Artículo 155: La “opción nuclear” española

POR CAMBIO16
19/09/2017

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Al manifestar que “no tiene previsto” responder al requerimiento formulado por el Gobierno que le emplazó a aclarar antes de este jueves 19 a las 10:00 am si declaró o no la independencia desde el Parlament, Carles Puigdemont le estaría dando la carta blanca al Ejecutivo central para poner en marcha la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

En pocas horas el escenario quedará definido, aunque el Gobierno ya comenzó a mover las piezas para su eventual activación. Nunca antes se ha aplicado en España, por lo que, de sucederse, abrirá un nuevo capítulo en la historia española.

Marcado por un preámbulo de últimas ofertas a la Generalitat, reuniones entre líderes y una suerte de “declaración de intenciones” por parte del ‘president’, el artículo 155 es la “opción nuclear”. Siempre ha estado ahí como advertencia, pero nunca hubo necesidad ni a nadie se le ha pasado nunca por la cabeza aplicarlo, hasta ahora.

También hubo especulaciones de que el gobierno catalán podría intentar evitar el desencadenamiento del artículo 155 al convocar nuevas elecciones regionales. Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores catalán, Raül Romeva, insistió en que tal movimiento no se estaba considerando, y dijo a los reporteros en Bruselas: “Las elecciones desde nuestra perspectiva no son una opción”.

El escenario general con el que trabajan los servicios jurídicos del Estado es la destitución de todo el Govern y su reemplazo por una superestructura general paralela designada por el Gobierno central para hacerse cargo de la gestión ordinaria de la administración autonómica catalana durante unos meses -de tres a seis- y posteriormente convocar las elecciones autonómicas. Una operación político-jurídica inédita, delicada y plagada de incógnitas que los responsables de su ejecución habrán de resolver antes de plantearla en el Senado, en caso de que suceda.

El temido 155

Incluido en el título VIII de la carta magna (sobre la organización territorial del Estado), el artículo 155 establece que “si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan”, o “actuare de forma que atente gravemente al interés general de España”, el Gobierno podrá “adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones” o “para la protección del mencionado interés general”.

Sin embargo, tal y como lo señala la ley fundamental del Estado español, antes de adoptar cualquier medida, el Ejecutivo nacional tendrá que pedirle al presidente de esa comunidad que reconsidere su postura y vuelva al orden constitucional. El señalamiento no fija un plazo máximo para que este dé una respuesta.

1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés generalArtículo 155

En caso de que el requerimiento no sea atendido por el presidente regional, el Gobierno español podrá presentar ante el Senado una propuesta de medidas concretas para que la referida comunidad cumpla con sus obligaciones. Estas medidas deben ser aprobadas por mayoría absoluta de la Cámara Alta, tras un proceso de debate y enmiendas.

2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas. Artículo 155

Por ello, en caso de que el Ejecutivo español active el artículo 155, Rajoy no necesitaría la aprobación de los diputados, cuerpo en el cual dependería del apoyo de otras fuerzas, sino la del Senado, donde su partido tiene mayoría absoluta. Y además, contaría con el apoyo de los parlamentarios del PSOE y Ciudadanos, cuyos líderes de ambos partidos ya ultimaron detalles en sendos encuentros con Mariano Rajoy. 

La aplicación

La aplicación del 155 no es inmediato: tardaría algunos días -se calcula que se podría aprobar en el Senado aproximadamente en una semana-. Y será en ese escenario cuando se materialicen en un documento las medidas, el contenido y el alcance de la medida. Ya hay algunos pasos previos: El Ministerio de Hacienda podría reforzar el control del gasto y de la recaudación catalana, como hace prever la apertura el miércoles de una cuenta en el Banco de España por parte de Hacienda para depositar los remanentes de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica que correspondan a Cataluña.

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Los abogados del Estado contemplan dos hipótesis generales para sustituir al presidente de la Generalitat y a su Govern.

La primera es un Gobierno de concentración en el que participarían políticos de todos los partidos, incluídas algunas personalidades nacionalistas críticas con el proceso independentista. Se trataría de nombrar a un presidente de la Generalitat y a los correspondientes consellers de entre personalidades con prestigio. Entre los nombres que se han barajado -siempre con carácter muy embrionario- figuran Josep Borrell -catapultado a la actualidad por su discurso tras la manifestación de Barcelona-, el ex ministro Josep Piqué, el ex dirigente de Convergència Josep López de Lerma e, incluso, el propio Josep Antoni Durán i Lleida. 

La segunda hipótesis sería un gobierno de gestión, más “tecnocrático”, y consiste en la creación de un órgano colegiado, compuesto por altos funcionarios del segundo nivel del Estado -subsecretarios, secretarios de Estado o directores generales-, que se harían cargo de los distintos departamentos del Gobierno catalán, para gestionar los asuntos ordinarios.

Y aún cabe dos posibilidades más: Una, designar a un ministro para Catalunya que se hiciera cargo de la administración en esa comunidad y otra, unas elecciones autonómicas adelantadas sin declaración unilateral de independencia por parte de Puigdemont, vía por la que han abogado Ciudadanos y el PSOE. 

Según establece el reglamento del Senado, el presidente del Gobierno debe presentar un escrito con las medidas. Luego se manda a la Comisión General de las Comunidades Autónomas de la Cámara Alta o se crea una comisión ad hoc. Se abriría un plazo para alegaciones por parte de la Generalitat y se sometería el texto con las medidas a aprobación por parte del Pleno posteriormente.

Aviso de confrontación

En el marco de los últimos movimientos del Gobierno, Carles Puigdemont anunció su determinación a “levantar la suspensión de la declaración de independencia, haciéndola efectiva” si el Gobierno de Mariano Rajoy decide intervenir el gobierno autonómico. Información difundida por TV3 afirmó que Puigdemont estaría dispuesto a declarar formalmente la independencia y “proclamar la República catalana” si el Gobierno de España aplica el 155.

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Y con este anuncio, los partidos integrantes de la coalición Junts pel Sí (JxSí) avalaron junto a la CUP, ERC, PDeCat y una representación de la ANCataluña y Ómnium Cultural el levantamiento de la suspensión de la declaración de independencia como respuesta.

Y como toda “opción nuclear”, el escenario podrá ser cualquiera, menos tranquilo. Y todo a partir de este jueves, desde las 10:oo am, la hora clave de lo que promete ser un día histórico para el futuro de Cataluña y la democracia en España.

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