El referéndum está contra las cuerdas

POR CAMBIO16
22/09/2017

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Las acciones desarrolladas en los últimos días por la Justicia y las fuerzas de seguridad de España han puesto contra las cuerdas el proyectado referéndum de los independentistas catalanes, que ahora confían en la movilización popular para mantener sus aspiraciones.

El vicepresidente del Ejecutivo regional, Oriol Junqueras, admitió que el Estado ha “alterado las condiciones del juego”, en alusión a las diferentes actuaciones que han desmantelado el proyecto de consulta secesionista.

Aunque el Tribunal Constitucional lo suspendió hace dos semanas, el referéndum ilegal seguía adelante, en palabras del Gabinete regional catalán, dispuesto a llevar adelante el desafío al Estado. Un desafío que su máximo representante, Carles Puigdemont, mantuvo el jueves a través de las redes sociales.

En su cuenta de Twitter, el jefe del Ejecutivo catalán ofreció información sobre los lugares adonde los ciudadanos podrán dirigirse a votar el próximo 1 de octubre.

De la misma forma, divulgó después un mensaje institucional en el que aseguró que hay “planes de contingencia” para poder votar, por lo que continuó alentando a los catalanes a seguir “defendiendo” el referéndum con “civismo y firmeza”.

Y piden ayuda internacional

La cruzada del presidente regional de Cataluña en defensa del referéndum, declarado ilegal por la Justicia española, traspasó hoy las fronteras de España.

En un artículo firmado en el diario británico The Guardian, Puigdemont pidió ayuda internacional para Cataluña, algo que el Ejecutivo de Mariano Rajoy consideró “una colección de mentiras”.

Fuentes del Ejecutivo dijeron que las afirmaciones de Puigdemont en ese artículo son “una mentira detrás de otra”, y señalaron que toda la comunidad internacional, y en especial la Unión Europea, ha dejado “inequívoca” su posición ante este asunto en todo momento.

La presión sigue

Mientras en el ámbito político continuaba el cruce de acusaciones, la actuación de la Justicia seguía su curso tras las detenciones y registros que por orden judicial tuvieron lugar este miércoles.

Las investigaciones se centran ahora en comprobar si el Gobierno regional de Cataluña destinó a la celebración del referéndum una partida de 6,2 millones de euros, cuya aprobación en el Parlamento catalán fue suspendida por el Tribunal Constitucional.

En el auto judicial, el magistrado que ordenó la operación policial, ha encargado a la Guardia Civil (en su calidad de policía judicial) que intervenga cualquier indicio sobre “actuaciones encaminadas al desarrollo de las estructuras de Estado e independencia de Cataluña”.

El juez ordenó también registrar los despachos particulares y profesionales de los investigados e inspeccionar “la totalidad de archivos, muebles y habitáculos” en busca de “cualquier documentación, en soporte físico o digital”, relacionada con el referéndum del 1 de octubre.

El magistrado justifica la intervención policial en la que fueron detenidos 14 altos cargos de la administración regional catalana, la mitad de los cuales ya han sido puestos en libertad, “por la gravedad de los hechos y la plena convicción de la autoría de los mismos”.

Hoy cientos de personas se han concentrado frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para protestar por la operación de la Guardia Civil contra los organizadores del referéndum.

Más consenso en el Congreso

La pugna política volvió a sentarse en el Congreso de los Diputados, donde el pleno tenía diferentes puntos en el orden del día, aunque los parlamentarios catalanes aprovecharon la tribuna para llamar al voto en la consulta ilegal de octubre.

En respuesta, la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, pidió a Puigdemont, que reflexione y “no se escude en los seguidores que puedan sacar a la calle, sino que respeten a la democracia, a los catalanes que no se merecen vivir los momentos de tensión que les están generando”.

En este punto, el Ejecutivo español tiene el apoyo del primer partido de la oposición, el socialista (PSOE), cuya presidenta, Cristina Narbona, también solicitó a Puigdemont que desconvoque ya la consulta del 1 de octubre y que se pueda garantizar la apertura de un espacio de diálogo político.

Al final del pleno, la Mesa del Congreso ha dado este jueves luz verde definitiva a la creación de una comisión de estudio sobre el estado autonómico propuesta por el PSOE para desbloquear el conflicto independentista y que presumiblemente comenzará a trabajar después del referéndum independentista del 1 de octubre.

Pero no sin críticas: Ciudadanos se ha opuesto a la comisión, al entender que pretende abrir una vía de diálogo con los independentistas. Los socialistas sí han conseguido el apoyo del PP y de Podemos.

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