Por Cambio16
08/08/2017

• EEUU impondrá más sanciones contra el equipo de Maduro por la Constituyente

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), Zeid Ra’ad Al Hussein, no tiene ninguna duda sobre la autoría de las vulneraciones de derechos que se están dando en Venezuela: «La responsabilidad por las violaciones de derechos humanos que estamos registrando está en los niveles más altos del Gobierno«, ha señalado en referencia al Ejecutivo que preside Nicolás Maduro.

UN human rights team’s findings indicate patterns of rights violations amid mass protests in #Venezuela https://t.co/3oEtBVS8RC pic.twitter.com/1LKOYfwrfZ

— UN Human Rights (@UNHumanRights) 2017(e)ko abuztuak 8

Zeid se ha expresado en estos términos a través de un comunicado al hacer públicas las conclusiones de un estudio puesto en marcha por la organización en Venezuela. A través de distintas entrevistas realizadas entre el 6 y el 31 de junio por un equipo de derechos humanos de la ONU, se constató «el uso generalizado y sistemático de la fuerza excesiva y detenciones arbitrarias contra manifestantes en Venezuela».

«Las conclusiones del equipo también indican patrones de otras violaciones de los derechos humanos, incluyendo incursiones violentas en las casas, tortura y malos tratos a los detenidos en relación con las protestas», señala el texto.

Ante la falta de respuestas de las autoridades venezolanas a las solicitudes de la ONU para acceder al país, Zeid, desplegó un equipo de oficiales para supervisar a distancia la situación de los derechos humanos en el país. El equipo realizó unas 135 entrevistas con víctimas y sus familias, testigos, organizaciones de la sociedad civil, periodistas, abogados, médicos y la Fiscalía General de la Nación. Y también recibió información por escrito de la Defensoría del Pueblo.

Los testigos hablaron de que las fuerzas de seguridad disparaban gas lacrimógeno y balas contra manifestantes sin previo aviso. Asimismo, varios de los individuos entrevistados aseguraron que los botes de gas lacrimógeno se usaban a corta distancia. La conclusión de la ONU es, asimismo, que las fuerzas de seguridad también han recurrido al uso de la fuerza mortal contra los manifestantes.

«Aplastar el disentimiento»

Los informes sugieren, en esa línea, que las fuerzas de seguridad, principalmente la Guardia Nacional, la Policía Nacional y las fuerzas policiales locales, han utilizado «sistemáticamente una fuerza desproporcionada para infundir miedo, aplastar el disentimiento y evitar que los manifestantes se reúnan y lleguen a las instituciones públicas a presentar sus reclamaciones». Denuncian, asimismo, que «las autoridades gubernamentales rara vez han condenado tales incidentes».

Al 31 de julio, la Fiscalía General de la Nación estaba investigando 124 muertes en el contexto de las manifestaciones. Según el análisis del equipo de Derechos Humanos de la ONU, las fuerzas de seguridad son responsables de al menos 46 de esas muertes, mientras que los grupos armados progubernamentales, denominados «colectivos armados», son responsables de 27 de las muertes. No está claro quiénes serán los perpetradores de las muertes restantes.

La Procuraduría General de la República también estaba investigando al menos 1.958 casos reportados de lesiones, aunque la cifra real de heridos «puede ser considerablemente mayor».

Asimismo, aunque no hay datos oficiales sobre el número de detenciones, la ONU estima que entre el 1 de abril, cuando comenzaron las manifestaciones masivas, y el 31 de julio, más de 5.051 personas fueron detenidas arbitrariamente.

En varios de los casos revisados ​​por la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, hubo «denuncias creíbles de tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de las fuerzas de seguridad», que en varios casos fueron torturados. Las tácticas utilizadas incluyeron «descargas eléctricas, palizas, incluyendo cascos y palos, esposados, colgando a los detenidos por las muñecas durante largos periodos, asfixia con gas y amenazas de asesinatos –y en algunos casos amenazas de violencia sexual– contra los detenidos o sus familias».

El despido de Ortega

«Desde que la ola de manifestaciones comenzó en abril, ha habido un claro patrón de fuerza excesiva contra los manifestantes. Varios miles de personas han sido detenidas arbitrariamente, muchos presuntamente sometidos a malos tratos e incluso torturas, mientras que varios cientos han sido llevados ante tribunales militares y no civiles «, dijo Zeid. «Y estos patrones no muestran signos de disminución».

El Alto Comisionado ha señalado además que la decisión de la Asamblea Constituyente el 5 de agosto de despedir a la ya exfiscal general, Luisa Ortega es «profundamente preocupante» y ha instado a las autoridades a garantizar investigaciones independientes y efectivas de violaciones de derechos humanos que involucren a las fuerzas de seguridad y colectivos armados.