Veinte ex altos cargos andaluces seran juzgados junto a Chaves y Griñan

Por Cambio16
28/04/2017

• Chaves y Griñán, expresidentes al banquillo
• Preguntas y respuestas del caso de los ERE

Los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán se sentarán en el banquillo de los acusados por los ERE junto a otros 20 exaltos cargos andaluces, entre los que están Magdalena Álvarez y Gaspar Zarrías.

Los 22 exaltos cargos del Gobierno andaluz serán juzgados por malversación y prevaricación por el reparto de subvenciones al margen de todo tipo de control o procedimiento reglado entre los años 2000 y 2010, a través de un sistema diseñado ex profeso y por el que se detrajeron de manera fraudulenta de los fondos públicos en torno a 741 millones de euros, según el cálculo realizado por la Fiscalía Anticorrupción.

El juez instructor, por su parte, eleva el posible fraude a 854,8 millones, precisa el diario El Mundo.

La Audiencia de Sevilla ha dado a conocer este jueves los últimos recursos que tenía pendientes de ex altos cargos procesados en la conocida como pieza ‘política’ de los ERE derivada de la macrocausa, que será, previsiblemente, la primera que vaya a juicio.

Al resolver los recursos, ha quedado fijado definitivamente en 22 el número de ex altos cargos del Gobierno andaluz que serán enjuiciados en esta pieza de los ERE irregulares, en la que están Chaves y Griñán. Inicialmente, había 26 ex cargos, pero cuatro han quedado fuera de la causa.

El Tribunal Supremo está investigando los altos cargos que habrían intervenido de manera fraudulenta en el fondo público de 855 millones de euros que subvencionaba ERE y ayudas directas a diferentes empresas en crisis. La instructora del caso, Mercedes Alaya, remitió el pasado mes de agosto una exposición detallada para que se investigara a los aforados que estarían relacionados con este fraude millonario.

La Junta de Andalucía empleó el dinero en las prejubilaciones y despidos de 6.096 trabajadores, pero 126 nunca habían trabajado en las empresas beneficiarias. A su vez, se pagaron comisiones a las aseguradoras por la tramitación de pólizas. Para Alaya, todo ello era un mecanismo ilegal, basado en transferencias de financiación que favoreció a los intermediarios de las operaciones.

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