¿Qué proponen los partidos en sanidad?

 Por María Jesús Hernández
 15/12/2015

• Las propuestas energéticas
• Terrorismo global
• Refugiados e inmigración
• Organización territorial del Estado
• Televisión pública
• Contra la violencia machista
• A favor de la Memoria Histórica
• Reforma de la Constitución
• Educación
• Contra el paro

Son innumerables las ocasiones en las que la Marea Blanca tomó la calle para defender el sistema sanitario español. Listas de espera interminables, falta de recursos, de personal… Los recortes, los copagos y las privatizaciones han hecho tambalearse la sanidad pública y universal española en esta legislatura. Ahora, el PP habla de «continuar consolidando la calidad» del sistema sanitario español. «Ahora que la situación económica los permite», reza su programa. Sin dar muchos detalles sobre la financiación, deja claro que no tocará el real decreto ley 16/2012, donde restringió el acceso a la sanidad universal a los inmigrantes e introdujo los copagos. El PSOE, Podemos y Unidad Popular derogarán este decreto, mientras que Ciudadanos habla de un pacto por la Sanidad, al igual que UPyD.

Con respecto a la privatización, los socialistas dicen que mantendrán «la titularidad pública de los hospitales y centros de salud y de los servicios sanitarios y clínicos sin perjuicio de que el sector privado pueda desarrollar un rol complementario», y el partido que lidera Albert Rivera habla de evaluar «con imparcialidad y rigor las experiencias de gestión privada de centros sanitarios de titularidad pública». Unidad Popular recoge expresamente que «se prohibirá expresamente la privatización de cualquier infraestructura sanitaria pública».

La modernización, las reducción de las listas de espera y una mayor eficacia del sistema mejorando las trabas administrativas con las comunidades autónomas son algunos de los puntos comunes de la mayoría de los partidos. Estas son algunas de las principales propuestas sobre el sistema sanitario que llevan los partidos en su programa:

El partido que lidera Mariano Rajoy dice en su programa que continuará «consolidando la calidad del sistema sanitario desde el punto de vista de su cohesión y equidad, y que los ciudadanos puedan acceder en condiciones de igualdad a los servicios de salud públicos desde cualquier punto de España y sin distinciones». No obstante, no hará cambios en el real decreto ley 16/2012, mediante el que el Gobierno popular introdujo restricciones al acceso a la sanidad a los inmigrantes y copagos.

En su programa recogen que «ahora que la situación económica lo permite, es necesario también que afrontemos un reto fundamental: vamos a aprobar un modelo de financiación de la sanidad que garantice la cobertura de las necesidades reales, equilibrado y que tenga en cuenta la edad y la dispersión de la población y garantice la igualdad de derechos sanitarios de todos los españoles»; también proponen «profesionalizar la gestión sanitaria mediante el desarrollo de un área de capacitación específica que permita la formación especializada de directivos sanitarios, les proporcione un conocimiento profundo de la realidad sanitaria y les dote de competencias de liderazgo e iniciativa para la toma de decisiones basadas en criterios técnicos».

No dan más detalles sobre la financiación. Entre otras cosas también ponen sobre la mesa un Plan Nacional de Transparencia Sanitaria «con los principales indicadores de estructura, proceso y resultado, y que permita a los pacientes una decisión informada y libre sobre las cuestiones más importantes que afectan a su salud, incluido el centro sanitario al que quieren acudir».

El Partido Socialista asegura «una Sanidad Pública, Universal, Sostenible y de Calidad, un derecho fundamental que tenga garantizada la suficiencia financiera». Recoge en su programa que recuperará «el carácter universal de la asistencia sanitaria derogando el RDL 16/2012 con carácter inmediato a su llegada al Gobierno» y promoverá una nueva Ley General de Sanidad. Quieren converger hacia una cartera común de servicios para toda la ciudadanía en coordinación con las CCAA, «acabando con la multiplicidad de carteras creadas por el gobierno del PP». Su programa recoge que quieren «mantener la titularidad pública de los hospitales y centros de salud y de los servicios sanitarios y clínicos que se prestan en los mismos, sin perjuicio de que el sector privado pueda desarrollar un rol complementario, sometido a criterios de complementariedad, transparencia, exigencias estrictas de garantías de calidad y control».

Con respecto a la financiación, «nuestro objetivo es invertir más en sanidad pública, procurando que la participación en el PIB alcance el 7% del PIB al final de la segunda legislatura.«. También incluyen la revisión de el copago farmacéutico para tener en cuenta criterios de necesidad y cronicidad para evitar que siga siendo una barrera de acceso, en especial para pensionistas, parados y colectivos en situación de riesgo socioeconómico, «en el ámbito de esa revisión, contemplar el establecimiento de topes». La formación que lidera Pedro Sánchez recoge que si en la próxima legislatura hay un consenso, abrirán «el debate sobre la eutanasia».

El partido de Albert Rivera encabeza su programa de sanidad afirmando que garantizará «una sanidad pública, universal, gratuita y de calidad», aunque en su programa no aparece la derogación de la el RDL 16/2012, ni el regreso de los inmigrantes irregulares a la sanidad universal. Propondrán un pacto de Estado «al objeto de definir la cobertura sanitaria de la población, en el contexto de nuestra pertenencia a la unión europea y un Pacto Europeo para asistencia sanitaria a inmigrantes sin tarjeta de residencia que unifique la cobertura mínima exigible a los países de la unión». Aseguran que despolitizarán la gestión sanitaria, mediante el nombramiento de directivos y gestores sanitarios profesionales.

Con respecto a la financiación, Ciudadanos quiere «un sistema nacional de salud, financiado por impuestos exclusivamente y sin introducir copagos que sean una barrera al acceso a los servicios sanitarios públicos por razones económicas». No obstante, matizan que «nos comprometemos a no establecer nuevos copagos o tasas por acceso o la prestación de servicios a la prestación farmacéutica».  También recogen que evaluarán «con imparcialidad y rigor las experiencias de gestión privada de centros sanitarios de titularidad pública iniciadas hace años, con indicadores de efectividad, seguridad y eficiencia. No se fomentarán dichas formas de gestión en tanto en cuanto no hayamos realizado una evaluación pormenorizada de las existentes». Por otro lado, la formación naranja quiere «regular la posibilidad de la gestación subrogada» y defiende «la posibilidad de rechazar o interrumpir un tratamiento de soporte vital».

El partido que lidera Pablo iglesias promete «cobertura sanitaria universal y el derecho a la tarjeta sanitaria para todas las personas, también para los inmigrantes o emigrantes de nacionalidad española». También recogen «la Derogación del Real Decreto 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, mediante el cual se destruyó la universalidad de la asistencia sanitaria en España». Ponen sobre la mesa, un régimen único para todos: la Seguridad Social, «pondremos en marcha un proceso progresivo de convergencia dentro de la Seguridad Social de la multiplicidad de regímenes especiales existentes y promoveremos la homogeneización de la cartera de prestaciones para todo el personal funcionario».

Con respecto a la financiación, incluyen un incremento del presupuesto público en sanidad en 8800 millones de euros y la aprobación de una Ley de Transparencia del Sistema Sanitario «que anime a la participación de los profesionales y la ciudadanía, que obligue a la transparencia en la gestión de los recursos y procesos de contratación, que evalúe las políticas públicas sobre salud y genere mecanismos de rendición de cuentas». Podemos también recoge una ley que posibilite «la libre disposición de la propia vida» y la derogación  del apartado 4 del artículo 143 del Código Penal, que considera delito la eutanasia y el suicidio asistido.

Reformará todas las leyes que modificó el RDL16/2012 relativas al derecho a la asistencia sanitaria, «dejándolo sin efecto, para garantizar que ningún español ni ningún extranjero residente en España quede excluido». Unidad Popular recoge en su programa que «todos los ciudadanos deben tener derecho a la asistencia sanitaria en los Servicios Públicos de Salud que componen el Sistema Nacional de Salud, por lo tanto deben desaparecer las mutualidades de funcionarios, militares y jueces, así como las llamadas mutuas de accidentes de trabajo y otros convenios de asistencia sanitaria mediante una reforma de la Ley de la Seguridad Social».

Con respecto a la financiación, «la asistencia sanitaria deber ser suficiente, con financiación, gestión y provisión públicas. Se prohibirá expresamente la privatización de cualquier infraestructura sanitaria pública«. Por ello, «se realizarán cambios legislativos a nivel estatal, incluyendo la derogación de la ley 15/97, que impidan la privatización y que faciliten los procesos de devolución a manos públicas de lo privatizado en los servicios autonómicos de salud y los servicios de salud dependientes de la administración central». Incrementará en un 1% del PIB adicional la financiación del sistema sanitario. Proponen también la derogación del artículo 143 del Código Penal.

También propone un Pacto por la Sanidad, «similar al Pacto de Toledo sobre la Seguridad Social, que aleje la sanidad de la disputa política y garantice la viabilidad futura de un sistema sanitario público, de calidad y universal». El programa del partido que lidera Andrés Herzog apuesta por «la eliminación de la aplicación regresiva del copago en Sanidad» e incluye devolver al Estado las competencias de Sanidad con el fin de reinstaurar un sistema sanitario común para todo el territorio nacional, «basado en los principios de equidad, calidad, eficiencia y participación ciudadana».

Proponen «legalizar la gestación subrogada entendida como la técnica por la que una mujer acepta ser la gestante mediante cualquiera de las técnicas de reproducción asistida contempladas por la ley y dar a luz al hijo de otras personas o persona (progenitores subrogantes) como técnica reproductiva, derogando los preceptos normativos que lo impidan». También abordan el tema de «la muerte digna», recogen el desarrollo de «una Ley de Eutanasia que permita la muerte digna, libremente decidida y bajo la adecuada supervisión profesional y legal, a personas en situación terminal».