POR CAMBIO16
19/09/2017
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Al manifestar que «no tiene previsto» responder al requerimiento formulado por el Gobierno que le emplazó a aclarar antes de este jueves 19 a las 10:00 am si declaró o no la independencia desde el Parlament, Carles Puigdemont le estaría dando la carta blanca al Ejecutivo central para poner en marcha la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
En pocas horas el escenario quedará definido, aunque el Gobierno ya comenzó a mover las piezas para su eventual activación. Nunca antes se ha aplicado en España, por lo que, de sucederse, abrirá un nuevo capítulo en la historia española.
Marcado por un preámbulo de últimas ofertas a la Generalitat, reuniones entre líderes y una suerte de «declaración de intenciones» por parte del ‘president’, el artículo 155 es la «opción nuclear». Siempre ha estado ahí como advertencia, pero nunca hubo necesidad ni a nadie se le ha pasado nunca por la cabeza aplicarlo, hasta ahora.
También hubo especulaciones de que el gobierno catalán podría intentar evitar el desencadenamiento del artículo 155 al convocar nuevas elecciones regionales. Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores catalán, Raül Romeva, insistió en que tal movimiento no se estaba considerando, y dijo a los reporteros en Bruselas: «Las elecciones desde nuestra perspectiva no son una opción».
El escenario general con el que trabajan los servicios jurídicos del Estado es la destitución de todo el Govern y su reemplazo por una superestructura general paralela designada por el Gobierno central para hacerse cargo de la gestión ordinaria de la administración autonómica catalana durante unos meses -de tres a seis- y posteriormente convocar las elecciones autonómicas. Una operación político-jurídica inédita, delicada y plagada de incógnitas que los responsables de su ejecución habrán de resolver antes de plantearla en el Senado, en caso de que suceda.
El temido 155
Incluido en el título VIII de la carta magna (sobre la organización territorial del Estado), el artículo 155 establece que «si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan», o «actuare de forma que atente gravemente al interés general de España», el Gobierno podrá «adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones» o «para la protección del mencionado interés general».
Sin embargo, tal y como lo señala la ley fundamental del Estado español, antes de adoptar cualquier medida, el Ejecutivo nacional tendrá que pedirle al presidente de esa comunidad que reconsidere su postura y vuelva al orden constitucional. El señalamiento no fija un plazo máximo para que este dé una respuesta.
