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La Abogacía del Estado rechazó considerar a los líderes del “procés” responsables de un alzamiento público y violento/Archivo

Abogacía del Estado español descartó el delito de rebelión contra líderes independentistas

La Abogacía del Estado acusará este viernes a los líderes del proceso independentista catalán  por los delitos de sedición y malversación de fondos públicos. Descartó la tesis de rebelión.

Con esta decisión, el Gobierno de Pedro Sánchez —del que depende la Abogacía del Estado a través del Ministerio de Justicia— se acerca a los partidos independentistas. El apoyo de estas organizaciones es necesario para aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

La decisión de este órgano dependiente del Ejecutivo supone que no hubo un alzamiento violento para declarar la independencia de una parte del territorio. No obstante difiere de la posición de la Fiscalía, que prevé atribuir el delito de rebelión, uno de los más graves del Código Penal.

El Ministerio Público considera que el plan independentista asumió los brotes de violencia. Este plan condujo al acoso a la Guardia Civil y el referéndum ilegal como medios para alcanzar la secesión.

Fuentes jurídicas confirmaron al diario ABC que el exvicepresidente de la Generaliat, Oriol Junqueras, aparece en el escrito con la condición de “dirigente”. Esto supondrá una petición mayor de pena para él en la acusación de la Abogacía, que solicitó el 6 de agosto la apertura de juicio oral por los delitos de rebelión, sedición y malversación.

Esta decisión generó el mismo jueves un rechazo entre los principales líderes políticos en España.

Fiscalía: sí hubo rebelión

En el relato, el órgano directivo de los servicios de asistencia jurídica al Estado y otras instituciones públicas, describe lo que sucedió en Cataluña en el movimiento capitaneado por Carles Puigdemont. Rechaza considerar a los líderes del “procés” responsables de un alzamiento público y violento para declarar la independencia de una parte del territorio de España.

El Ministerio Público no ha dudado a lo largo de toda la investigación en calificar el plan ilegal de rebelión, un delito que se castiga con hasta 25 años cárcel si se comete sin armas.

Según fuentes fiscales, en el caso de Junqueras sus sanciones podrían superar los 20 años de cárcel por el delito de rebelión, reseñó La Vanguardia.

“En la causa contra el Major de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero, la intendente Teresa Laplana y los exjefes políticos de la policía autonómica Pere Soler y César Puig, el escrito de la Fiscalía de la Audiencia Nacional revelará si se les pide penas por los delitos por los que fueron procesados -sedición y organización criminal- o esta petición se agrava también hasta la rebelión”, agregó.

El juicio, en el que 18 líderes independentistas rendirán cuentas por empujar hacia la secesión por las vías ilegales, se celebrará a partir de mediados de enero. Siete magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la cúspide del sistema judicial, resolverán sobre lo sucedido y decidirán si los líderes del “procés” delinquieron o no.

Presupuestos Generales del Estado

Hace dos semanas, luego de una reunión con el líder del PSOE Pedro Sánchez, el dirigente de Podemos Pablo Iglesias visitó al presidente del ERC, Oriol Junqueras, en la prisión de Llenoders (Barcelona) para discutir sobre la situación política y la posición de su partido respecto a los presupuestos pactados por Podemos y el gobierno de PSOE. Esto llevó a dirigentes del PP y de Ciudadanos a afirmar que los PGE se negocian en una cárcel.

En ese sentido, el presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, afirmó que es “una humillación para los españoles que los presupuestos dependan de un ‘vis a vis’ entre Junqueras e Iglesias”. Calificó como un acto de “irresponsabilidad” que el jefe de gobierno “entregue la batuta a Iglesias para podemizar la economía”.

“Qué pensarán otros países cuando vean que los PGE (Presupuestos Generales del Estado) se negocian en una cárcel. Eso es lo malo de negociar a cualquier precio”, dijo Rivera. Subrayó que “Iglesias es el emisario de Sánchez a cambio de seguir en la Moncloa”.

Asimismo, la vicesecretaria sectorial del Partido Popular, Isabel García Tejerina, afirmó que nadie puede entender cómo los socios del gobierno socialista mandan a Pablo Iglesias a negociar los presupuestos en la cárcel. Subrayó que para ningún español sería extraño pensar que “su futuro está en la cárcel”, si es precisamente allí donde se negocia el apoyo de los independentistas a los presupuestos.

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