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viernes , julio 19 2019
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“Voy a pedir el ingreso de Rato en prisión”

Por Carlos Fonseca

“Yo habría pedido el ingreso de Rato en prisión y una vez que nos han aceptado la personación voy a hacerlo”. Quien lanza tal aserto es la abogada Josefa García Lorente, de 66 años de edad, que en nombre de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) acaba de hacerse cargo de la acusación popular en la causa contra el exvicepresidente del Gobierno por la comisión de los delitos de blanqueo de capitales, fiscal y de corrupción entre particulares, que investiga el Juzgado de Instrucción nº 31 de Madrid. Afortunadamente para Rato, el juez instructor, Antonio Serrano-Arnal, denegó inicialmente la personación de la citada asociación, acordada después por la Audiencia Provincial, y la letrada no pudo estar presente en el interrogatorio al que fue sometido el pasado día 7, en el que la fiscal Elena Lorente no solicitó la adopción de ninguna medida cautelar contra él, lo que le salvó de ingresar en prisión. En esa declaración Rato negó haber cobrado comisiones por adjudicar contratos de publicidad cuando era presidente de Bankia.

Josefa García Lorente
Josefa García Lorente

“La decisión de personarnos en la causa la adoptamos en una reunión de la junta directiva de ADADE en la que nos planteamos que chirriaba mucho que fuésemos la acusación popular en el ‘caso Bárcenas’, por ejemplo, en el que un señor ha metido mano en la caja de un partido político y, sin embargo, no estuviésemos en otro que afecta a todos los españoles, como es el ‘caso Rato’”, dice Josefa, Pepa, García Lorente. “Si hubiese estado en la declaración del exvicepresidente habría pedido su ingreso en prisión, porque es un contrasentido que el testaferro Alberto Portuondo esté en la cárcel y la persona a la que representaba en la calle. Dicho lo cual, también considero complicado que el juez la hubiese acordado”.

Según la investigación, Portuondo habría actuado de intermediario en 2011 y 2012 entre Bankia y las empresas de publicidad Publicis y Zenith en la concesión de dos campañas publicitarias del banco por importe de 46 millones de euros. A cambio de ello recibió 2,02 millones de euros a través de su empresa Albisa S.L. que, a su vez, abonó 835.000 euros a la sociedad Kradonara 2001 S.L., propiedad del exvicepresidente, a razón de 40.000 euros mensuales durante dos años. En esta sociedad en la que constan otros ingresos por un monto total de 6,5 millones de euros cuyo origen se investiga. Rato aseguró que los citados 835.000 euros corresponden a trabajos profesionales, y no a comisiones, y que los bienes de que dispone en el extranjero tienen origen familiar y están declarados al fisco.

Pendiente aún de que el Tribunal Supremo resuelva si la causa debe seguir en manos del juzgado de la capital que la instruye o pasar a la Audiencia Nacional, la letrada entiende “que debe quedarse en el actual juzgado de instrucción porque toda la actuación presuntamente delictiva se llevó a cabo aquí, sin más ramificaciones, pero es una opinión a expensas de que se levante el secreto sumarial, tenga acceso a las actuaciones y pueda estudiarlas”.

Especialista en Derecho Laboral, durante 26 de sus 33 años de carrera profesional coordinó el Servicio de Orientación Jurídica del Colegio de Abogados de Madrid, cargo que abandonó en 2012 para ser candidata a la presidencia del mismo. “Hubo un grupo de abogados de a pie que me convencieron para presentarme y dar la batalla, y tengo que decir que estoy bastante contenta de los resultados, al haber conseguido el apoyo de quinientos letrados de la capital de los algo menos de 2.800 que acudieron a votar. La participación en este tipo de comicios, que suele rondar tan sólo el 1%, llegó casi al 5% entre el censo de profesionales, que por entonces era de unos 56.000”.

Afectada de una grave discapacidad física en ambos brazos a consecuencia de una enfermedad congénita “que ningún médico ha sabido poner nombre”, asegura que, más allá de las barreras físicas a las que ha de hacer frente cualquier discapacitado, nunca se ha sentido discriminada por su minusvalía. “Soy una abogada tardía. Nací en un pueblecito de Albacete, Paterna del Madera, en la sierra del Segura, y no me vine a Madrid a estudiar hasta que lo hizo una hermana, allá por el año 72 o 73. En diez años hice el graduado escolar, el bachillerato, COU y los cinco años de carrera, y me licencié en 1982, con 33 años. Como comprenderás, a esa edad, mujer y minusválida era muy difícil entrar en ningún despacho, de modo que me instalé en el mío propio y poco a poco me he ido abriendo camino, y no debí hacerlo muy mal cuando empezaron a llegarme clientes por recomendación de otros.”

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