regulación del 5G
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Conflictos de intereses en las agencias reguladoras de la 5G

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Francesco Lanza / [email protected]

Existen varios llamamientos internacionales que piden una moratoria del despliegue del 5G. Algunos surgen de la iniciativa del mundo científico y médico [8], otros provienen de las ONG y asociaciones ecologistas dedicadas a la defensa de la ciudadanía en el ámbito de la electrocontaminación. Finalmente, algunos son iniciativas ciudadanas en plataformas como change.org o peticion.es. ¿Qué tienen en común estos llamamientos? El aspecto principal que los une es la toma de conciencia de que no existe consenso científico alguno sobre la inocuidad de la tecnología 5G, y por eso apelan al principio de precaución legalmente reconocido[1], para detener su despliegue.

Efectivamente, si hay cientos de estudios académicos que demuestran que las radiaciones no ionizantes pueden ser peligrosas para las personas a unos niveles mucho más bajos de las permitidas, es lícito preguntarse quién marca por ley los valores máximos de exposición permitida y en qué se basan estos valores.

En España, el marco jurídico de referencia lo define el Real Decreto 1066/2001, del 28 de septiembre [2], “por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas”. Ya desde la introducción del decreto se destaca como una de sus finalidades principales la protección sanitaria de la ciudadanía, como cabría esperar en este tipo de documentos. Pero, ¿es así de verdad?

En el mismo decreto se explica que recoge como única referencia en cuanto a valores, las Recomendaciones del Consejo de Ministros de Sanidad de la Unión Europea, del 12 de Julio de 1999, relativas a “la exposición del público general a campos electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz)”[3]. En estas Recomendaciones, leemos en el considerado número 4:  absolutamente necesaria la protección de los ciudadanos de la Comunidad contra los efectos nocivos para la salud que se sabe pueden resultar de la exposición a campos electromagnéticos”, subrayando una vez más que el aspecto de la salud es el que debería prevalecer.

Llegado a este punto, desde la preocupación por la salud se podría pensar que los valores máximos de exposición los debería marcar una agencia o un comité de médicos, biólogos y fisiopatólogos. Pues, al seguir leyendo, el considerado número 10 del documento dice, por un lado, que “la Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP) ha prestado asesoramiento (ha redactado, nota del redactor) a este respecto” y, por otro, que “el marco debería ser revisado y evaluado periódicamente a la luz de los nuevos conocimientos y de las novedades de la tecnología y de las aplicaciones de las fuentes y prácticas que dan lugar a exposición a campos electromagnéticos”.

Procedamos a ver qué resulta preocupante de esta agencia privada sobre cuyas directrices se basan las Recomendaciones de la Unión Europea (y por ende, del resto de estados miembros).

ICNIRP: la industria de las telecomunicaciones se regula a misma

La primera decepción, como veremos a continuación, deviene de la composición del ICNIRP. La segunda consiste en que desde 1998 hasta marzo de este año no ha habido ninguna revisión o nueva evaluación de los riesgos asociados a esta tecnología, a pesar del notable desarrollo que ha tenido en este tiempo [4]. Además, la revisión de las directrices que el ICNIRP ha publicado el 19 de marzo de 2020, no sólo no ha revisado los límites a la baja, sino que ha desestimado todos los estudios científicos que comprueban una relación directa entre exposición a las radiaciones no ionizantes y el cáncer, asimismo respecto a la electrohipersensibilidad y la infertilidad [5].

En su presentación de las nuevas directrices, el actual presidente del ICNIRP, Eric van Rongen, afirma que al día de hoy no hay suficiente evidencia científica que demuestre tales efectos de las radiaciones e
lectromagnéticas.

En primer lugar, ¿qué es realmente la Comisión Internacional para la Protección de las Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP, en inglés) a la que muchos gobiernos europeos delegan la reglamentación de este sector clave? Se trata de una organización no gubernamental privada con base en Munich, Alemania. Aunque es considerada por muchos gobiernos una autoridad internacional en cuanto a la seguridad en el ámbito de las radiofrecuencias, no es democráticamente electa y sus integrantes (doce en la actualidad) son elegidos a dedo, principalmente entre personas expertas en física con investigaciones financiadas por la industria de las telecomunicaciones y favorables a ella. Una institución “cuyos orígenes y estructura no son nada claros y que se sospecha que tenga vínculos demasiado estrechos con los intereses de las industrias que en principio debería regular”, según las palabras de Jean Huss del EU Committee on the Environment, Agriculture and Local and Regional Affairs [6].

Ser una organización no gubernamental no significa necesariamente que sea apolítica, como lo demuestra claramente un dossier comisionado por dos miembros del Parlamento Europeo, Michéle Rivasi y Klaus Buchner, y publicado el 9 de junio del corriente año[7]. El dossier ICNIRP: Conflictos de interés, captura corporativa y el empuje al 5G denuncia y demuestra que el ICNIRP está bajo la influencia de los gigantes de las telecomunicaciones y que deliberadamente no tiene en cuenta cientos de estudios científicos que alertan sobre los riesgos para la salud relacionados con las radiaciones no ionizantes en general y con el despliegue del 5G en especial. Como explica el doctor Klaus Buchner, “la industria de las telecomunicaciones determina sus propios límites de exposición” [8]. ¡Es como pedirle al lobo que cuide de las ovejas!

El dossier de Rivasi y Buchner subraya en sus conclusiones que “para un asesoramiento científico verdaderamente independiente no nos podemos basar en el ICNIRP. La Comisión Europea y los gobiernos nacionales deberían dejar de financiar al ICNIRP. Ya es hora de que la Comisión Europea designe un nuevo consejo consultivo sobre las radiaciones no ionizantes, de carácter público y totalmente independiente: los fondos actualmente destinados al ICNIRP se podría emplear para esta nueva organización”. Teniendo en cuenta que los fondos destinados a I+D+D en Europa a través de Horizon Europe para el periodo 2021-2027 es de entre 75 billones y 100 billones de euros, está claro que si todavía no se ha hecho no se trata en absoluto de una cuestión económica, sino más bien política.

El doctor Lennart Hardell, reconocido investigador y oncólogo sueco, publicó este año un artículo analizando los conflictos de interés que sufre el ICNIRP desde su fundación [9]. Según este científico, el mismo fundador del ICNIRP, el biofísico Michael Repacholi, fue quien estrechó los lazos entre su organización y la OMS, organizando encuentros sobre el tema con representantes de la industria militar, eléctrica y de telecomunicaciones. Gracias a estos enlaces, Repacholi consiguió fondos del lobby de la industria de las telecomunicaciones, el GSM Associacion and Mobile Manufacturers Forum [10]. Cuando dejó el cargo de presidente del ICNIRP, siguió haciendo propaganda para la GSM Association, hablando claramente en favor de esa industria. Hoy día Michael Repacholi sigue teniendo la presidencia honoraria del ICNIRP.

Otro personaje destacado dentro el ICNIRP es Emilie van Deventer, que es coordinadora del Programa de Radiaciones de la OMS y es observadora por cuenta de la OMS en la comisión principal del ICNIRP [11]. Ha sido por muchos años miembro de la organización dominada por la Industria de los Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE). La IEEE es la más potente federación de ingenieros del mundo: los miembros son o han sido empleados en compañías u organizaciones de productores o consumidores de tecnologías que dependen fuertemente de las radiaciones, como compañías eléctricas, de las telecomunicaciones o militares. Como sus colegas de la IEEE, Van Deventer es una ingeniera eléctrica, nada que ver con disciplinas más afines a las tareas de salvaguardar la salud ciudadana.

Otros dos componentes del ICNIRP (Antony Swerdlow y Maria Feychting) han recibido fondos de organizaciones vinculadas, en cierta forma, con la industria de las telecomunicaciones y que el mismo Antony Swerdlow tiene activos de las compañías telefónicas Cable and Wireless Worldwide y Cable and Wireless Communications, demostrando un clarísimo conflicto de intereses.

Podríamos seguir analizando la trayectoria de más miembros de ICNIRP, y nos encontraríamos siempre con algún tipo de enlace con la industria que deberían reglamentar y supervisar.

En el artículo del doctor Hardell, citado arriba, hay un gráfico que enseña como pocos y selectos personajes tienen encargos en diferentes instituciones internacionales relacionadas con las radiaciones, lo que quita aún más credibilidad al trabajo del ICNIRP.

En cuanto a su filosofía, resulta que para ser aceptado como miembro del ICNIRP es requisito previo haberse adherido al paradigma del efecto térmico en cuanto a seguridad de las radiaciones: este paradigma sostiene que se reconocen como peligrosas para la salud de las personas, solamente las breves, pero extremadamente altas exposiciones a microondas que producen un evidente efecto térmico. Este paradigma desconoce los cientos de estudios científicos que demuestran efectos biológicos a niveles cientos y hasta miles de veces más bajos que las que se esbozan en las directrices del ICNIRP.

Hay muchos países que, a diferencia de España, todavía no se han adherido a las directrices del ICNIRP, manteniendo unos niveles máximos de exposición mucho más bajos. La siguiente figura muestra la diferencia entre los valores del ICNIRP (y por ende de España) y otros países del mundo:

Llama la atención en este gráfico –sacado de una presentación del doctor Isaac Jamieson de 2016 [13]­– como los valores admitidos por el ICNIRP y por España son hasta mil veces más altos de los permitidos en otros países como Austria: ¿cómo nos explican los gobernantes tales discrepancias?

Hubo otro caso que levantó mucha sospecha sobre los intereses ocultos del ICNIRP y que estuvo relacionado con sus directrices del año 2020. Según lo que dicta el propio estatuto del ICNIRP, sus directrices se basan en la revisión de todos los estudios académicos sobre radiaciones publicados hasta el momento de su actualización.

En noviembre de 2018 se publicó el más extenso (diez años de duración) y más caro (30 millones de dólares) estudio de laboratorio sobre radiaciones no ionizantes, escrito por el U.S. National Toxicology Program (NTP), una comisión del Ministerio de Salud de Estados Unidos. A lo largo de una observación de 2 años, el estudio del NTP encontró una “clara evidencia” de que los dos tipos diferentes de señales de móviles, GSM y CDMA, aumentan la incidencia de tumores malignos en los corazones de ratones machos. También se comprobó una mayor incidencia de cáncer cerebral y adrenocortical, aunque con una asociación más débil. Increíblemente (o no), en su última revisión, el ICNIRP no tomó en cuenta este estudio tan importante, como tampoco otras decenas de estudios no tan famosos que comprueban el enlace directo entre radiaciones y cáncer.

En 2017, varios científicos y médicos, preocupados por la tendencia al alza de enfermedades graves relacionadas con la exposición a las radiaciones no ionizantes, firmaron un llamamiento a la Comisión Europea para detener el despliegue del 5G debido a potenciales efectos serios sobre la salud causados por esta tecnología. Al día de hoy, más de 400 científicos y médicos europeos han firmado este llamamiento que, en su esencia, rechaza y descalifica las directrices del ICNIRP [12]. En el llamamiento se enumeran varios estudios que relacionan la exposición a las microondas con un aumento del riesgo de cáncer, estrés celular, aumento de radicales libres dañinos, daños genéticos, cambios estructurales y funcionales del sistema reproductivo, deficiencias de aprendizaje y fallos de memoria, trastornos neurológicos e impactos negativos en el bienestar general de las personas. Los daños no se limitan a la raza humana, ya que hay una evidencia creciente de efectos dañinos tanto para las plantas como para los animales. 

La necesidad de una reforma radical del ICNIRP

Resumiendo, los problemas mayores que sufre el ICNIRP y que se reflejan en las directrices que publican y que se toman como referencia en decenas de países en el mundo (y entre ellos España, como hemos dicho), se pueden sintetizar en estos puntos: es un “club privado” en el cual los miembros eligen a los nuevos miembros sin necesidad de justificar la elección; no tiene que rendir cuenta a absolutamente nadie; la falta de transparencia de sus actividades y la total falta de supervisión; una evaluación científica sesgada debido a la estrecha similitud de las opiniones de todos los miembros de la Comisión Principal y de todos los demás científicos seleccionados como asesores de esa Comisión Principal.

Escuelas, hospitales, empresas, organizaciones e individuos tienen la responsabilidad legal de salvaguardar la salud, la seguridad, el bienestar y el desarrollo de niños, empleados y ciudadanos. Pero no pueden cumplir con sus obligaciones cuando se les provee de información imprecisa y cuando las pruebas de posibles daños han sido encubiertas.

No podemos dejar que los límites de exposición estén marcados por una agencia claramente conectada con la industria, que minimiza y desmiente cualquier tipo de riesgo para las personas que no sea térmico, que no es ni democrática ni abierta, que no responde legalmente de sus decisiones, que da el visto bueno a una tecnología como el 5G que emplea radiaciones con unas frecuencias que prácticamente no han sido estudiadas, convirtiéndonos a todos en conejitos de India.

Exigimos a las instituciones a nivel estatal y europeo que establezca un organismo público, independiente, transparente y acreditado que vele de verdad por la salud de los ciudadanos, en vez de por los beneficios económicos de corporaciones sin escrúpulos.

Desde la Asociación Bona Ona apelamos a la responsabilidad de los funcionarios que velan por nuestra salud para que decididamente nos salvaguarden y defiendan a la ciudadanía desamparada ante instituciones que solamente procuran su beneficio económico en detrimento de nuestra salud. Si este artículo os hace tomar conciencia, no habrá sido escrito en vano.

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