay se desdibuja a una velocidad vertiginosa. Instituciones gubernamentales declaran que los hoteles, restaurantes y otros locales vierten aguas residuales directamente en el mar. Además, los 10 kilómetros cuadrados de la isla se sumen en un basurero. Para acabar con este deterioro, las autoridades acaban de publicar un plan de bloqueo para mantener alejados a los turistas rebeldes. “Utilizaremos más de 600 agentes de policías. También incluiremos una unidad de dispersión de multitudes integrada por 138 personas”, rescata The Guardian.

De hecho, los residentes de Boracay deben portar carnets de identificación. También se prohibirá el canotaje y la natación nocturna. “En cualquier transición, especialmente para una acción drástica como esta, siempre hay confusión, incertidumbres y moral baja. Las analizamos y queremos mitigar cualquier problema de seguridad”. Fueron las palabras de Ch Supt Cesar Binag, director de la policía regional.

En otro orden de ideas, la entrada a Boracay estará limitada a un pequeño puerto marítimo. Según Channel News Asia, las empresas en Boracay presionaron al estado para una “rehabilitación gradual”. Afirman que un cierre abrupto puede llevar a la quiebra y pérdidas de empleos. “Está en peligro el trabajo de 17 mil hoteleros, restaurantes y otros oficios turísticos de la isla”, señala el portal.

Parte de la tarea de recuperación de Boracay incluye la demolición de construcciones ilegales sobre pantanos. El Gobierno, además, sancionará a las autoridades que permitan el uso inadecuado del alcantarillado local. Según El Economista, el cierre de Boracay constará 874 millones de euros.

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