POR NARKYS BLANCO
28/09/2017
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El Gobierno de Cataluña se ha dado diez años, como máximo, para terminar con la presencia de la energía nuclear en su territorio. Además aplicará impuestos a las actividades económicas que generan dióxido de carbono para financiar la energía renovable.
Según información de VozPopuli.com La medida del cierre de las centrales nucleares catalanas se encuentra insertada en la Ley de Cambio Climático que hoy entra en vigor y que ha sido publicada en el BOE. El texto de la norma dice que para la transición energética pretendida, se va a establecer “un plan de transición para el cierre, no más allá de 2027, de las centrales nucleares”. La ley añade que el cierre se realizará “velando por la preservación de los puestos de trabajo directos que generan en el territorio”.
En la actualidad se encuentran activas las centrales nucleares de Ascó I y IIen Tarragona; la de Vandellós II, también en Tarragona, se encuentra en fase de desmantelamiento. Aproximadamente el 50% de la energía consumida en Cataluña es generada por las centrales nucleares.
En teoría la competencia sobre la seguridad de las centrales nucleares instaladas en España está asumida por el Consejo de Seguridad Nuclearespañol. La nueva ley catalana admite que corresponde al Estado español la determinación de la normativa básica referente a la protección del medio ambiente. Sin embargo, añade el texto legal aprobado por la Generalitat, “esta normativa básica no puede tener una extensión tal que impida a la Generalidad el establecimiento de políticas propias en este ámbito o que vacíe de contenido la competencia autonómica, principio que ha sido sancionado reiteradamente por el Tribunal Constitucional y que recoge el artículo 111 del Estatuto de autonomía de Cataluña”.
La Ley de Cambio Climático catalana advierte que en Cataluña, “como en el resto del mundo”, se ha producido un aumento de la temperatura media anual (0,23 ºC por década en el período 1950-2014), una reducción de las precipitaciones en verano (5% por década) y un incremento contrastado de la temperatura superficial del mar (0,3 ºC por década en el período 1974-2014). Además recuerda que la Comisión Europea ya identificó en 2013 la cuenca mediterránea como una de las zonas de Europa más vulnerables al cambio climático, “con las sequías y la baja productividad de los cultivos como los problemas más graves que deberá afrontar la región, según los científicos”.
Las centrales nucleares de Ascó y Vandellòs emplean de forma directa a un millar de trabajadores y a otras 1.300 personas a través de subcontratas. Endesa es la compañía propietaria de Ascó I; el mismo grupo controla el 85% de Ascó II, central en la que Iberdrola posee el 15% del capital. En Vandellòs II Endesa posee el 72% e Iberdrola el 28%.
El empleo de la energía nuclear en Cataluña ha sido uno de los asuntos que ha centrado las negociaciones políticas entre los partidos catalanes en los últimos meses. La CUP requirió el pasado mes de agosto una propuesta de resolución para que se debatiera en el Parlament la posibilidad de llevar a cabo una consulta popular sobre el empleo de la energía nuclear; el partido de extrema izquierda, a favor de la independencia, se opone al uso de esta energía.
Cataluña evalúa el impuestos a los coches
La nueva ley catalana de Cambio Climático también incluye la creación de nuevos impuestos que financiarán la inversión en energías renovables. El texto publicado hoy en el BOE explica que se instalarán dos impuestos, uno «sobre las actividades económicas que generan dióxido de carbono«, y otro «sobre las emisiones portuarias de grandes barcos«.
En el caso del impuesto sobre las actividades económicas que generan dióxido de carbono y del impuesto sobre las emisiones portuarias de grandes barcos, «el 100% de su recaudación se destinará a nutrir el Fondo Climático». La nueva ley indica que se eliminan las bonificaciones, devoluciones y demás medidas similares sobre la adquisición y el consumo de recursos energéticos de origen fósil y derivados, quedando excluidas de esta eliminación las ayudas a la adquisición y el consumo de recursos energéticos de origen fósil para la maquinaria del sector primario «mientras no exista una fuente de energía alternativa viable».
El impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica tiene por objeto «gravar las emisiones de dióxido de carbono que producen estos vehículos» y que inciden «en el incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero».
Dicho impuesto recaerá sobre los coches destinados al transporte de personas y también a los vehículos para el transporte de mercancías con una masa máxima admisible no superior o igual a 3,5 toneladas. También se gravará el empleo de motos diseñados y fabricados para el transporte de personas.
La nueva normativa establece que son sujetos pasivos del impuesto «las personas físicas titulares del vehículo residentes en Cataluña» así como «las personas jurídicas, titulares del vehículo con residencia en Cataluña».
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